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La comisión que investiga la corrupción en Madrid: dos años sobreviviendo a las zancadillas del PP

Nació gracias a que el PP perdió la mayoría absoluta y ha servido para sentar frente a los diputados a los principales implicados en casos de corrupción

La comisión también ha llamado a comparecer a los últimos presidentes autonómicos y ha analizado grandes cantidades de documentación

Cifuentes vuelve a plantear su cierre después de haberlo intentado en varias ocasiones, echando mano incluso de los servicios jurídicos de la Asamblea

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Cifuentes ya ha pedido un informe a la Abogacía General de la Comunidad para la supresión del Consejo Consultivo

Gallardón, Cifuentes, Aguirre y González en un acto de la Comunidad de Madrid.

Se constituyó gracias a que el PP había perdido la mayoría en la Asamblea regional después de 20 años de mayorías absolutas. La comisión que investiga la corrupción en Madrid lleva más de dos años funcionando pese a que el partido de Cristina Cifuentes ha hecho todo lo posible por acabar con ella. El PP vuelve ahora a intentar cerrar este órgano, que ha conseguido sentar frente a los representantes de los madrileños a los principales implicados en los desmanes políticos desde los últimos años. Entre ellos, a cuatro de los últimos cinco presidentes regionales.

Nació impulsada por un acuerdo entre los tres partidos de la oposición: Podemos, PSOE y Ciudadanos. Desde el primer momento, el PP se mostró en contra y ha tratado de dificultar sus trabajos. Ahora, la presidenta regional recupera la amenaza de que su partido puede abandonarla porque "está empezando a ser una comisión de inquisición". Su reacción responde a la intervención de los diputados de Podemos durante la comparecencia de Alberto Ruiz Gallardón, pero no es la primera vez que el PP intenta acabar con ella.

Desde el inicio se opusieron a que investigase casos como Púnica y Gürtel, las dos grandes trama de corrupción que enraizaron en la Comunidad de Madrid. Alegaron entonces que los casos estaba judicializados y que el objetivo último de la oposición era "abrir una causa general" contra el PP. La formación aún no se había acostumbrado al nuevo ecosistema de la Asamblea en la que, tras dos décadas, los populares ya no contaban con el rodillo de la mayoría absoluta.

La comisión superó las varias trabas durante sus primeras sesiones, en las que los diputados de la oposición tuvieron incluso que pelear porque las comparecencias se transmitiesen en directo por internet.

Unos meses más tarde volvían los escollos. El portavoz del PP en la Comisión, Alfonso Serrano, reclamó a la oposición que se replantease seguir con los trabajos después de que un juez tumbase un órgano similar en el Ayuntamiento de Madrid. A principios de este año, el partido de Cifuentes pasó a la acción y pidió un informe a los servicios jurídicos de la Asamblea para ver si, en base a la decisión sobre el Ayuntamiento, tenía argumentos para tumbar la comisión de la Asamblea.

No hubo suerte. Los letrados del parlamento regional apuntaron en octubre que  las comisiones no podían compararse y no había resquicio legal al que agarrarse para acabar la investigación parlamentaria de la corrupción madrileña.

La última amenaza de Cifuentes de retirar a su partido pretende torpedear una comisión que ha conseguido sentar en la Asamblea a los protagonistas de los casos de corrupción más importantes de los últimos años en Madrid. En muchos casos no han aportado grandes revelaciones de los casos, pero sí que ha servido para que se enfrentasen a las preguntas de los representantes de los madrileños.

Marjaliza se sentó en octubre de 2016, aunque no quiso hablar. Su socio en Púnica, Francisco Granados, compareció desde la cárcel -la primera vez que intervenía en público desde que fue encarcelado- y aunque intentó hablar de la trama, la presidenta de la comisión no se lo permitió porque solo estaba citado por el caso de los espías.

Ignacio González también fue obligado a acudir a comparecer, aunque se resistió, y lo hizo meses antes de ser enviado a prisión por el caso Lezo. En su caso había sido llamado por la venta de pisos sociales a fondos buitre, pero acabó teniendo que enfrentarse a preguntas sobre el caso Ático. Unos días antes se había reunido con el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, para expresarle su "preocupación" sobre la investigación parlamentaria.

Además de González, por la comisión han pasado los últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, incluida Cifuentes, citada después de que la UCO la implicase en la mecánica de la financiación ilegal del PP. En su comparecencia, tras haber atacado a los agentes que le investigaban, insistió en que la UCO  "llega a unas conclusiones y realiza unos juicios de valor que no corresponden a un cuerpo como la Guardia Civil".

También tuvo que responder a las preguntas de los diputados Esperanza Aguirre, un día después de que los agentes hubiesen registrado la sede del PP de Madrid, y meses antes de que los investigadores de Púnica certificasen las prácticas ilegales para llenar la caja B regional. En su comparecencia, la expresidenta dijo que los posibles desmanes se produjeron, o bien porque ella no controlaba todos los gatos, o bien porque se dieron en su periodo de retiro temporal de la política.

El último presidente madrileño en ocupar la silla de los comparecientes ha sido Alberto Ruiz Gallardón, investigado en el caso Lezo por el primer pelotazo del Canal de Isabel II en Latinoamérica.  "Estoy profundamente orgulloso de todo aquello que ustedes están intentando ensuciar", dijo durante su intervención. Su encontronazo con los diputados de Podemos es lo que ha llevado a Cifuentes a definir como un "linchamiento" los trabajos de la comisión.

A la comisión no solo han asistido los máximos representantes de la Comunidad de Madrid, sino multitud de cargos intermedios de empresas y administraciones envueltas en casos de corrupción. Además, los diputados de la comisión dedican parte de su trabajo a intentar conseguir documentación sobre los desmanes económicos de los últimos años, una tarea que también les ha enfrentado al Gobierno regional.

El último episodio se ha vivido con las actas del Canal de los Consejos de Administración en los que participó Cifuentes. El Ejecutivo se las ha negado reiteradamente a los diputados con el argumento de que quiere evitar un "juicio paralelo", una alegación similar a la que están utilizando para intentar cerrar la comisión que indaga en el lodazal de la corrupción madrileña.

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