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¿Cuál es el alcance del descrédito institucional?

Estudiantes se manifiestan frente a la sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid para exigir a Cifuentes que dimita. |

Imagínense un país en el que la mayoría de sus ciudadanos tuviera confianza en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Un país en el que el nivel de confianza ciudadana en instituciones como la Jefatura del Estado, el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional superara el aprobado. Y en el que una mayoría social se mostrase satisfecha con el funcionamiento de la democracia.

Quizás hayan pensado en Dinamarca, Noruega, Suecia o Finlandia, por ser éstos los países que, tradicionalmente, encabezan los rankings internacionales de calidad institucional y democrática. Y no imaginarían que ese país hubiese podido ser España… alguna vez. Pero hace trece años, según los datos del  estudio 2620 del CIS realizado en octubre de 2005, un 57,5% de los españoles confiaba en el Congreso de los Diputados, un 50,5% mostraba tener confianza en el poder judicial y casi el 52% confiaba en el Gobierno central. Asimismo, en octubre de 2006, y de acuerdo con los resultados del estudio 2657 del CIS, la Monarquía, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional obtenían el aprobado en confianza ciudadana (con una puntuación media de 5, en una escala de 0 a 10, donde 0 es “no confía nada en absoluto” y 10 es “confía totalmente”). Entonces, la política y los políticos no formaban parte de las principales preocupaciones de la ciudadanía y tan sólo un 2% consideraba la corrupción y el fraude como un problema que tenía España. En noviembre de 2006 ( estudio 2663 del CIS), el 57% de los ciudadanos declaraba estar satisfecho con el funcionamiento de la democracia española.

Esa panorámica demoscópica resulta ahora lejana. Los datos de opinión muestran una percepción muy diferente. La corrupción y el fraude -considerados por el 34,5% de los ciudadanos como un problema, según el barómetro de marzo de 2018 del CIS- ocupan el segundo puesto del ranking de preocupaciones sociales, seguido, en tercera posición, por los políticos, los partidos y la política (cuestiones que son percibidas como un problema por 1 de cada 4 ciudadanos). El nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia es bajo (con una puntuación media de 4,54 sobre 10, de acuerdo con el último dato del CIS disponible, correspondiente a julio de 2016).  

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La solución: una España Federal

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Hace unos meses, Lluis Orriols señalaba en este blog que el problema catalán podría solucionarse a través de un nuevo encaje de Catalunya en España. A su entender, existe un cuerpo considerable de electores que está a favor de una Catalunya que continúe perteneciendo al estado español pero que, sin embargo, opta por hacerlo dentro de un encaje federal. Estos votantes, conscientes del inmovilismo reformista estatal, siempre a favor de mantener el statu quo, se habrían posicionado en torno a las premisas independentistas, al no ver viable una salida intermedia.

Asimismo, y también en este blog, Santiago Pérez-Nievas y José Rama, han señalado recientemente que los catalanes que retienen algún tipo de identificación con España, muestran, sobre todo en las últimas etapas del procés, una inclinación hacia fórmulas de organización territorial que se alejan del compromiso con España como, por ejemplo, la independencia total de la región. Lo paradójico de este hecho es que éstos son ciudadanos que no procesan una identificación exclusiva con la región catalana, sino que poseen identidades híbridas o duales.

Parecería, pues, que el conflicto catalán no puede ser entendido de forma dicotómica, entre una masa a favor de la ruptura y otra en contra de la misma. Como ha señalado en una entrevista Josep María Vallés, existiría alrededor de un 35 por ciento del electorado que no se ubicaría en posiciones extremas, sino que estaría a favor de una mayor autonomía sin necesidad de romper con el Estado. Del mismo modo, tampoco sería idóneo considerar que la movilización independentista está insuflada de un carácter identitario o cultural, puesto que existe una amalgama de sentires (muy diversos) que hacen inclinar la balanza a favor de la misma. Valorar que con una Catalunya independiente el nivel económico y de bienestar aumentará, o creer que con mayores cuotas de autogobierno se tendrá un mayor margen para elaborar políticas a favor del ciudadano catalán, pueden ser variables instrumentales suficientes para optar por posiciones de ruptura.

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Los votos y las sombras: sobre el voto electrónico

Votantes en Kuala Lumpur haciendo cola en un colegio electoral durante las elecciones generales de Malasia 5 Mayo 2013, MALAYSIA GE13 Autor: Firdaus Latif. Wikimedia Commons

Hace unos días tuve el pequeño honor de comparecer en la subcomisión del Congreso que estudia la reforma electoral y sobre cuya actividad seguramente tengamos ocasión de ofrecer comentarios en este blog en lo sucesivo.  El tema de la sesión era el voto electrónico y, como se pedía mi opinión, allí la di y aquí la comparto en estilo libre.

Confianza no equivale a seguridad (si la hubiere)

En el lenguaje corriente llamamos voto electrónico a tres cosas: el voto telemático, o voto por internet; el voto en un soporte electrónico, pero en una cabina de votación controlada (su acepción más frecuente hasta ahora); y el recuento electrónico de los votos. Puede decirse que los tres asuntos forman una escala, de más a menos delicado, aunque eso también depende de su ámbito de aplicación. Lo que puede ser buena idea para una consulta de partido puede no serlo para la elección de un cargo público; lo que resulte aceptable para una población específica, como los residentes en el extranjero o las personas con movilidad reducida, no tiene por qué serlo como regla general.

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La medicina alternativa: quién, cómo y por qué

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Cada vez con más frecuencia aparecen en los medios noticias relacionadas con el uso de la homeopatía o, más genéricamente, de las terapias (llamadas) alternativas a la medicina tradicional; y al hilo de tales noticias suele desatarse un acalorado debate sobre la fiabilidad y posibles consecuencias no deseadas de las mismas. Sin embargo, más allá de los casos concretos que saltan a los medios, disponemos generalmente de muy poca información sobre el grado de implantación que dichas prácticas, terapias o tratamientos tienen en la sociedad española, y sobre cuál es el perfil de las personas que recurren a ellos. Ambos elementos nos parecen clave a la hora de entender quién y por qué se acude a dichas prácticas. En concreto, resulta relevante saber qué tratamientos, terapias o prácticas son las más habituales y cuáles las minoritarias, y quién recurre a ellas; y también si lo hacen en concurrencia con la medicina convencional o como alternativa a la misma.

El CIS publicó el mes pasado su barómetro de Febrero, en el que se incluía toda una batería de preguntas sobre el conocimiento y uso que los españoles hacen de tratamientos y prácticas no integradas en la medicina convencional. En concreto, el cuestionario preguntaba acerca de 20 tipos de tratamientos o prácticas diferentes: Acupuntura, Medicina tradicional china, Homeopatía, Ayurveda, Naturopatía, Hipnoterapia, Sanación espiritual, Meditación, Yoga, Musicoterapia, Plantas medicinales (fitoterapia), Terapia nutricional, Quiropráctica, Osteopatía, Masaje terapéutico, Reflexología, Reiki, Terapia floral, Qi-gong (o Chi-kung), Imanes terapéuticos y Otro (en este orden). Sin duda, no todas estas prácticas y tratamientos resultan completamente asimilables entre sí pues no sólo responden a supuestos distintos sino que, además, requieren diferente grado de implicación por parte del sujeto que recurre a ellas. En unos casos implica la ingesta de sustancias, en otros no; en unos casos requiere esfuerzo físico y/o mental del sujeto, en otros no, etc. De hecho, es probable que al leer la lista muchos de ustedes se hayan sorprendido al ver que el masaje terapéutico aparece, por ejemplo, en la misma lista que la musicoterapia. No entraremos aquí en muchas disquisiciones sobre cómo corresponde agruparlas y distinguirlas. Sin embargo, en algunos análisis hemos decidido excluir el masaje terapéutico, la quiropráctica y la osteopatía, de la lista porque mucha gente es probable que los entienda como variantes de la fisioterapia y, por tanto, como parte de la medicina convencional. Esta decisión no esconde ningún juicio de valor sobre la eficacia de unas prácticas y otras, sino que trata simplemente de reproducir lo que puede ser una percepción bastante generalizada entre la población.

El primer dato que arroja la encuesta es que dos tercios de la población residente en España no ha recurrido a ningún tratamiento o práctica de los enumerados anteriormente en los últimos doce meses. Del tercio que sí lo habían hecho, la mitad solo había usado una de ellas; y en la mayoría de los casos se trataba o del masaje terapéutico (30 por ciento) o de las plantas medicinales (21 por ciento), seguidos a distancia por el yoga (9 por ciento) (Gráfico 1). El resto de la población (17 por ciento) declaró haber usado dos o más de estas prácticas y tratamientos, con combinaciones de muy distinta índole.

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La brecha de género y la devaluación del trabajo feminizado

El 8 de Marzo me levanté en Filadelfia escuchando la radio y derramando lágrimas de orgullo por la demostración de fuerza que demostraban las mujeres sumándose a la huelga, y lágrimas de felicidad por oír hablar en los medios de comunicación de la brecha salarial, de la desigualdad en el hogar y en los cuidados, de la discriminación laboral, de micro-machismos, de la falta de representación de mujeres en puestos de poder. Lágrimas de orgullo, felicidad, y también de tristeza por vivir en el extranjero.

En ese estado de éxtasis me chocaron los comentarios de dos periodistas.

El primer comentario fue el de Iñaki Gabilondo en la Ser. Iñaki aprovechó la ocasión para agradecer a las mujeres migrantes que trabajan en el sector del trabajo doméstico y de cuidados, mujeres que cuidan de niños y mayores en casas particulares. Aunque me alegró que Iñaki visibilizara el trabajo de estas mujeres, me decepcionó que no fuera un paso más allá e hiciera eco de sus reivindicaciones laborales: ¡que España apruebe el convenio de la OIT para igualar sus condiciones laborales de las trabajadoras domésticas!

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Hace cuarenta años y parece que fue ayer

El 1 de noviembre de 1977, tras celebrar en el cementerio la misa de Todos los Santos, Javier Vesperinas, párroco de Marcilla (Navarra), se marchó a casa. Al cabo de un rato recibió la visita de una persona que tenía un negocio en el pueblo para pedirle cambio. El sacerdote aprovechó para preguntarle algo que le venía intrigando desde hacía unos años: ¿por qué varios vecinos, incluido el que ahora le visitaba, a pesar de acudir asiduamente a las misas que él oficiaba, nunca estaban presentes en la festividad que se conmemoraba ese día? El visitante le respondió: “es que ese día, Don Javier, nosotros vamos a dejar flores donde están nuestros muertos”. Vesperinas se quedó perplejo y reclamó una explicación. Ese día se enteró, con estupefacción, de que muchas personas del pueblo no habían podido enterrar en el cementerio a sus familiares asesinados por los franquistas en la Guerra Civil. Por esa razón, cada 1 de noviembre, en lugar de acudir a la misa que se celebraba en el cementerio de Marcilla, se desplazaban a las fosas comunes en las que yacían los restos de los suyos.

A partir de ese momento, como me contó el sacerdote cuando lo entrevisté, empezó a mantener conversaciones discretas con los familiares afectados y se propuso conseguir los permisos preceptivos para trasladar los restos al cementerio. El proceso no fue nada sencillo; primero tuvo que vencer las resistencias de los que tenían a sus deudos desperdigados por las fosas. El sacerdote, en sus anotaciones de la época, consigna: “Reuniones a escondidas y en secreto; miedo. Por primera vez se juntan, se cuentan sus sufrimientos comunes”. Y, posteriormente, tuvo que convencer al secretario del gobernador civil quien, tras escuchar sus propósitos, le espetó: “¿pero a qué viene usted? ¿A estropear la recién nacida democracia?”. Solo cuando el párroco le garantizó que se obraría con total discreción y que no permitiría que se politizara la iniciativa obtuvo su consentimiento. El secretario le aconsejó hacer el traslado “de noche, un día de trabajo y en silencio”. El Ayuntamiento de Marcilla, sin embargo, se mostró muy colaborador y proporcionó tanto un terreno en el cementerio como una dotación económica para que se construyera un mausoleo en el que reposarían los restos de los republicanos dispersos en distintas fosas sin identificar.

A pesar del sigilo con el que se procedió, el funeral celebrado el 5 de marzo de 1978 fue multitudinario y, a continuación, muchos acudieron también al cementerio. A los partidos, efectivamente, se les mantuvo al margen de esta iniciativa y la inscripción de esta primera lápida, en contraste con las que se harían con posterioridad, solo decía: “En memoria de los muertos en agosto, septiembre y octubre de 1936”. No se decía que habían sido fusilados; ni siquiera se mencionaba la guerra civil. Pero, claro, era la primera de estas características en la provincia.

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El 8-M y el túnel del desempleo

Hace 45 años que Albert O. Hirschman acuñó el llamado “efecto túnel” para referirse a la tolerancia a la desigualdad. Si usted está parado en un atasco durante mucho tiempo, dentro de un túnel con dos carriles en el mismo sentido, y de repente nota cómo empiezan a avanzar en el otro carril, se alegrará al pensar en que se acaba el atasco y en que pronto se va a despejar también su carril. Pasado algún tiempo más, si usted sigue atascado, pasará de la alegría al enfado y empezará a pensar en otras alternativas, como saltarse la línea continua para invadir el carril que funciona. Es decir, la tolerancia a la desigualdad puede mantenerse temporalmente sobre la base de las expectativas, pero tiene límites. Pasando del túnel a los procesos de crecimiento económico y desarrollo, se acepta socialmente que estos traigan consigo un aumento inicial de la desigualdad, pero se espera también que con el tiempo funcionen diversos mecanismos correctores y toda la sociedad se acabará beneficiando o, de otro modo, habrá contestación y conflicto.

En el caso de las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer en España, podría llamar la atención que el enorme éxito de las convocatorias de huelgas y, sobre todo, de las movilizaciones públicas, se produzca en un contexto de recuperación. Esta, aunque muy lenta, ha significado casi cuatro años de crecimiento del empleo. Desde 2014 se han recuperado cerca de la mitad de los tres millones y medio de puestos de trabajo destruidos en los seis años anteriores. ¿Por qué no se produjeron movilizaciones históricas de las mujeres durante una crisis que también era histórica? ¿Por qué es ahora cuando se agota su paciencia, y también la de muchos hombres, y disminuye su tolerancia a la desigualdad?

Los gráficos que acompañan esta entrada ofrecen algunas pistas para responder a estas preguntas. El primero muestra las tasas de paro por sexos desde 2009 y refleja con claridad como la caída del desempleo está abriendo una brecha creciente entre las tasas de paro masculinas y femeninas. La crisis había igualado al alza las tasas de paro, que ahora se distancian de nuevo en cerca de cuatro puntos. A finales de 2017 esta diferencia equivale a señalar que los hombres llevan a las mujeres una ventaja cercana a un año en el ritmo de recuperación del empleo.

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Trump, el muro, un gráfico

Vivimos en un tiempo en el que muchos se esfuerzan por incrustar la realidad en los pequeños tupper-ware que utilizamos para ordenar nuestros esquemas mentales. Esto tiene dos impactos directos sobre nuestra capacidad discursiva: se simplifica la realidad haciendo lo complejo indebidamente sencillo; y se bloquea nuestra capacidad de conectar fenómenos que almacenamos en distinto recipiente. 

La inmigración es un terreno muy propicio para este tipo de violencia analítica. Pensar que cuando “se cierra la frontera, se reduce la inmigración” es una tontería comúnmente ilustrada con la metáfora del grifo y el agua corriente. Sin embargo, cerrar el grifo no suele acabar con el goteo ( aquí). El control fronterizo es imprescindible. Pero el cierre de las fronteras puede tener efectos no previstos y redirigir, más que eliminar, la presión migratoria. Es más, puede empujar a quienes acaricien la idea de emigrar a planteamientos del tipo “ahora o nunca” e incrementar las llegadas en el corto plazo o convertir la inmigración temporal en permanente. Además, blindar una frontera no impide la llegada regular de inmigrantes por otras vías como la reunificación familiar.

Muchos de los mitos que cultivamos en el terreno de la inmigración han florecido en la frontera entre México y los Estados Unidos. La migración irregular hacia Estados Unidos creció a partir de 1965 tras un cambio legislativo que hizo más difícil la migración regular. Sin embargo, hasta los años setenta, una gran parte de la migración mexicana se movía naturalmente en los dos sentidos a través de la frontera. En los ochenta Ronald Reagan inauguró la batalla contra la migración irregular al calificarla de amenaza nacional y vincularla con múltiples delitos. El endurecimiento del control fronterizo hizo que una migración irregular, eminentemente masculina, de ida y vuelta, y que a penas era visible en tres estados, se convirtiera en 12 millones de nuevos residentes repartidos por todo el país ( aquí).

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La renta básica ante el 8M y la lucha por las pensiones

Si alguien totalmente ajeno a la realidad del país hubiera paseado por las calles españolas hace unos meses, no habría encontrado ningún indicio de que el 15-M tuvo lugar. Las banderas y sus nacionalismos han tomado los balcones y en los Parlamentos apenas se oye el eco de los Indignados. Estas semanas, en cambio, las manifestaciones de jubilados están devolviendo a las avenidas su condición de espacio ciudadano frente al de mera superficie de consumo; algo que también se observa en el paro de mujeres organizado para el 8 de marzo. ¿Es una mera coincidencia que sean las mujeres y los mayores los que salen a la calle? ¿Son demandas tan alejadas la una de la otra como a priori pudiera parecer?

Albert Rivera afirmaba el otro día que el problema de las pensiones no se reduce a subirlas o bajarlas, que su origen está en las bajas tasas de natalidad. Acierta en señalar que se trata de un problema más profundo, pero no llega al final de la cuestión (¿quién da a luz, cría a los hijos y cuida de los mayores principalmente?). Las manifestaciones que estamos viendo son en última instancia exteriorizaciones de un mismo problema: un sistema económico que separa en compartimentos estancos las esferas productiva y reproductiva de la vida. Así, el modelo se construye en torno a una dicotomía que no existe en realidad, pues todos nos movemos de una esfera a otra constantemente y ambas contribuyen al crecimiento de la riqueza colectiva, a pesar de no recibir el mismo (mal)trato. En principio, todos debemos cuidar y todos queremos realizarnos en nuestra vida profesional, pero este sistema nos obliga a elegir, y cuando las mujeres deciden entrar al espacio productivo pero los hombres no hacen lo propio en el reproductivo, la burbuja estalla. Estos desequilibrios de género entre las esferas reproductiva y productiva también se reflejan en el sistema de pensiones, que contabiliza años de trabajo productivo y deja en desventaja a las personas (casi siempre mujeres) que se han dedicado a cuidar.

Sin los cuidados, la vida en sociedad se vuelve insostenible. No queda otra, hay que cambiar de modelo: la economía no es reductible a los mercados; economía es mantener la vida, sea o no a través de las esferas monetizadas, y necesitamos dotarnos de normas e instrumentos que se ajusten a esta idea elemental. Como la renta básica universal.

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Podemos y las confluencias: ¿virtud o condena?

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Pablo Iglesias fija como condición para confluir con IU en 2019 que la marca Podemos "esté visible"

Suenan tambores de elecciones a poco más de un año para las próximas autonómicas y municipales. Antes de que los aparatos de los partidos desempolven sus maquinarias para diseñar listas, seleccionar candidatos, perfilar campañas y asignar financiación, algunos tienen pendiente una cuestión todavía más básica: decidir las siglas bajo las que van a concurrir. Las siglas, al fin y al cabo, reflejan alianzas. Y no hay partido que quiera aliarse con los perdedores.  

Precisamente por este motivo Pablo Iglesias y Alberto Garzón debatían hace unas semanas sobre el mantenimiento de su alianza electoral para los comicios del 2019 y las siglas bajo las cuales concurrirán en las europeas, autonómicas y locales. Este debate surge por la debilidad de la marca nacional de Unidos Podemos. En concreto, la simpatía hacia Podemos ha caído en el último año entre los votantes de todos los partidos, incluidos los de las confluencias.  

Nótese que las confluencias contribuyeron en su día a consolidar la visibilidad e implantación territorial de Podemos en las elecciones del 2015. Podemos ofrecía a las confluencias unas siglas y un líder en ascenso electoral a nivel nacional, y a su vez el partido de Iglesias aprovechaba las estructuras organizativas locales y regionales ya existentes para su causa, sumando la representación que éstas obtuvieran a un grupo parlamentario que se estructura de manera confederal.

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