El rechazo del decreto de protección social

Cuando una sociedad acepta que el poder del dinero pueda comprar impunidad, está aceptando también que los derechos de la mayoría sean negociables. El rechazo del decreto de protección social no es un gesto aislado, sino la otra cara de la misma moneda: mientras en la cúspide se blindan fortunas y reputaciones, en la base se discute si la gente corriente merece una red mínima de seguridad frente a la enfermedad, la pobreza o la precariedad. Allí donde el capital se acostumbra a dictar las reglas, la protección social deja de verse como un deber democrático y pasa a considerarse un lujo prescindible, un gasto superfluo que entorpece la libertad de maniobra de los poderosos. Y así, del mismo modo que ciertos millonarios convierten a las personas en meras herramientas de su entretenimiento, quienes bloquean la protección social reducen a los ciudadanos a cifras en una hoja de cálculo, perfectamente sacrificables en nombre de la “estabilidad” y la “responsabilidad” económica.

El poder y el dinero, en estos tiempos tan modernos y pulcros, suelen presentarse con chaqueta y corbata bien planchadas, sonrisa de conferenciante y un PowerPoint sobre la sostenibilidad. Debajo de la chaqueta, sin embargo, asoma una textura moral dentro de la que se hunde todo, aunque desde fuera parece sólida y muy respetable. La historia de Epstein y su constelación de millonarios, ministros, nobles desocupados y empresarios filantrópicos no es una anomalía ni una excentricidad, sino la foto sin filtros de cómo funciona la jerarquía de nuestro mundo.

No es que el dinero corrompa, es que a partir de cierta cantidad borra la frontera entre lo posible y lo prohibido. Una cuenta lo bastante abultada lleva incorporado un decreto de inmunidad, un traductor simultáneo que convierte “delito” en “travesura”, “víctima” en “daño colateral” y “red de abusos” en “vida privada”. Cuando uno posee una isla, un avión privado y una agenda en la que se mezclan príncipes, ministros y fabricantes de cohetes, la realidad ya solo es un decorado. La gente deja de ser gente para convertirse en un instrumento útil: una chica joven, un asesor influyente, un directivo servicial, todos reducidos a figuras manejables en el tablero de la conveniencia.

El rasgo más obsceno del poder no es el lujo sino la naturalidad con la que se ejerce la crueldad. Lo insoportable no es solo que existan hombres que organicen una industria del abuso, sino que haya una cola de gente importante dispuesta a mirar hacia otro lado, a bromear por correo electrónico, a compartir mesa, avión o palacio con quien convierte el sufrimiento ajeno en un pasatiempo. El poderoso raramente se ve a sí mismo como villano; se percibe más bien como un mecenas incomprendido que comete, como mucho, errores de protocolo. Cuando la cosa se complica, le basta con un comunicado de prensa como acto de contrición: “lamenta profundamente”, “no recuerda”, “no sabía”, “rechaza tajantemente”.

El dinero, cuando alcanza la categoría de planeta, atrae a su órbita a las otras formas de poder: político, mediático, judicial. No se trata de grandes conspiraciones de novela barata. Son cenas discretas, viajes “humanitarios”, reuniones de negocios en islas privadas, correos electrónicos con chistes de mal gusto entre personas que luego redactan leyes, deciden inversiones o administran justicia. El resultado es un ecosistema donde la impunidad no necesita decretarse, se asume. Se presupone que ciertas puertas se abrirán, ciertos sumarios se dormirán, ciertas preguntas no se harán. Y, en caso de apuro, siempre quedará el recurso de alegar ignorancia, esa virtud tan apreciada entre quienes lo han sabido todo a tiempo.