Un tribunal español
Ha vuelto a pasar. Una vez más, políticos y activistas en España utilizan “Europa” como un concepto genérico y equívoco que, en su cabeza partidista, es un ente supranacional de súper-tacañones que hablan en inglés o en francés y aleccionan, legitiman o deslegitiman desde algún lugar que suena importante, en este caso “Luxemburgo”.
Además de ser uno de los lugares más siniestros de Europa, Luxemburgo es sólo la sede del Tribunal de Justicia por motivos históricos. Como país pequeño en la UE actual, tiene menos representación que España en la corte y menos influencia en la formación de la legislación en la que se basan sus decisiones. Ese tribunal bien podría estar en Cuenca y, para abreviar, tal vez lo llamaríamos el “Tribunal de Cuenca”.
La corte no es un órgano ajeno a España ni al sistema judicial español sino una instancia más por la que suelen pasar los problemas complejos, no sólo por los conflictos entre gobiernos nacionales y las instituciones de la UE, sino por la aplicación de la mayoría de la legislación vigente en España, que es un espejo de las reglas negociadas, enmendadas, debatidas y aprobadas en un sistema complejo, multinacional y del que los funcionarios, diplomáticos y políticos españoles son parte esencial.
Tanto los independentistas como los ultraderechistas pintan al Tribunal de Justicia de la UE como algo ajeno a España y, según el día, con más o menos legitimidad para decidir. No es así. El Tribunal, como el resto de las instituciones comunitarias, es parte de la España de 2019.
El Tribunal de Justicia está compuesto por 28 magistrados, uno por cada país de la UE. La actual vicepresidenta del tribunal es una española. Además, hay otros dos españoles: un abogado general de los 11 (España tiene un puesto permanente por ser un país grande) y el secretario de la institución. Se trata de tres juristas que se han formado en España y han salido de sus administraciones: la nacional y las autonómicas. Además, hay otros dos españoles en el otro tribunal europeo hermano, el Tribunal General, que se encarga de resolver contenciosos ligados a la aplicación de la legislación común.
Las leyes que aplican los magistrados europeos son el fruto de largas negociaciones que crearon tanto el tratado de la UE vigente como las leyes sobre las que han tenido voz, voto y mano los gobiernos, los eurodiputados y los funcionarios españoles. La mayoría de las cuestiones esenciales de justicia y seguridad y las competencias políticas comunes se han desarrollado de hecho en estas últimas tres décadas en las que España ha sido uno de los países miembros de la UE.
El Tribunal de Justicia de la UE se compone por jueces muy formados que pasan por un proceso de selección largo y competitivo y son los más duchos en la complejidad legal del sistema de representación europeo, pero son igual de falibles o de infalibles que los magistrados del Supremo español. Se puede argumentar que la lejanía física y el intercambio con colegas variados ayuda a que tengan una perspectiva más amplia y con menos presiones políticas. Y también que tienden a limitar el poder de los gobiernos nacionales como prevención de excesos, un problema especialmente grave en algunas democracias inmaduras del centro y el Este de Europa. O incluso que las instituciones comunitarias aspiran a acumular poder lo más lejos posible de los ejecutivos de sus miembros.
Pero ni para bien ni para mal los jueces que se reúnen en Luxemburgo son ese ente lejano que los políticos nacionales, y a veces también los funcionarios europeos, pintan en beneficio propio.
Si te importan las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE, vota en las elecciones nacionales y europeas. De ahí salen los gobiernos que seleccionan a los candidatos a magistrados. De ahí salen los comisarios europeos y los eurodiputados que ayudan a hacer las leyes que luego interpreta el Tribunal. La UE es también es tuya por mucho que sus decisiones se tomen desde un edificio en Luxemburgo.
