Uso y abuso de las víctimas de la violencia

En los primeros años de la Transición (cuando recuperábamos la democracia) el Partido Popular (entonces Alianza Popular) no podía utilizar el pasado como argumento para su legitimidad democrática. Teniendo como fundador a Manuel Fraga, ministro de la dictadura, debía mirar hacia el futuro.

Mientras la élite franquista blanqueaba su biografía, para convertirse en élite democrática, el ambicioso Fraga fracasó en sus repetidos intentos por llegar a la Moncloa, incapaz de aceptar que la sociedad no quería un presidente del Gobierno que hubiera sido dirigente en el franquismo.

Así que la derecha española, herida por varias derrotas electorales, decidió llevar a cabo una gran operación cosmética. En el congreso de enero de 1989, sueltan lastre del pasado y Alianza Popular se refunda en el Partido Popular. Al mismo tiempo llevan a cabo un cambio generacional; aparece un nuevo líder, José María Aznar, en ese momento presidente de la Junta de Castilla y León.

El partido pasó a definirse como fuerza de centro liberal, a pesar de que Aznar había sido durante su juventud militante del Frente de Estudiantes Sindicalistas (FES), una organización estudiantil que posteriormente se transformó en el partido Falange Española Independiente (FEI). Encontró su legitimidad biográfica en el espíritu de la transición, donde "todos renunciaron a algo" e incluso llegó a definirse como el heredero de la Unión de Centro Demóicratico (UCD) de Adolfo Suárez.

Aznar, como líder del PP, no consigue ganar las elecciones generales ni en 1989 ni en 1993; la mayoría electoral no se considera preparada para ver a la derecha en el gobierno central. Pero el 19 de abril de 1995 sufre un atentado por parte de ETA, del que sale ileso gracias a viajar en un vehículo blindado. Tras ese hecho, la imagen pública del líder popular cambia.

Es a partir de ese momento cuando el Partido Popular da un giro a su interpretación de la violencia de ETA. De su oposición a ella puede nacer la legitimidad que necesitaban para que la sociedad considerase que se trata de una fuerza política de arraigo democrático. Como consecuencia, la relación del PP con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se intensifica y los populares comienzan la construcción de una figura hegemónica, según la cuál, un demócrata es quien ha sido víctima de ETA o condena públicamente su violencia.

Ser víctima de un delito violento no tiene nada que ver con el hecho de ser demócrata, porque para serlo hay que sostener y defender principios democráticos. Pero José María Aznar y su partido planificaron la construcción social de esa asociación de conceptos. Eso les permitía aglutinar su arcaica idea de la unidad del Estado, combatir una anti España que le movilizaba voto, y legitimarse. En ese proceso llegaron incluso a condecorar a Melitón Manzanas, uno de los más sanguinarios torturadores de la dictadura, que fue asesinado por ETA.

La exposición pública de las víctimas de ETA permitía continuar ocultando a las víctimas de la dictadura, que esperaban a un Estado democrático que garantizase sus derechos. Más de cien mil familias ansiaban la llegada de un Gobierno que reabriera las fosas, cerrara las heridas y devolviera a los más de cien mil desaparecidos su buen nombre y un lugar digno en el que reposar.

Cuando un ciudadano es víctima de la violencia, las instituciones deben mirar el daño que ha sufrido y poner en marcha la atención precisa, al tiempo que se produce la intervención policial y judicial. Esa asistencia no puede depender del discurso político del agresor ni del de la víctima; debe ser un derecho apartidista e indiscriminado.

Pero el PP ha establecido durante sus años de gobierno una jerarquía en la atención de las instituciones que tiene que ver directamente con su ideología. Durante años hemos visto cómo las víctimas de la AVT recibían un trato preferente con respecto al de otras organizaciones como la que preside Pilar Manjón. Es una clara prevaricación humanitaria, consistente en diseñar sus políticas de atención a quienes han sufrido delitos violentos desde sus intereses de partido.

Hasta ese punto, la hermana de Miguel Ángel Blanco, María del Mar, actual presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo, ofreció un discurso en el décimo séptimo aniversario del asesinato de su hermano en el que agradeció al Partido Popular su política antiterrorista.

En el artículo tercero de sus estatutos el PP se declara soidario con las víctimas de la violencia de cualquier signo. Pero en sus años de Gobierno jamás ha movido un dedo por reparar a las víctimas de la dictadura. Se trata de una cuestión compleja porque, independientemente de que algunos de sus miembros justifiquen el franquismo, supone criminalizar a sus padres fundadores. Su actitud ha sido la de crear excusas, alguna tan manida y repetida como la de que dar una sepultura digna a una víctimas de la dictadura reabre heridas. Por su parte, el PSOE también ha acompañado al PP en esa política discriminatoria, en parte por inercia y en parte por la culpabilidad de no haber hecho nada por las víctimas del franquismo durante los gobiernos de mayorías absolutas de Felipe González.

En esa construcción, el PP llegó a convertir en la prueba de la cultura democrática de un partido o individuo la condena de la violencia de ETA. Se trata de un falso silogismo, porque el rechazo de esa violencia lo pueden haber practicado en estos años miles de torturadores franquistas, miembros de grupos de extrema derecha y otros colectivos que desprecian la democracia. Y además un ejercicio de doble moral. En el verano de 2013 el alcalde de la localidad lucense de Baralla, el popular Manuel González que aseguró en un pleno municipal que "los que fueron fusilados por el franquismo se lo merecían". A este militante que justificaba la desaparición forzada de 113.000 civiles el PP no loe pidió una condena de la dictadura. Cuando desde algunos ámbitos se pidió su dimisión él aseguró que "el partido ya me ha perdonado".

Más doble moral; mientras el PP ha tratado de sacar del juego político a quienes no condenaban la violencia de ETA, financiaba con dinero público del a la Fundación Francisco Franco (Ministerio de cultura 2000 ), sostenía monumentos a dirigentes franquistas, responsables de los peores crímenes que hemos conocido, o apoyaba acciones militares que han causado la muerte a miles de civiles.

De toda esa intervención en la cultura política surge la reacción del con respecto a la afirmación de Pablo Iglesias de que el terrorismo de ETA tiene "explicaciones políticas". Las declaraciones en las que Esperanza Aguirre le dice a Podemos que entregue el dinero que le sobra del crowdfounding que ha hecho para demandarla, a las víctimas, forma parte de esa cultura del PP que ha visto la financiación a ciertas víctimas como la forma de adquirir pedigrí democrático.

Pero el final de la violencia de ETA y los cambios que está generando la crisis han cambiado la realidad.La raya que dibujó Aznar durante sus años de mayoría absoluta, a partir de la cual quienes no estaban con él no merecían el nombre de demócratas, se diluye. Su instrumentalización de las víctimas de ETA queda patente ante su abandono de los desaparecidos de la dictadura o su política de desprotección de las mujeres que sufren la violencia machista. Igual que sus condenas de la violencia, que nunca han alcanzado a una de las dictaduras más sangrientas del mundo.

El PP ha utilizado política y partidistamente las consecuencias de la violencia de ETA. Así se explica su intento de modificar la autoría de los atentados del 11M de 2004, convencidos de que tenían la mayoría pero si sostenían su versión de los hechos hasta el día de las elecciones, tendrían la mayoría absoluta garantizada. Por eso resulta evidente su sobreactuación cuando alguien afirma que existen explicaciones políticas al respecto, como si sus dirigentes no hubieran hecho política con los efectos de la violencia.

Pero el marco se desfigura y lo que durante un tiempo fue un instrumento de persecución inquisitorial (basta recordar la campaña contra Julio Medem por su documental La pelota vasca) se desactiva por el cambio de contexto. Los límites políticos que establecieron los padres de la transición se desdibujan. Cada vez es más evidente que en la trastienda de la política institucional se priorizaban los privilegios y prebendas de la oligarquía. Por eso, cuando ese sistema político nos ha traído hasta esta crisis, sus herramientas se han mostrado inútiles para proteger socialmente a la ciudadanía.

La derecha española se encuentra en una encrucijada. Sus cimientos liberales se desmoronan y el uso que ha hecho de las consecuencias de la violencia terrorista ya no sirven para abatir adversarios. Con los efectos de la crisis, la sociedad ha adquirido otras prioridades y desde el partido que gobierna y genera sufrimiento social ya no es posible movilizar contra otros con la fuerza con que lo hacían antes.

El PP necesita construir nuevas herramientas políticas que realmente operen en la sociedad. Sus reiterados intentos por reabrir el debate acerca del terrorismo han sido infructuosos. En estos momentos no son capaces de apreciar que su crisis va más allá del descontento que generan sus políticas económicas y sociales. El desmoronamiento electoral del PSOE supone también un cambio que deben elaborar. Es posible que necesiten su regreso a la oposición para llevar a cabo una reflexión colectiva que les obligue a romper los viejos lazos y a terminar con la instrumentalización de las víctimas del terrorismo. Mientras tanto, intentan convertir a Pablo iglesias en esa antiespaña que hasta ahora movilizaba su voto. Pero el cambio social generado por la crisis ha sido enormemente profundo y es posible que no sean capaces de verlo hasta que un resultado electoral lo saque a la superficie.

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19 de julio de 2014 - 19:40 h

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