Desde este blog, Víctor Lapuente ha hablado del libro de Acemoglu y Robinson, de las elites extractivas y de algunos problemas que aquejan a España. Me parece un gran artículo y encuentro especialmente acertadas algunas de sus reflexiones: “Las ineficiencias de nuestro sector público son el resultado, a mi juicio, de una doble herencia histórica que no sólo no hemos solucionado, sino de las que, simplemente, nunca hemos discutido en el debate público. Por una parte, tenemos un gran abanico de puestos en instituciones públicas (y para-públicas) que se adjudican de acuerdo a un criterio político.” No puedo estar más de acuerdo.
Permitan que enlace esta reflexión con una de Iñaki Gabilondo, pocos días atrás en la SER, en la que cuestionaba la decisión de Joaquín Almunia de no dar algunos de los nombres del desastre –que vamos a pagar todos- de Bankia. ¿Qué ganamos sabiendo los nombres de las elites? Ganamos transparencia, responsabilidad y credibilidad.
Transparencia: Podemos diferenciar entre mala gestión y/o incompetencia y la comisión de un delito. El que es un mal gestor y/o un inútil con dinero público no debe seguir gestionando dinero público. El que comete un delito, además, debe cumplir con la pena. En cualquier caso, los ciudadanos ganamos sabiendo quién gestiona nuestro dinero y cuáles son sus relaciones.
Credibilidad: Cuando pasa el temporal, algunas de estas elites vuelven a tomar decisiones y dar lecciones de cómo hay que llevar las cuentas. ¿Hay que fiarse?
Responsabilidad: Si los que toman decisiones saben que sus acciones tienen consecuencias, tal vez, se lo pensarán dos veces.
Voy a ejemplificar un caso de elites extractoras de dinero público en Cataluña en el campo sanitario, que en Cataluña dirige Boi Ruiz como consejero de la materia del gobierno de Artur Mas. Ruiz, antes de entrar en el gobierno estuvo como Director General y Presidente de la Unión Catalana de Hospitales –entre 1994 y 2010-, que viene a ser la patronal de la sanidad privada catalana. En otras palabras, como si ponemos al zorro a cuidar de las gallinas.
Al lío: los apellidos de (algunas de) las elites extractivas catalanas son Bagó, Crespo, Manté y Prat. Veamos algo de cada uno de ellos:
- Ramon Bagó fue alto cargo en los gobiernos de Pujol y alcalde de Calella. Ha ocupado todos los cargos de responsabilidad en el Consorcio Sanitario y Social de Cataluña (CSC), un organismo público que gestiona varios centros sanitarios públicos en Cataluña. Además, fundó el Grupo Serhs. En principio, que alguien esté en lo público y luego en lo privado no es un problema. Otra cosa es cuando a través de su posición en lo público contrate a su empresa privada. Esta es la razón por la que la Oficina Antifraude abre una investigación (que aún dura) y que, según El País, está cuantificada en 50 millones de euros de los que 15 serían adjudicados de forma irregular.
- Xavier Crespo, ex alcalde de Lloret de Mar y diputado de CiU por Girona desde 2003. Fue gerente de la empresa pública Centros Médicos Selva Maresme (CMSM). Según la investigación de los auditores de la Sindicatura de Cuentas, durante la gestión de Crespo, la CMSM perdió 2.4 millones en ingresos, 277.000 en patrimonio, utilizó 1.3 millones de forma irregular y, no menos importante, Crespo y señora se llevaron 209.000 euros. Sí, ha vuelto ser elegido como diputado por Girona.
- Josep Prat, previo paso por Reus –donde creó el holding municipal Innova con un presupuesto de más de 300 millones-, fue nombrado por Jordi Pujol en 1998 director del Servicio Catalán de la Salud (CatSalut). En enero de 2011, es nombrado presidente del Instituto Catalán de Salud y en febrero se incorpora como miembro del consejo asesor de Artur Mas. A la vez que preside el ICS, Prat también dirige Innova –cobrando 280.000 euros más un Audi A6- y vice-preside el grupo hospitalario privado USP (el que sale y se promociona en la tele cada vez que nuestro Rey tiene que pasar por quirófano). La CUP de Reus denuncia que Prat acumula cargos y el portavoz del Gobierno de Cataluña dice cumple la ley. Pero Prat, finalmente, dimite.
- Carles Manté, no por ser el último, el menos importante. Fue director del CatSalut entre enero de 2004 y diciembre de 2008. En ese puesto concede al CSC de Bagó y dónde Prat también es directivo, un contrato de 348,6 millones para la construcción y gestión por 30 años del equipamiento sociosanitario de las Cotxeres de Borbó. Pero hay más. Manté y un arquitecto reciben 1,1 millones de Prat a través de Innova.
Como se ve, este caso muestra uno de los problemas que apunta Lapuente y que se debe (y puede) resolver: “un gran abanico de puestos en instituciones públicas (y para-públicas) que se adjudican de acuerdo a un criterio político”.
Lo más cruel de todo el caso es que esto lo mostraron Marta Sibina y Albano Dante, en su revista gratuita Cafèambllet. Les han denunciado. ¿Quién? Josep María Via, compañero de Bagó en la empresa que gestionaba los hospitales de Blanes y Calella. Además, Via ha sido socio de Prat a quien dio 720.000 euros por unos informes que no existían. ¿El motivo de la denuncia de Via? Por un “atentado contra su honor” al utilizar Sibina y Dante el término “robo” cuando se referían a lo apuntado más arriba. Pedía 20.000 euros. El juez ha decretado que Sibina y Dante paguen 10.000 euros. Lamentablemente, este sólo es un ejemplo más de elites extractivas de dinero público en materia sanitaria. Las cuentas tampoco salen en Sant Pau (Barcelona), Badalona…
Transparencia, responsabilidad y credibilidad. Estos tres conceptos se pueden traducir en medidas muy concretas que pueden mejorar este país, dando poder a los ciudadanos y así evitar situaciones como las de la sanidad pública catalana.
