Rumanía celebra un referéndum sobre los retrocesos en la lucha anticorrupción

Doce años después de entrar en la Unión Europea, el problema de la corrupción sigue tan candente en Rumanía que este domingo se celebra un referéndum consultivo sobre las reformas legales impuestas por el Gobierno socialdemócrata, y que Bruselas denuncia han revertido los logros de la última década.

“¿Está de acuerdo con prohibir la amnistía y los indultos para delitos de corrupción?”, reza la primera pregunta del referéndum, convocado por el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, en un directo ataque al Partido Socialdemócrata (PSD), que lidera la coalición de Gobierno desde enero de 2017.

Una alta participación en este “referéndum sobre la justicia” podría tener un efecto disuasorio sobre la polémica agenda de reformas judiciales del Gobierno, señala a Efe el profesor de Ciencias Políticas Radu Carp.

“Su posición será mucho más frágil”, explica Carp sobre las consecuencias de este escenario para el PSD, un partido cada vez más populista y eurocrítico.

La segunda pregunta, criticada por muchos por su falta de claridad, se refiere a la prohibición de los decretos a los que el Ejecutivo ha recurrido para acometer sus reformas del sistema judicial sin pasar por el Parlamento.

“¿Está de acuerdo con prohibir la adopción, por parte del Gobierno, de ordenanzas de urgencia (decretos) sobre delitos, penas y organización judicial (...)?”, plantea la pregunta.

La segunda parte versa sobre la posibilidad de que los decretos puedan ser recurridos ante el Tribunal Constitucional sin pasar por el actual trámite del Defensor del Pueblo.

Aunque se espera que gane el “sí”, más difícil es que la participación llegue al 30 % que obligaría al Gobierno a tener en cuenta el resultado en sus políticas, una fórmula muy ambigua, ya que la consulta no es vinculante.

En cualquier caso, un voto masivo por el “sí” tendría un valor simbólico y, según Carp, respaldaría la preocupación de la Comisión Europea sobre el deterioro del Estado de derecho en Rumanía desde que gobiernan los socialdemócratas.

Según Transparencia Internacional, Rumanía fue el año pasado el cuarto país de la Unión Europea (UE) con mayor percepción de corrupción, con sólo 47 puntos sobre 100 en la escala de limpieza de esa ONG (el mejor puntuado es Dinamarca, con 88 puntos. España tiene 58).

Aunque ha dicho que no le tiene “miedo” al referéndum, el PSD ha evitado llamar a participar en el mismo, pero tampoco ha pedido que se vote por el “no”.

Para el líder socialdemócrata y presidente del Congreso, Liviu Dragnea, la consulta es “un engaño” de Iohannis -obligado por ley a ser independiente- para hacer campaña para las elecciones europeas del domingo por el opositor Partido Nacional Liberal (PNL).

De hecho, Iohannis, con el apoyo del Partido Popular europeo, al que pertenece el Partido Nacional Liberal, ha vinculado varias veces el referéndum con el apoyo al PNL en estas elecciones.

Desde que asumiera el poder en enero de 2017, la coalición que forman el PSD y el pequeño partido liberal ALDE ha impulsado cambios legales que aceleran la prescripción de ciertos delitos de corrupción, reducen las penas y eliminaban del código penal algunos delitos menores.

También ha destituido a Laura Kovesi, la popular y reconocida fiscal anticorrupción, que en los últimos años ha investigado a cientos de políticos, incluidos ministros y un ex primer ministro.

Entre los beneficiados por estos cambios, que han provocado protestas multitudinarias en el pasado y contra los que la oposición ha presentado recursos, está el propio Liviu Dragnea, considerado el hombre fuerte del país y quien verdaderamente dirige el Ejecutivo.

El veterano político tiene vetado ocupar el cargo de primer ministro al haber sido condenado por corrupción.

De hecho, el lunes, un día después del referéndum y de las elecciones europeas, se conocerá la decisión de la justicia sobre otra acusación que tiene pendiente.

La Comisión Europea ha recriminado al Gobierno de Bucarest que esté “revirtiendo los avances conseguidos en los últimos años”, en referencia al endurecimiento de la lucha anticorrupción que comenzó bajo la presidencia del liberal Traian Basescu (2004-2014).

Mientras tanto, el PSD ha justificado sus reformas en la necesidad de poner fin a la politización de la justicia que, a su juicio, caracterizó la presidencia de Basescu.

“Basescu dio a los servicios secretos un enorme poder sobre los magistrados”, dice a Efe la activista anticorrupción Alina Mungiu-Pippidi.

Según la reconocida académica, la lucha contra la corrupción entre los magistrados permitió a los servicios de inteligencia obtener grabaciones de muchos de ellos, que luego podían utilizarse para presionarlos.

Esta antigua aliada de Basescu considera el referéndum una medida “populista” que no tiene más valor que “una encuesta de opinión”.

Mungiu-Pippidi reprocha a la Comisión Europea una visión “burocrática” de la realidad, que le habría impedido ver los supuestos atropellos en materia de justicia del segundo mandato de Basescu.

Marcel Gascón