El juez señala a Aguirre como “supervisora” del plan del PP madrileño para poner las partidas de publicidad “al servicio del partido”
La otrora todopoderosa Esperanza Aguirre es, desde este lunes, una investigada en la trama Púnica. Así lo ha decretado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. Pero no es una investigada más. El magistrado le otorga el papel de “supervisora” del proceso por el cual el PP madrileño se financió supuestamente a través de contratos de publicidad de diferentes consejerías.
Aguirre figura en el escrito conocido este lunes como una “supervisora” de los trabajos que se realizaban en las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid con contratos publicitarios a través de los cuales se habrían financiado las campañas electorales con las que el PP logró cimentar un poder omnipresente en la región durante años.
“El instrumento que se utilizaría como transvase de fondos, Fundescam, estaba bajo la supervisión de Esperanza Aguirre”, figura en el escrito del magistrado. Así, sitúa a la expresidenta un escalón por encima de sus colaboradores Beltrán Gutiérrez, Ignacio González y Francisco Granados. A ellos les otorga el “control directo” de los trabajos y apunta que “ejecutaban” las decisiones de Aguirre. A Gutiérrez le atribuye también la contabilidad de los ingresos y gastos de la Fundación.
García Castellón considera en su escrito que todos ellos se sirvieron de la circunstancia de que Fundescam era una fundación adscrita al partido y, por tanto, gestionada desde el mismo para utilizarla como instrumento de “desvío de fondos públicos a través de anuales subvenciones concedidas por la Comunidad que pagarían gastos de funcionamiento del propio partido y gastos electorales que se omitieron en la contabilidad electoral, sin declararse ante la Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas”.
Prosigue el auto incidiendo en que la competencia para la tramitación y concesión de las subvenciones a los partidos políticos estaba asignada en la figura del vicepresidente, Ignacio González. Este hecho fue utilizado por dirigentes del PP madrileño para solicitar a la secretaría general técnica, “familiarizada con el desvío de fondos públicos de los contratos de simulada publicidad”, subvenciones a la Comunidad.
Con todo ello, apunta García Castellón, el partido superó a través de este mecanismo los límites de gasto en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 y las generales de 2008. En este sistema, atribuye a Aguirre, González, Granados y Gutiérrez “un papel decisivo y esencial”.
En concreto, respecto a la expresidenta de la Comunidad, el juez señala que “la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos” que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba. Además de ser la “supervisora última” de las “sinergias” entre sus consejeros de confianza. “Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta”, concluye.
El auto remonta el inicio de las operaciones de este sistema a 2004. Entonces, en una reunión que estuvo presidida por Esperanza Aguirre, se “dio instrucciones” a los consejeros para que se contara con Daniel Horacio y Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación, bajo la decisión final del vicepresidente, Ignacio GONZÁLEZ, algo que en el diseño del plan fue “un ardid para poner la partida de publicidad de cada Consejería al servicio del partido”.
“La supervisión y el control de las partidas de publicidad de cualquier Consejería en sus contratos se habría centralizado al más alto nivel del gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre”, añade el escrito.
