El Congreso rechazará la petición de Ábalos para recuperar sus derechos como diputado

El Congreso rechazará la petición de José Luis Ábalos para que se reconsidere su suspensión como diputado. El exministro envió el 31 de diciembre un escrito a la Mesa de la Cámara Baja en el que consideraba que la decisión de retirarle sus derechos parlamentarios fue “precipitada, indebida y arriesgada” y pedía que la reconsiderase. Fuentes parlamentarias afirman sin embargo que rechazarán la petición y niegan que se tratase de una decisión discrecional.

El exministro socialista quedó suspendido el pasado 10 de diciembre como parlamentario. El Congreso tomó la decisión después de su entrada en prisión preventiva y tras ser procesado en firme por el Tribunal Supremo. Dos de los tres requisitos que contempla el reglamento de la cámara para que la Mesa pueda tomar una decisión como esta. La tercera condición es la concesión de un suplicatorio que ya fue aceptada meses atrás por la institución.

No obstante, Ábalos envió un escrito hace apenas unos días a la Mesa para que reconsiderase su decisión. Según argumentó en su cuenta de X, la suspensión se tomó de forma “precipitada, indebida y arriesgada”, toda vez que el Supremo aún no ha resuelto el recurso de apelación que presentó contra el auto con el que el juez decretó prisión preventiva contra él dentro de la causa que investiga si tanto él como su exasesor Koldo García y el exdirigente socialista Santos Cerdán cobraron comisiones por contratos millonarios de venta de mascarillas durante la pandemia.

La suspensión, señalaba Ábalos, “vulnera principios democráticos y del Estado de Derecho como el respeto a los procedimientos, la separación de poderes y la igualdad de trato” y “daña la confianza institucional y la imparcialidad necesaria para la democracia parlamentaria y representativa”. El exministro y secretario de Organización socialista pedía en su escrito ser restituido “al menos” hasta que se celebre la vista del día 15 de enero, fecha fijada por la sala segunda del Supremo para estudiar su recurso.

Pero según confirman fuentes parlamentarias a este diario, el Congreso rechazará de plano la petición. “La decisión suspenderle no fue una decisión discrecional, fue una decisión reglada”, argumentan esas mismas fuentes. La suspensión de Ábalos se tomó siguiendo la literalidad del artículo 21 del reglamento. El segundo punto de ese artículo dice específicamente que los diputados quedarán suspendidos cuando “concedida por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y firme el Auto de procesamiento, se hallaren en situación de prisión preventiva y mientras dure esta”.

Aquella decisión, que tomó el órgano de gobierno del Congreso el pasado 10 de diciembre, dejó a Ábalos sin retribuciones económicas y también sin la posibilidad de participar en los trabajos parlamentarios ni en las votaciones. En concreto, y mientras dure la suspensión, la Cámara aprobó “no autorizar el abono de las percepciones económicas propias de la condición del diputado”, “dar de baja al mencionado diputado en la cobertura de protección social con cargo al Presupuesto de la Cámara, así como en la póliza de accidentes concertada por las Cortes Generales” y “detraer la parte proporcional de la subvención correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto”.

El sueldo que Ábalos percibía por su labor como diputado era de 3.236 euros brutos mensuales que conforman su sueldo, más otros 2.000 que tienen asignados los parlamentarios que no son de Madrid para sus gastos derivados de la actividad del Congreso.

Interpretación escrupulosa del reglamento

La Cámara Baja, pese a las quejas del exministro, descarta haber actuado de forma precipitada. De hecho, terminó demorando la ejecución de la suspensión más de lo previsto inicialmente. La Mesa pensaba en un primer momento zanjar el asunto con la entrada en prisión preventiva del entonces diputado, pero después de un largo debate y varias consultas a los letrados se inclinó por una interpretación escrupulosa del reglamento.

Para ello, el Congreso debía esperar a que se cumplieran las tres condiciones y que el auto de procesamiento fuera firme. Todo con la idea de que una decisión de este calado no pudiera ser impugnada en la Justicia por el exdirigente socialista.

El Congreso decidió aguardar así hasta que el Supremo deliberase sobre los recursos presentados y dejase firme el auto, una decisión que confirmó finalmente a principios de diciembre. Antes, Ábalos intentó un último movimiento para exprimir los grises que dejaba ese limbo temporal y pidió votar en la última sesión plenaria del año. Para ello solicitó el voto telemático, en base a una reforma reciente del reglamento que permite usar esta prerrogativa en “situaciones excepcionales de especial gravedad”. Con la decisión de la Mesa, esa posibilidad quedó enterrada y ni siquiera se llegó a debatir entre sus miembros.