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Juicio a los jóvenes de Alsasua: ¿se ha demostrado la acusación de terrorismo?

"Si algo ha quedado claro durante el juicio es que no ha habido ninguna relación con ETA, ni con otra organización terrorista", asegura Amaia Izko, abogada de la defensa de los ocho encausados.

Los letrados de las acusaciones justifican la petición de 375 años la Fiscalía por constatar que tras el suceso "hay una parte de la población de Alsasua que está atemorizada"

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El fiscal del caso Alsasua: Los agresores incurrieron en "fascismo en estado puro"

Juicio a los jóvenes de Alsasua EFE

Nueve jornadas de juicio en la Audiencia Nacional no han hecho cambiar un ápice el punto de vista de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado y de las acusaciones acerca de la supuesta agresión que padecieron dos guardias civiles y sus parejas en un bar de Alsasua la madrugada del 15 de octubre de 2016: lo que sucedió allí, sostienen, es terrorismo y no una pelea de bar. "No fue una agresión fortuita", señalaba el fiscal el jueves, cuando presentó su informe ante el tribunal. Se trató, a su juicio, de una acción "premeditada" y "organizada" de unos jóvenes para los que pide 375 años de cárcel por ser los "herederos" de la estrategia de ETA contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 

A pesar de esa contundencia, ¿ha quedado realmente probada en las dos semanas de juicio esa acusación de terrorismo que pesa sobre los ocho encausados –que tienen entre 21 y 31 años– y que en el caso de ser aceptada por el tribunal que preside Concepción Espejel puede hacer que pasen gran parte de sus vidas en prisión? "En toda la causa no hay ningún documento, ni una percepción directa ni un elemento objetivo que pueda justificar eso. Ni uno solo. Si algo ha quedado claro durante el juicio es que no ha habido ninguna relación con ETA, ni con otra organización terrorista", asegura Amaia Izko, abogada de Jokin Unamuno, en prisión provisional y para quien la Fiscalía pide 50 años de cárcel. 

Ella considera que lo único que ha quedado acreditado durante el proceso es que el altercado surgió en un "entorno festivo" y "ni se ha probado que sea preparado o premeditado". Explica que "no es una iniciativa decidida dentro de un movimiento que propugna Alde Hemendik", como sostienen tanto la Fiscalía como los informes de inteligencia, sino que es algo que "surgió cuando la gente tenía el morro caliente a altas horas de la mañana". Izko reconoce que "el motivo" de la trifulca fue la condición de guardias civiles de las víctimas, "pero eso no convierte algo en terrorismo. Lo convertirá, en todo caso, en atentado contra la autoridad".

"Gritos de borrachos"

El contexto de lo que sucedió aquella noche lo ilustra, en su opinión, el vídeo grabado por otro de los acusados, Iñaki Abad, que el tribunal aceptó incorporar a la causa la pasada semana. "Los gritos que hay son de borrachos, de puerta de discoteca", señala Izko, antes de recalcar que "no puede haber una interpretación de la ley que permita considerar cualquier cosa terrorismo". 

Frente a la opinión de esta letrada se sitúa la de Mariano Casado, abogado de la acusación popular que ejerce en el juicio la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Él considera que durante las sesiones que se han celebrado en la Audiencia Nacional ha quedado acreditado que los hechos son constitutivos de delitos de terrorismo. En su opinión ha quedado confirmada "la preparación" de la agresión, y "la comunicación" entre los acusados, así como su vinculación a "acontecimientos anteriores" relacionados con el movimiento que promulga la salida de la Guardia Civil y de otros cuerpos policiales de Euskadi y Navarra. 

"Las víctimas son dos guardias civiles y sus parejas absolutamente conocidos por los acusados, y estas personas les agreden, causándoles además lesiones graves", advierte. Casado considera así justificada la aplicación del artículo 573 bis del Código Penal, que contempla las penas por terrorismo, al indicar que se ha demostrado que por culpa del ataque se produjeron algunas de las finalidades contempladas para ese tipo de delitos "como subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o causar temor en una parte de la población". Con la agresión, explica, "se estaba procurando que la Guardia Civil se fuera de Alsasua o que dejara de poner controles y multas. Y esa finalidad afecta al cumplimiento de un mandato constitucional: la defensa de la seguridad ciudadana". 

Los "hitos fundamentales" de nueve jornadas

Se han producido, en su opinión, "hitos fundamentales" a lo largo del juicio, que han justificado esa teoría. Para empezar señala la declaración de Jokin Unamuno, "cuando dijo que pedía disculpas por si de su actuación se pudo derivar lo que vino después". Menciona también el testimonio de las víctimas, porque "hablaron con rigor y fueron contundentes". Considera "esencial" el testimonio de Paulette, amigo tanto de los acusados como de una de las víctimas, que fue el único testigo que confirmó que se produjo una agresión, si bien no reconoció a ninguno de sus autores. Y juzga como definitiva la intervención de los peritos de inteligencia, tres guardias civiles que vincularon lo sucedido con ETA.

"Como consecuencia de lo ocurrido hay una parte de la población que está atemorizada, entre ellos los guardias civiles, sus familias y su entorno más cercano", argumenta, para refrendar esa vinculación con el terrorismo. Tanto la acusación que ejerce la AUGC como la que ostentan el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite y el abogado de las novias de los guardias civiles se sumaron a las peticiones de penas formuladas por la Fiscalía. 

"¿Hay desórdenes públicos terroristas o hay cuatro jóvenes borrachos pegando gritos?" se pregunta, por su parte, Jaime Montero, abogado de Oihan Arnanz, acusado para el que se piden 62 años de cárcel y que se encuentra en prisión provisional. En su opinión ha quedado claro durante el juicio que fue más bien lo segundo, sobre todo tras la proyección del vídeo grabado por Iñaki Abad. Él denuncia el "interés de la Guardia Civil" que cree haber quedado patente durante el juicio "en vincular unos hechos que ocurren a las cinco de la mañana de un día de ferias con una reivindicación política" como la de Alde Hemendik, y a su vez vincular a ésta con el terrorismo. 

¿Criterios jurídicos vs. intereses políticos?

"Aquí se ha mantenido esta acusación de terrorismo no por criterios jurídicos o elementos fácticos, sino por otro tipo de intereses políticos: mantener una realidad aunque sea ficticia, criminalizar determinados movimientos sociales e incluso desestabilizar la realidad institucional de Navarra de hoy en día. Como gobiernan los nacionalistas se ha pretendido hacer ver que la comunidad es el chiringuito de la Kale Borroka. Y eso es mentira", concluye Amaia Izko.

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