Después de Franco, el franquismo

En las próximas semanas conoceremos la decisión del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 23 de Madrid acerca del cambio de nombre de 52 calles con reminiscencias franquistas de la capital. Se trata de un recurso presentado por la Fundación Francisco Franco contra un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Manuela Carmena adoptado el año pasado en virtud de la ley de Memoria Histórica de 2007. Asimismo, parece ser que los restos del Dictador pueden abandonar por fin el Valle de los Caídos en próximas fechas. Son dos noticias que sin duda concitarán la atención de los medios  y que nos obligan a preguntarnos en qué grado y por qué la simbología franquista sigue presente en muchos lugares públicos de nuestros pueblos y ciudades más de una década después de quedar prohibido por dicha ley.

En mayo de 2018, el entonces gobierno de Mariano Rajoy daba respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el Senador de Compromís Carles Mulet en que se instaba al ejecutivo conservador a conseguir del Instituto Nacional de Estadística (INE) una relación de las calles, plazas o viales de municipios españoles que mantuvieran alguno de los 11 nombres con reminiscencias franquistas recogidos en una lista elaborada por el político castellonense. En el documento de 27 páginas proporcionado por el gobierno, figuraban más de 1200 calles, plazas o viales con esos nombres, siendo con poco más de 300 los casos de José Antonio Primo de Rivera y de Calvo Sotelo (imaginamos que el de José, aunque no se especificaba) los más repetidos. ¿Es ajustado ese cálculo? ¿Son altos o bajos esos números desde un punto de vista legal y sobre todo ético-político? ¿A qué obedece encontrarnos aún en los callejeros nombres asociados a la dictadura franquista? Vayamos por partes.

En primer lugar, hay motivos para sospechar tanto que ese cálculo es exagerado como que se queda muy corto. Por un lado, podríamos pensar que la cifra real de nombres franquistas es menor porque la respuesta del gobierno se basó en los datos del INE y hay muchos casos en que la denominación actual no se corresponde con la que figura en la base de datos de esta institución. Por otro lado, podríamos concluir que el número verdadero es mucho mayor si tenemos en cuenta que el listado solo se refiere a 11 nombres concretos. Pensemos por ejemplo que en toda la Comunidad de Madrid solo aparecen 44 casos mientras que ya en la capital el número de cambios que pretende hacer el consistorio de Ahora Madrid asciende a más de 50.

Si pasamos a la distribución geográfica de esos nombres, el gráfico 1 ofrece datos por provincia y vemos que existe una considerable variación. Así, hay provincias como las vascas, Lleida y Girona donde no hay ninguna calle o similar con nomenclatura franquista, mientras que Cáceres y Toledo con más de 100 aparecen a la cabeza de esa clasificación. ¿Qué podría explicar esa variación? En los gráficos 2, 3 y 4 se trata de arrojar un poco de luz a esta cuestión. Así, en el primero de ellos se ve claramente como a nivel provincial el número de nombres franquistas correlaciona positivamente con el porcentaje de votos obtenido por el Partido Popular en las elecciones generales de 2016 y negativamente con el logrado por Podemos y sus confluencias en esa misma cita electoral. Además, cabe destacar que las asociaciones entre porcentaje de votos de PSOE y Ciudadanos en 2016 y el número de nombres franquistas son en ambos casos positivas aunque de menor alcance que en el caso del PP.

Sin embargo, cabe pensar que estas relaciones pueden depender del número de municipios que existen en cada provincia. Por una mera cuestión de probabilidades, siempre será más fácil que Franco esté presente de alguna manera en los espacios públicos de aquellas provincias donde haya más entes locales. Por eso, en el gráfico 3 se muestran los resultados de unos sencillos análisis de regresión en que se explica la cantidad de nombres franquistas a partir del porcentaje de votos de los principales partidos políticos controlando por el número de municipios en cada provincia. Ahí se puede ver que los efectos para PP (positivo) y Podemos (negativo) se mantienen mientras que para el PSOE el efecto es positivo y ligeramente significativo quedando anulado el impacto del voto a Ciudadanos.

Para acabar, en el gráfico 4 se intenta establecer el mecanismo que explica estas asociaciones. Para ello, se toman el porcentaje de alcaldes por provincia de PP y PSOE, la ideología izquierda-derecha media del electorado así como su nivel de identificación regional. Los análisis aquí sugieren que el porcentaje de alcaldes del PP (los resultados no cambian si se coge como variable explicativa el color del alcalde de la capital de provincia) así como el nivel de regionalismo contribuyen a explicar la permanencia de nomenclatura franquista en los callejeros (efecto positivo en el primer caso y negativo en el segundo). Sin embargo, ni el porcentaje de alcaldes socialistas ni la ideología izquierda-derecha explican significativamente este resultado.

En resumen, en este post se demuestra que la permanencia del franquismo en los espacios públicos y, por ende, el grado de cumplimiento de la ley de Memoria Histórica viene determinado por una serie de factores políticos. ¿Han sido las provincias donde el PP y la ideología conservadora son menos fuertes las más diligentes a la hora de adecuar sus callejeros a las previsiones legales? ¿O estaba la nomenclatura franquista mucho menos presente desde un principio en esos sitios y, por tanto, fue mucho más fácil ajustarse a la ley a partir de 2007? ¿Siguió una lógica de premio o de castigo el franquismo cuando al acabar la guerra remodeló a su antojo el callejero de nuestros municipios? Pero, sobre todo, ¿ha tenido y tiene efectos electorales la presencia de placas con nombres franquistas en nuestros pueblos y ciudades? Estas y otras preguntas constituyen una agenda de investigación incipiente tanto para la ciencia política como para la historia que esperemos dé sus frutos en los próximos años.