El Constitucional aplaza sin fecha el debate sobre la 'ley mordaza' por la discrepancias entre sus magistrados 

Fotografia de archivo de una manifestación contra la 'ley mordaza'.

El Constitucional aplaza sin fecha la decisión sobre la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza' que el PP aprobó en solitario en 2015 cuando gobernaba con mayoría absoluta. Ante las discrepancias entre los magistrados, el pleno ha acordado devolver el asunto a la comisión específica creada para analizar algunos de los artículos más polémicos de esa ley. Entre ellos, los que permiten las devoluciones en caliente de inmigrantes, ponen trabas al derecho de manifestación o avalan los cacheos 'preventivos'. El asunto "volverá a insertarse en el orden del día de un futuro pleno", según ha comunicado la institución en una nota de prensa. 

La decisión llega tras el debate intenso de las dos últimas jornadas en las que los magistrados han analizado la propuesta de sentencia del magistrado progresista Fernando Valdés, a quien correspondió por reparto. Sin embargo, su proyecto no ha convencido al resto de progresistas, que lo consideran insuficiente; ni tampoco a los conservadores, que no son partidarios de hacer grandes retoques al que fue proyecto estrella de Jorge Fernández Díaz en su paso por el Ministerio del Interior.

La institución recalca "la complejidad de la materia y su sensibilidad político-social", lo que "exige la articulación de razonamientos jurídicos minuciosos y precisos". La citada comisión está constituida por el ponente Fernando Valdés y los magistrados Juan Antonio Xiol, Antonio Narváez y Ricardo Enríquez, que examinarán las observaciones de los magistrados para "propiciar una fundamentada resolución final". 

La 'ley mordaza' fue aprobada en solitario por la mayoría absoluta del PP en 2015 como respuesta a las movilizaciones que discutían en la calle los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. El debate en el Constitucional se produce a raíz de un recurso sobre los artículos más restrictivos de la citada ley presentado por las formaciones que estaban en la oposición a principios de 2015: PSOE, PNV, CiU, UPyD e IU.

Fuentes del tribunal explican que es "relativamente frecuente" que se pongan en marcha comisiones de varios magistrados para el estudio de asuntos "complejos". Así ocurrió, por ejemplo, con los recursos de amparo del procés, tanto de los relativos a la instrucción del juez Pablo Llarena, como los de la sentencia del Supremo; con el Código Tributario catalán o con el Estatut. 

La propuesta de Valdés 

La ponencia de Valdés, que no ha logrado aunar el respaldo de la mayoría de magistrados, preveía limitar el alcance del artículo que ampara las devoluciones en caliente –la vuelta inmediata a Marruecos de los inmigrantes que entran en España– y proponía que únicamente estén autorizadas en caso de entradas masivas y violentas. La 'ley mordaza' avala las expulsiones de migrantes interceptados en las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla sin identificación ni procedimiento administrativo. Y, por tanto, sin la posibilidad de solicitar asilo.

El proyecto del ponente también proponía dejar de sancionar con carácter general las concentraciones pacíficas frente al Congreso. El argumento del magistrado es que si no se está celebrando un pleno en ese momento y, por tanto, no hay riesgo de que se ponga en peligro el ejercicio de la labor parlamentaria no hay elementos para prohibir un derecho fundamental.

También está en discusión el articulado que sanciona la grabación o difusión de imágenes de agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin su consentimiento o la parte de la norma que avala los cacheos 'preventivos'. Sobre estos últimos, la propuesta es que estuvieran supeditados a criterios de "necesidad" y "proporcionalidad". Otros artículos que han sido objeto debate en las dos últimas jornadas son los relativos a las multas por ocupar la vía pública para la venta no autorizada y al régimen sancionador en su conjunto.

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18 de junio de 2020 - 15:09 h

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