Si no ves la dictadura en España eres “opinión sincronizada”

Personajes relevantes de la derecha política y mediática no se explican que España no esté en llamas. Que sus calles no lleven meses ardiendo y que no haya empezado una revolución contra el Gobierno y los partidos que lo apoyan. Homilías televisadas, editoriales radiofónicos y dirigentes políticos de Vox, pero también del PP, repiten que el país vive su peor momento desde hace 50 años (algunos se atreven a ir algunas décadas más atrás), que nunca hubo un Gobierno tan corrupto, que se está instaurando una dictadura y que lo que está en riesgo es la propia nación. Desde tribunas y columnas se trazan diagnósticos como esos y luego se intenta razonar por qué no se registran manifestaciones multitudinarias, visto que las más concurridas últimamente han sido contra Mazón y su calamitosa gestión de la DANA en València.

Esos mismos analistas lamentan que la derecha nunca ha sido capaz de movilizar como sí lo hace la izquierda y culpan a los medios de comunicación que no siguen sus soflamas, a los que han bautizado como “opinión sincronizada”. Obvian que para paralizar un país cuyas libertades estuviesen verdaderamente amenazadas, bastaría con convencer a esa mitad larga de la población, que según las encuestas van a votar a Partido Popular y Vox, para que tomasen las calles.

¿Por qué más allá del cambio de ciclo que anticipan los sondeos tras siete años de gobiernos de Sánchez no ha habido un estallido social a la altura del desafío que supondría ir camino de una dictadura, como repiten la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el líder de Vox, Santiago Abascal, y sus dirigentes más sobresaltados?

No será por falta de altavoces en un ecosistema mediático donde la inmensa mayoría de televisiones privadas (y todas las autonómicas allí donde gobierna el PP), casi la totalidad de cadenas de radio, de los diarios editados en la capital y hasta redes sociales como X aparecen escandalosamente escorados a la derecha.

Columnistas, directores y tertulianos insisten sin cesar en el paralelismo con aquella legislatura frustrada entre 1993, cuando González ganó contra pronóstico sus últimas elecciones, y 1996, el año de la llegada al poder de José María Aznar. La sucesión de escándalos de entonces era real: en los dos últimos gobiernos de Felipe Gónzalez dimitieron por casos de corrupción dos vicepresidentes, Alfonso Guerra en 1991 y Narcís Serra en 1995, el jefe de los servicios secretos, Alonso Manglano, el ministro de Defensa Julían García Vargas. Fueron a la cárcel el ministro José Barrionuevo y su secretario de Estado Rafael Vera, igual que el secretario de Estado de Seguridad Julián Sancristobal. Todos por terrorismo de Estado, nada menos. El director de la Guardia Civil que aparecía en calzoncillos en portadas de revistas con restos de cocaína en la mesita acabó protagonizando la fuga más sonada del país. Mariano Rubio, el Banco de España, Filesa... es fácil que suene todo aquello aunque hayan transcurrido treinta años.

Hoy es el PSOE pero de momento no el Gobierno el que está sacudido por un vergonzante caso de corrupción: su penúltimo secretario de Organización, José Luis Ábalos, está en la cárcel acusado de un carrusel de delitos, su sustituto, Santos Cerdán salió de prisión bajo fianza acusado de cobrar sobornos y al que iban a nombrar, Francisco Salazar, está acusado de comportamientos machistas por varias de sus subordinadas en una investigación que ha liderado elDiario.es.

Quien trate de restar gravedad a los trasiegos de dinero, sobres y “morcillas” entre quienes fueron designados por Sánchez para dirigir la vida interna del PSOE se estará equivocando. Por mucho que de momento nadie haya encontrado indicios de financiación ilegal. También yerran los que intentan rebajar las indecentes cadenas de mensajes en la que Ábalos y su escolta para todo aludían a distintas mujeres. O el trato de quien iba a suceder a Cerdán al frente de Organización daba a sus subordinadas en Ferraz y en Moncloa.

Ese es el gran escándalo de nuestra era pero mientras no se conozcan nuevos datos, la investigación apunta a un reducido grupo de personas, aunque operasen en el corazón del PSOE.

Sumarios ruidosos

Cierto que hay otros sumarios muy ruidosos, como el que indaga en la creación de una plaza en la Diputación de Bajadoz al hermano de Sánchez y una instrucción salpicada de irregularidades en la que el juez más famoso del país, Juan Carlos Peinado, trata de imputar delitos varios a la esposa del presidente, en una investigación que expertos de todo tipo califican como prospectiva.

Pero en medio de todo el estruendo y con una aritmética endiablada en el Congreso, el Gobierno -el único posible según evidenció la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo hace dos años y todavía ahora, la moción de censura que se niega a presentar- ha mantenido una aceptable hoja de servicios. A pesar de la sucesión de catástrofes que le ha tocado gestionar: desde la pandemia que obligó a aplicar por primera vez el estado de alarma y a rescatar la economía, la erupción del volcán de La Palma, y una guerra a las puertas de Europa que derivó primero en una crisis de materias primas hasta acabar en una espiral de inflación energética y alimentaria.

Es verdad que los fondos europeos de la postpandemia y los bajos tipos de interés han contribuido de forma decisiva, pero ningún otro país en el continente crece al ritmo que lo hace España, donde se han batido records en materia de empleo y se está reduciendo la deuda. Logros que en otra época fueron tildados de “milagro económico” han desaparecido del debate público que monopolizan las ocurrencias de jueces como Peinado quien lleva años tratando de encajar delitos en las actividades académicas de Begoña Gómez, la esposa del presidente.

Las mismas cabeceras que alientan cada mañana todo tipo de polémicas reales (y algunas directamente inventadas) sobre el Gobierno de Sánchez pasan de puntillas por los escándalos que sacuden a dirigentes populares como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno Bonilla o el propio Mazón, hasta que acabó dimitido. Invocan la obligación de la prensa de fiscalizar al poder para mantener esa campaña permanente contra Sánchez, pero excluyen de su deber de control al partido que gobierna 11 de las 17 autonomías, además de Ceuta y Melilla, y ha convertido al Senado en un aparato de propaganda. Tampoco el Tribunal Supremo -y su más que discutible investigación y posterior condena del Fiscal General- es considerado un poder al que haya que someter a la crítica, según ese sector de la prensa conservadora.

Si alguien quiere medir lo desequilibrado que está el tablero mediático (inclinadísimo hacia la derecha) puede mirar hacia atrás, alejarse de Sánchez y su Gobierno (que a fin de cuentas están en el poder tomando decisiones siempre discutibles) y analizar cómo tratan la mayoría de medios en España a los distintos expresidentes del Gobierno. Mientras medio país da por hecho que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero es un comisionista de China y Venezuela que pronto acabará en la cárcel, Mariano Rajoy, José María Aznar y hasta el mismísimo Felipe González, con gravísimos escándalos de corrupción a sus espaldas en los diferentes gobiernos que presidieron, se presentan en esas mismas portadas como referentes morales. Ajenos a su pasado, y sin que nadie les contrarie en las entrevistas, ofrecen todo tipo de ideas sobre lo que debe hacer o no el Ejecutivo y hasta protagonizan llamadas de auxilio a sus conciudadanos.

Los medios que abren sus portadas con acusaciones de siniestros personajes como Víctor de Aldama o el Pollo Carvajal, presuntamente involucrados en delitos de todo tipo y que llegaron a atribuir a Zapatero la propiedad de una mina de oro en Venezuela, publican entrevistas con Aznar, Mariano Rajoy o Felipe Gónzalez, donde se pasa por alto el caso Gürtel, la trama Kitchen y hasta los GAL, y se amplifican los ataques de esos expresidentes al Gobierno actual.

Fernández Díaz, un procesado con columna de opinión

La caricatura llega al punto de que el propio exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, amigo personal de Mariano Rajoy, mantiene una columna de opinión semanal donde a menudo ofrece nociones de ética y de regeneración política. Alguien ha considerado que eso es perfectamente compatible con estar procesado por utilizar el aparato del Estado para destruir pruebas de corrupción del PP, asunto que le va a sentar en el banquillo de los acusados con peticiones de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

La distinta vara de medir tampoco es nueva: en esta especie de Matrix que es la política española conviene recordar que el único ministro que dimitió por Gürtel fue socialista: se llamaba Mariano Bermejo y su pecado fue coincidir en una cacería con el magistrado Baltasar Garzón, el primero que investigó a la red corrupta de Correa y compañía. Eran aquellos tiempos en que Rajoy comparecía junto a la cúpula de su partido para proclamar que Gürtel “no es una trama del PP sino contra el PP”. La misma era en que los mismos populares que hoy ponen el grito en el cielo cargaban contra policías, jueces y fiscales que indagasen en sus décadas de contabilidad en negro.

Que el periodismo ha sido siempre un oficio imperfecto tampoco es una novedad. No es algo de ahora, aunque efectivamente ahora las cosas estén peor que nunca. Trata con materias primas muy delicadas. Para empezar, la información, a menudo parcial, casi siempre incompleta. Los viejos periódicos de papel solían introducir una salvaguarda temporal imprescindible: “al cierre de esta edición”. Querían decir que en el momento de mandar el diario a imprimir o simplemente cuando el periodista daba por concluida su jornada, las cosas eran así. Significaba también que la noticia cuando fuese por fin leída, después de que la rotativa lanzase toda la tirada, las furgonetas transportasen los ejemplares y el quiosquero levantase la persiana, las cosas podrían ser ya diferentes.

La advertencia, como tantas otras precauciones, ha desaparecido de los diarios, incluso de los pocos que todavía se imprimen. El mundo es cada día más complejo y la información, cada vez más inmediata: que cada uno saque sus conclusiones.

También la opinión se ha vuelto material radiactivo en esta sociedad que Ana Rosa Quintana, el anuncio de Campofrío y Juan del Val llaman “polarizada”. Es la última falacia que se intenta instalar y que sitúa en el mismo plano a los científicos y a quienes niegan sus avances, a los defensores de los derechos humanos y las minorías y a quienes desean pisotearlos.

Ni siquiera es cierto que ahora con las redes sociales y los influencers las mentiras sean peores ni más gordas: véase la cobertura del 11M en algunos diarios de papel y en radios de toda la vida, aquellas entrevistas a Trashorras, condenado a 34.000 años de cárcel, y la conspiración que jaleaban ciertas tertulias y partidos políticos. “Mientras paguen, cuento hasta la guerra civil”, dijo el cooperador necesario del peor atentado cometido en Europa sobre la colaboración que estaba llevando a cabo con los medios que sostenían la teoría de la conspiración. También ahora delincuentes de diferente pelaje con causas graves a sus espaldas como Aldama, el Pollo Carvajal y otros tienen micrófonos abiertos, cuando no sillas reservadas en los platós, para verter todo tipo de acusaciones contra los miembros del Gobierno. Sin que nadie les exija probar nada.

A lo que sí han contribuido las redes es a que sectores amplios de la población sean inmunes a esas mentiras. La segmentación de las audiencias, de los votantes, de los aficionados a un equipo de fútbol facilita que determinadas burbujas reciban solo un tipo de mensajes, los que el algoritmo determina que quieren leer. Por eso para amplias capas de la sociedad, Zapatero es ya un lobbista que está a punto de morder el polvo. Y Aznar, Rajoy y González, honorables expresidentes a los que conviene escuchar.

Ley del embudo para los asistentes en Moncloa

A esa ley del embudo debemos también que la esposa de Mariano Rajoy pudiera tener un asistente personal en Moncloa pagado con dinero público y al que se le hacían obsequiosos reportajes de color en los mismos medios que ahora consideran malversación que la asistenta de Begoña Gómez mande en su nombre un par de correos electrónicos al mes.

El mismo argumento por el que se lleva llamando Gobierno Frankestein a uno de los pocos ejecutivos de Europa que han resistido en el poder los últimos siete años mientras se pasaba por alto la inestabilidad de las coaliciones del Partido Popular, primero con Ciudadanos y Vox, y últimamente solo con la extrema derecha, que acabaron dinamitadas en todas partes.

La misma prensa que se erige en contrapoder frente al sanchismo, habitualmente con sede en la capital, ejerce de guardaespaldas de Ayuso. ¿Alguien se imagina qué pasaría si un hermano de Sánchez se llevara 270.000 euros de comisiones en la pandemia como porcentaje de un contrato adjudicado por el Consejo de Ministros a una empresa amiga de la familia Sánchez? Todo eso sucedió y las mismas cabeceras que fiscalizan cada iniciativa sanchista no solo no vieron problema en las comisiones de Tomás Díaz Ayuso sino que hicieron caer al líder del PP, Pablo Casado, por afearlas.

Son los medios que pasaron por alto una década de corrupción en los gobiernos de Esperanza Aguirre y de sus manos derechas, Ignacio González y Francisco Granados, hasta que ambos acabaron en la cárcel. Columnistas que ven golpes de estado por doquier y que tampoco indagaron demasiado en las únicas elecciones recientes que se robaron en España: las del tamayazo que mantuvo a la derecha en el Gobierno de Madrid tras perder las elecciones en 2003.

Quienes atribuyeron desde sus portadas cuentas bancarias falsas en paraísos fiscales a rivales del PP (básicamente dirigentes de Podemos y políticos independentistas) procedentes de dosieres fabricados por comisarios corruptos y nunca pidieron perdón por sus publicaciones se rasgan hoy las vestiduras en sus editoriales por que se haya conocido el correo de confesión de un defraudador confeso llamado Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La fórmula la conocen también en la Comunitat Valenciana: los mismos medios que pusieron la cruz al Pacto del Botanic y atacaron por tierra, mar y aire al Gobierno de Ximo Puig y fundamentalmente a su vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, hasta retirarla de la política, bendijeron después la coalición y las políticas de Mazón y Vox, con las consecuencias que ese infausto gobierno tuvo para la región y las víctimas de la Dana.

El “periodismo valiente” según Feijóo y Ayuso

Tal vez lo más paradójico del circo en que se ha convertido la política española (igual debería decirse madrileña) es que mientras se insulta al presidente, a sus ministros y a sus socios, algunos jueces se manifiestan contra leyes antes de que sean presentadas en el Parlamento, los tribunales fiscalizan sin descanso a la familia de Sánchez, y el Supremo condena al Fiscal General tras una dudosísima investigación, una parte de la opinión publicada alerta de que en España se ha instalado una dictadura. Y que el que no lo vea forma parte de un equipo de “opinión sincronizada”. Da igual que medios como elDiario.es hayan destapado las denuncias de acoso sexual en el corazón del PSOE, critiquen con dureza sus erráticas políticas de inmigración o la vergonzante venta de armas a Israel: quien no denuncie que España es ya una autocracia pasa a ser “opinión sincronizada” por parte de quienes dieron por finiquitado al Gobierno de Sánchez en 2023, apoyaron a Ciudadanos durante años y pronosticaron la victoria de Susana Díaz en las primarias socialistas.

El propio Feijóo e Isabel Díaz Ayuso se han sumado a ese discurso mientras defienden como periodismo valiente a quienes acosan a dirigentes políticos y periodistas de izquierdas en la calle. Y a quienes organizan actos con guiñoles de cartón y tras la barra libre señalan que el camino correcto del PP es pactar con Vox.

Habitando semejantes burbujas, esos mismos dirigentes políticos se extrañan de que fuera de ellas esa ola de indignación no haya prendido en la sociedad como merecía.

Existe una explicación alternativa a la de la población adormecida por lo que la derecha ha dado en llamar “paguitas”, y que no reacciona ni siquiera cuando está en riesgo la democracia. Puede que ni siquiera esa mitad del país que lleva años deseando ver fuera del Gobierno a Pedro Sánchez y a sus socios se haya creído la hipérbole que alimentan a diario sus medios de cabecera.