Las comunidades se revuelven contra los planes de Sánchez para la desescalada

Quim Torra, Iñigo Urkullu, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Javier Lambán, Emiliano García-Page o Juan Manuel Moreno. Seis presidentes autonómicos de distinto signo a los que les une su cruzada contra el estado de alarma y el proceso de desescalada del confinamiento en vigor desde el pasado 16 de marzo. Cada uno desde su posición, con recetas diferentes y planes a veces contradictorios. El enfrentamiento entre el Gobierno central y algunos dirigentes autonómicos ha subido de intensidad en las últimas semanas, a dos días de que el Congreso deba votar una nueva prórroga de la excepcionalidad en la que vive España.

El Ejecutivo de coalición no tiene seguro ganar la votación, pero insiste: no hay alternativa al estado de alarma. Este mismo lunes lo hizo Sánchez en una conversación telefónica con el líder del PP, Pablo Casado. En los últimos días, son muchos los ministros y dirigentes de los partidos que participan en el Gobierno que han abundado en esta idea, como el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

El pasado domingo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió a reunirse con sus homólogos autonómicos. Desplantes aparte, fue patente otra vez que las comunidades no están especialmente a gusto con el sistema actual, que otorga al Ejecutivo el mando único en todo el Estado en materias que están transferidas a las diferentes regiones.

Sánchez puso sobre la mesa un fondo de 16.000 millones de euros y abrió un plazo para que los Gobiernos autonómicos remitan al central sus propuestas para el desconfinamiento. Pero con la condición de que será él quien dirija todo el proceso, que no terminará antes de finales de junio, según el plan que presentó el propio Sánchez y que ahora se abre a modificar parcialmente.

A los duros enfrentamientos que Sánchez ha mantenido casi desde el estallido de la pandemia con el presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, o la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han unido otras desavenencias con importantes dirigentes territoriales como Urkullu (País Vasco) o Feijóo (Galicia). E incluso con algunos de su propio partido, como los presidentes de Aragón, Javier Lambán, o de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

El mismo domingo, el equipo de Sánchez desmintió a la Generalitat catalana, que dio por hecho que el desconfinamiento no se haría por provincias, sino por regiones sanitarias e incluso por Áreas Básicas de Salud (ABS), correspondientes a cada centro de Atención Primaria. Torra ha criticado que el proceso de desescalada vaya tan rápido y, por eso, reclama que sea el Govern quien decida los próximos pasos. Su partido, Junts per Catalunya, nunca ha apoyado el estado de alarma en el Congreso.

Algunos presidentes del PP también rechazan el estado de alarma. Ayuso y Feijóo se posicionaron el domingo en contra de una prórroga. Como su homólogo catalán, el presidente gallego criticó que la unidad para la reapertura del confinamiento sea la provincia y ha pedido incluso que se modifique la ley orgánica de salud pública para permitir las restricciones de movimientos sin tener que recurrir al estado de alarma, aunque la Constitución establece un procedimiento reforzado para la aprobación de normas que versan sobre el desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas difícilmente compatible con la urgencia de la prórroga del estado de alarma.

Para Feijóo, y para la política gallega, hay una cuestión clave por resolver: cuándo celebrar las elecciones autonómicas. Previstas para este octubre, el presidente gallego optó por adelantarlas a abril y hacerlas coincidir con las vascas. La expansión del SARS-CoV-2 provocó su cancelación y ahora se ha abierto una pugna por ponerles fecha. Mientras esté vigente el estado de alarma, no se podrán convocar.

En Euskadi, precisamente, existe el mismo problema. Urkullu quiere que los comicios pospuestos sean en julio, pero la oposición se niega. Y no solo. El PNV cogobierna con el PSE y desde el primer momento se han dado diferencias de criterio en el seno del Gobierno autonómico, especialmente por el confinamiento, primero, y la hibernación de la economía, después. Para rematar, el debate sobre la gestión de la pandemia se ha enturbiado con el ambiente preelectoral.

El lehendakari reclamó el domingo formalmente acabar con el estado de alarma y aplicar, desde el día 11 de mayo, la legislación ordinaria. Llegados a ese punto, reclama “un marco bilateral” y “codecisión”.

Esa fecha del 11 de mayo es la que marca actualmente la vigencia del estado de alarma. Este mismo miércoles se sabrá si el Congreso lo prorroga otras dos semanas, hasta finales de mayo. De momento, Sánchez no cuenta con más apoyos que los del PSOE, Unidas Podemos y alguno de los socios minoritarios de la investidura.

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, es partidario de mantenerlo, en contra del criterio de su partido. Pero ya ha lanzado un plan por si se levantase en el que situará al consejero de Sanidad, Jesús Aguirre, como el responsable de decretar, o levantar, el confinamiento de los andaluces.

Diferencias en el PSOE

Si el Congreso renueva el estado de alarma, el 11 de mayo algunas provincias –siempre que no cambie la unidad territorial defendida por el Gobierno– entrarán en la llamada Fase 1 de la desescalada. Pero algunas comunidades ya están reclamando que, como ocurre con algunas islas en Baleares y en Canarias, el Ejecutivo permita acelerar en las zonas menos expuestas al coronavirus.

Es el caso de Aragón. Javier Lambán cree que en su región, como en otras, existe una dualidad entre Zaragoza capital, que aglutina a 700.000 habitantes en un solo municipio, con el resto del territorio, otros 730 municipios que reúnen una población total de 600.000 personas. Por eso, plantea que en las zonas rurales se pase directamente a la Fase 2.

No es la única crítica al plan de Sánchez desde su propio bando. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado que el reparto del dinero del fondo de 16.000 millones anunciado por el Gobierno el domingo tenga en cuenta el impacto que ha tenido la COVID-19 en cada comunidad. Tampoco se ha mostrado de acuerdo con el uso de la provincia como unidad territorial ni con la reapertura parcial de las escuelas para los menores de seis años.