El Congreso trabajará a pleno rendimiento por primera vez en su historia con el Gobierno en funciones

El Congreso empezará su actividad plenaria a partir del 15

Nunca había ocurrido en todos estos años de democracia. Ni el fracaso en una segunda vuelta de un candidato en su intento de investidura a la presidencia del Gobierno, ni tampoco que la Cámara decidiera funcionar a pleno rendimiento con el Gobierno en funciones. Pero así será. El Congreso empezará a celebrar plenos ordinarios a partir del 15 de marzo para debatir las propuestas de los grupos, a la espera de ver si se convocan finalmente elecciones generales, que de confirmarse se fijarían previsiblemente para el 26 de junio.

Podemos y PSOE lanzan una ofensiva legislativa en el primer día de actividad del Congreso

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El próximo martes habrá una Junta de Portavoces que acordará el orden del día de los primeros plenos, que se celebrarán entre el 15 y el 17 de marzo. Todavía no está decidido el contenido de ninguno de ellos pero, según fuentes de la Mesa del Congreso, la voluntad de todos los portavoces es ir dando prioridad a las iniciativas según hayan ido entrando en el registro en base a la representatividad que tiene cada grupo parlamentario en la Cámara.

Esta inusual situación ha sido acogida por los diputados con normalidad. En opinión del portavoz de Podemos, Íñigo Errejón, "esto puede contribuir a desdramatizar un poco la vida política española y lanzar un mensaje de tranquilidad y normalidad".

El único parón será el de la Semana Santa -la semana del 21 al 27 de marzo- porque a finales del mes se reanudarán los plenos. En abril hay programados nueve, tres cada semana. En la primera semana de cada mes no se celebran plenos.

Según el calendario aprobado, también habrá plenos durante los meses de mayo, el 9, y junio, el 15, salvo que para entonces las Cortes queden disueltas en el caso de que ningún otro candidato consiga la investidura, lo que tendría que ocurrir antes del 3 de mayo.

Dos de las iniciativas que esperan son la moción del PP "en defensa de la unidad de España y de los valores constitucionales", presentada a mediados de enero por el portavoz del PP, Rafael Hernando, y la proposición no de ley de Ciudadanos en la que se insta al Congreso a poner en marcha medidas para "frenar cualquier acción que pretenda subvertir el orden constitucional".

En el Congreso se han registrado a lo largo de estos meses otras 110 proposiciones no de ley para su debate en pleno y 144 en Comisión. Y 15 proposiciones de ley. Una de las más esperadas es la Ley 25 de emergencia social presentada por Podemos.

El PSOE es el grupo que más iniciativas de este tipo ha registrado, entre otras cosas, para la derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal; la reforma de la ley de 18 de junio de 1870 sobre el indulto; otra de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.

Además, los socialistas piden la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la ley de Enjuiciamiento Criminal; la modificación de RTVE "para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos"; y la reforma de la ley Orgánica del Régimen Electoral General, para facilitar el ejercicio del voto de los españoles en el exterior.

El PSOE también ha registrado una Proposición de Ley sobre la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública y la suspensión del calendario de la implantación de la LOMCE, "para la mejora de la calidad educativa"

Por su parte, Ciudadanos quieren que se debata la modificación del régimen de tasas judiciales, para la exención a las entidades sin fines lucrativos; ERC pide la modificación de la ley del Poder Judicial, relativa a la mejora de la justicia universal. Y En Comú-Podem tiene registrada una Proposición de Ley Orgánica de modificación del Código Penal.

El PP no ha registrado proposiciones de ley, pero sí varias proposiciones no de ley, ademas de la citada por la "unidad de España", como la que persigue un pacto nacional por la Educación; otra para "consolidar el cumplimiento del pacto antiyihadista"; medidas para mejorar la lucha contra la violencia de género, así como una encaminada a "la pronta liberación de los presos políticos de Venezuela".

En el registro también hay presentadas 40 peticiones de comparecencia de ministros en Comisión, hechas por diferentes grupos. La que más peticiones acumula es la titular de Fomento, con once. Pero también se solicita la presencia de los ministros de Justicia; Industria; Economía; Sanidad; Interior; Educación ; Agricultura; Defensa y Asuntos Exteriores.

A principios de este mes se rechazó la comparecencia en el pleno del presidente en funciones, Mariano Rajoy, para explicar la postura de España en la cumbre celebrada en Bruselas. El PP alegó que no daba tiempo y los demás grupos accedieron a que finalmente fuera el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, el que le sustituyera en su correspondiente Comisión. Fue la primera comparecencia de un ministro en el Congreso en esta legislatura.

La siguiente en comparecer será la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aunque la fecha sigue todavía pendiente de cerrar.

El Congreso tendrá también que pronunciarse sobre la creación de una Comisión de Investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois solicitada por Podemos-En Común Podem-En Marea y por el Grupo Mixto.

Asimismo todos los grupos han pactado que se abra cuanto antes una ponencia para la reforma del Reglamento, en su correspondiente comisión, propuesta que ha registrado de momento el PSOE.

Junto a todo esto, se acumulan seis peticiones de Iniciativa Legislativas Populares (ILP) que ya han sido calificadas por la Mesa del Congreso. Entre ellas destacan, una Proposición de Ley sobre dación en pago presentada por el movimiento de los Verdes Ecopacifistas; otra Proposición de Ley de responsabilidad parental y de relaciones familiares que han traído a la Cámara representantes de la Plataforma Somos Iguales; y una tercera Proposición de Ley sobre establecimiento de una prestación de ingresos mínimos en el ámbito de protección de la Seguridad Social, registrada por un grupo de ciudadanos.

Estas iniciativas tienen que estar avaladas por al menos 500.000 firmas para poder ser tramitadas. Varios grupos quieren ahora rebajar a la mitad este requisito.

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6 de marzo de 2016 - 20:00 h

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