Caciques y elecciones

Como ha quedado reflejado en varios estudios, como El poder de la influencia: Geografía del caciquismo en España (1875-1923), de José Varela Ortega, en España tenemos una fuerte tradición de caciquismo local. Era un fenómeno tan conocido que algunos se atrevían a dibujar un detallado mapa del caciquismo en España:

Gráfico 1. Mapa del caciquismo en España (1897, Revista Gedeón)

Pero la compra de votos por notables locales era un fenómeno ubicuo en todas las democracias de la época, empezando por EEUU, donde se intercambiaban votos por trabajos de cartero, hasta el fraude electoral sin contemplaciones cometido por los “hombres fuertes” en Escandinavia. Y sigue siéndolo en muchas democracias contemporáneas. Es difícil de estudiar, pero las respuestas de los ciudadanos sobre la presencia frecuente de la compra de votos en su país oscilan entre el 4% de los Países Bajos al 75% de Brasil. En las democracias ricas, como los países de la OCDE, la media (de estas percepciones) es del 12%. Es decir, estamos ante un fenómeno marginal, pero no inexistente.

Así pues, los escándalos de compra de votos que se acumularon en los días anteriores a estas elecciones locales y autonómicas encajan dentro de las dinámicas propias de una democracia avanzada, pero que, como todas, presenta algunas lagunas. De hecho, que sean descubiertos puede ser indicativo de que, a diferencia del pasado, se combaten de forma más enérgica. Porque España, con el paso de los años, está dejando de cumplir las tres características que alimentan, según los expertos, la compra de votos: primero, bajo nivel socioeconómico, que permite que ofertas masivas de compra de voluntades resulten atractivas (eso es cada vez más complicado en prácticamente todo el territorio nacional, con la excepción de algunos lugares muy concretos); segundo, una escasa implantación de los partidos políticos, que les haga descontar los costes reputacionales (también eso ha cambiado, pues PP y PSOE son organizaciones más maduras que cuidan su credibilidad con esmero); y, tercero, unas instituciones del Estado débiles (y aquí la diferencia con los años de la Transición es remarcable: las fuerzas de seguridad, la fiscalía, las juntas electorales, las delegaciones de gobierno, los instrumentos públicos para detectar y atajar el fraude electoral son numerosos y poderosos). Si nos fijamos en los casos más conocidos de compra de votos en nuestro país, por lo general han tenido lugar en sitios con bolsas de pobreza relativamente grandes (como barrios muy determinados), por parte de formaciones políticas con escasa implantación (como Coalición por Melilla), y en zonas periféricas a las que, tradicionalmente (ahora ya no), al Estado le costaba llegar más (como Melilla, Galicia o Andalucía).

Como vemos en el gráfico 2, en el que los números más altos indican una mejor capacidad para “evitar” la compra de votos, históricamente España ha sufrido tantos o más problemas que Argentina, uno de los países del mundo más tradicionalmente asociados a la compra generalizada de votos. Durante las experiencias democráticas previas a la dictadura nos acercamos algo a los niveles de control de los grandes países del continente, como Francia o Alemania, y, desde la Transición, casi nos hemos igualado a ellos. “Casi”, pero no del todo. Subsiste pues, en nuestro país, algún residuo de compra de votos, a nivel local, en municipios concretos y bajo circunstancias particulares.

Gráfico 2. Estimación del nivel de erradicación de la compra de votos

Sin embargo, la pureza de unas elecciones no se mide sólo por el nivel de existencia de (bolsas mínimas de) compra de votos. Si tenemos en cuenta todos los elementos que hacen que las elecciones en un país sean libres y justas, y que no supongan una ventaja para los gobiernos o los intereses económicos, llevándose a cabo en un entorno de medios de comunicación libres e independientes, entonces España puntúa todavía mejor. Según el índice que publica el V-DEM Institute, ocupamos la posición 11 del mundo, por detrás de naciones democráticas de tamaño pequeño (donde es más fácil equilibrar el debate público), como los países nórdicos, Estonia, Luxemburgo o Nueva Zelanda. De las democracias grandes, sólo estamos por detrás de Francia (que ocupa el puesto 10), y estamos por delante de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Canadá, Australia y otras muchas democracias con más experiencia. 

El gráfico 3 representa la evolución de este índice compuesto sobre la calidad electoral de cuatro democracias que han sufrido unas notables crisis desde la Gran Recesión. Tanto en Italia como en Polonia, Estados Unidos y España, los sistemas políticos han vivido un auténtico tsunami, con la irrupción de fuerzas políticas nuevas, polarización, tensión y agitación social. Sin embargo, con la excepción de Polonia, cuya calidad electoral ha caído de forma notable, en las demás se mantiene alta. Y, enlazando con lo anterior, la española es la que mejor resiste.

Gráfico 3. Índice de Democracia Electoral

En definitiva, nos pueden gustar más o menos los resultados electorales del 28M, y encontrar más o menos llamativos los casos de supuesta compra de votos que han surgido durante la campaña. Pero la democracia española, que tiene dolencias (como casi todas), no tiene un problema en el auténtico corazón del sistema: la limpieza de las elecciones. Eso no quiere decir que no haya que actuar con prontitud ante las sospechas de compra de votos y tapar todas grietas que pudieran posibilitar esta práctica, como garantizar de forma más efectiva el voto secreto, tal y como reclamaba hace unos días aquí Lluis Orriols. Pero, como él, hay que concluir que, tras un diagnóstico completo, las elecciones españolas gozan de buena salud.