El exdirigente de Ciudadanos en La Rioja que ganó el pleito por su expulsión se lanza a investigar las cuentas del partido

Enrique Echazarra se afilió a Ciudadanos La Rioja, su tierra natal, en 2014, cuando la formación que fundó Albert Rivera estaba en esa comunidad aún en proceso de gestación. En estos seis años más de la mitad de ellos ha estado litigando y peleando contra el que sigue siendo su partido, del que fue expulsado y readmitido hace menos de un año por sentencia firme judicial.

“Me afilié a Ciudadanos con mucha ilusión porque creí en la regeneración política y en la participación de la afiliación, y porque tenía confianza en todos los estamentos del partido”, asegura Echazarra. El grupo inicial que se embarcó en la nueva aventura era muy pequeño pero fue creciendo hasta llegar a formar una agrupación que fue la encargada de engrasar la maquinaria para las elecciones autonómicas y municipales, que estaban al caer. Con el tiempo Echazarra llegó a ser miembro de la Junta Directiva regional.

Su desdicha comenzó cuando en 2016 fue acusado de enviar a otros compañeros desde su ordenardor documentación con datos sobre el censo de afiliados, lo que según la dirección nacional vulneraba los principios de “confidencialidad”. Él negó las acusaciones y consideró esos motivos como “una excusa” para quitárselo de en medio como represalia por las denuncias que venía realizando sobre diversas irregularidades internas que apreciaba dentro de la formación. Aquella acusación derivó en la apertura de un expediente disciplinario por orden de la dirección nacional -que dirigía entonces Rivera- , que al final terminó en expulsión.

Eran años, recuenda Echazarra, en los que no se movía ni una hoja sin el beneplácito del todopoderoso exsecretario de Organización, Fran Hervías, apodado señor Lobo, como el personaje de Pulp Fictión, por ser el encargado de la 'limpieza' del partido. El férreo control que Hervías ejercía internamente ayudó a expandir poco a poco Ciudadanos por todo el territorio nacional, creando agrupaciones sin descanso, en las que el número tres de Rivera fue colocando toda una red de fieles que le tenían al tanto de todo lo que en ellas se cocía.

Mientras el expediente de expulsión de Echazarra seguía su curso, la Junta Directiva de La Rioja denunció por carta al Comité de Garantías y a la Ejecutiva nacional que en enero de 2017 se había contratado como auxiliar administrativa a la delegada territorial y concejala del partido, María Luisa Alonso, con fondos de la subvención pública que recibía el grupo municipal del Ayuntamiento de Logroño, algo que prohíbe la Ley de Bases de Régimen Local. Lejos de investigar el asunto, la respuesta de la cúpula nacional fue cesarles a todos en bloque con la excusa de que había que acometer una “reestructuración” en las agrupaciones.

El caso terminó siendo involuntariamente destapado por la propia Alonso que acreditó esas prácticas ante un nutrido grupo de afiliados y cargos del partido durante una asamblea interna celebrada en plena polémica por su caso. Su intervención en aquella reunión quedó grabada, y fue publicada por varios medios regionales. Eldiario.es reprodujo otra de las conversaciones internas en las que quedaba acreditado que los miembros de la direccion regional entregaron a Alonso la denuncia sobre su sueldo enviada a la Ejecutiva nacional y al Comité de Garantias.

En aquella convulsa asamblea Alonso dirigió la culpa a la dirección nacional desvelando que la práctica de esos pagos era a “todos los cargos orgánicos”: “Hay una directiva del partido, que no es solo para La Rioja, sino para toda España.......La intención es descargar las cuentas del partido de los cargos orgánicos para poder tener más dinero para la campaña [electoral]”, aseguró Alonso, señalando, además, que las órdenes provenían “de Barcelona” en donde Ciudadanos tenía entonces su sede y se reunía el Comité Ejecutivo Nacional.

Según denunciaron los exdirigentes de La Rioja defenestrados, también en el País Vasco el partido abonaba un sueldo -“por tareas que nunca aclararon”, dice Echazarra- con fondos del grupo parlamentario al entonces portavoz y candidato a lehendakari, Nicolás de Miguel, quien tras su estrepitoso fracaso en las autonómicas terminó emigrando a Torremolinos (Malaga) en donde en la últimas elecciones locales consiguió ser elegido concejal. Cinco meses después, sin embargo, De Miguel - que inició su andadura política en IU y luego militó en UPyD- dejó Ciudadanos y se pasó con su acta al grupo de 'no adscritos' desde donde ahora da apoyo al regidor municipal, del PSOE, que le ha premiado con el área de Igualdad.

Con todos esos datos en su poder - incluidas las grabaciones- , Echazarra decide en enero de 2017 presentar ante un juzgado de Logroño una querella por un presunto delito de malversación de caudales públicos contra Maria Luisa Alonso y Julián San Martín para los que pide 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación para ostentar cargo público.La jueza instructora abrió diligencias y llegó a tomar declaración a varios compañeros de Echazarra de la Junta Directiva Regional de La Rioja destituidos; al interventor del Ayuntamiento, que fue el que advirtió al portavoz de Ciudadanos, Julián San Martín, de que pagar con fondos del grupo vulneraba la ley de Bases de Régimen Local; y a la tesorera del grupo municipal. Echazarra también pedía un careo -que no se llegó a efectuar- entre Alonso y Fran Hervías, que ha sobrevivido a la era Rivera después de pasar por la gestora de Ciudadanos como secretario de Organizacion -a pesar de haber dimitido previamente del mismo cargo- y en la actualidad es senador por designación del Parlamento andaluz.

En el escrito de su denuncia Echazarra aportó el contrato que el propio San Martín realizó a la delegada territorial por un salario de 16.324,68 euros anuales, que sumados a las cotizaciones a la seguridad social de 6.189,36 euros anuales -cifra que no se plasma en el contrato- ascendía a un total de 22.514 euros también anuales. Es decir, que en los cuatro años que hubiera durado su mandato Alonso habría ingresado en total en su cuenta cerca de 90.000 euros.

En vista de las consecuencias que podían acarrearles a nivel nacional estas prácticas, Fran Hervías ya se había apresurado a reconocer el pago irregular que achacó a un “un error administrativo”. Para atajar el escándalo, la dirección nacional del partido ordenó rescindir el acuerdo económico y reintegrar de inmediato a las arcas municipales las cuatro nóminas pagadas hasta entonces a Alonso, que no llegaban a los 8.000 euros, además de otros 21.035 euros de la asignación del grupo de 2015 que no llegaron a gastar.

Ante estos hechos, la jueza decidió archivar la denuncia de Echazarra aceptando que todo se debió a “un error involuntario” de los concejales que desconocía el funcionamiento de la Administración. En su auto de resolución también tuvo en cuenta el hecho de que el partido devolviera a las arcas municipales el dinero indebidamente utilizado. Echazarra no tiró la toalla y recurrió la decisión ante la audiencia provincial de Logroño.

Entretanto, el exdirigente riojano vio cómo le llegaba la primera alegría: después de cerca de tres años batallando por la vía civil contra su expulsión, en abril de 2019 la Audiencia de Logroño determinaba en sentencia firme su readmisión como afiliado de Ciudadanos. Esto le animó a seguir con la querella penal contra la cúpula regional por unas practicas que considera “corruptas” y que de no haberlas denunciado está convencido de que habría continuado realizándose. “El delito sigue ahí aunque devolvieran el dinero y la propia Alonso reconoce que se ha hecho en toda España”, recuerda el exdirigente riojano de Ciudadanos.

La segunda alegría le llegó el pasado mes de julio después al ver que la misma Audiencia Provincial de Logroño decidía reactivar su causa contra Ciudadanos. Sin embargo, la jueza le advirtió en su nuevo auto de que había un “defecto de forma” en el proceso y no podía personarse en la causa como denunciante particular sino como “acusación popular” al tratarse de un presunto delito de malversación de fondos públicos que afecta a la Administración.

El personarse como acusación popular le supone a Echazarra tener que depositar una fianza de 3.000 euros -que le devolverían en caso de ganar-, más otros 3.500 para el pago del abogado y el procurador. Si no cumple con estos requistos antes de 31 de agosto -el plazo que le ha impuesto el juzgado- la demanda decaerá. “No tengo ese dinero. Los procesos judiciales y los recursos que he presentado todos estos años me han dejado sin blanca”, reconoce el exdirigente riojano de Ciudadanos que hace unos días recibió la llamada de Enrique Martínez Herrera, un ciudadano residente en Barcelona conocedor de su caso, que se ofreció a ayudarle a impulsar un crownfoundig con el fin de intentar recaudar esos 6.500 euros de gastos judiciales.

En conversación con eldiario.es, el promotor de la página https://gf.me/u/yqihvk asegura que el único interés que le mueve es “acabar con la corrupción política, venga del partido que venga”. “En España ocurre un fenómono curioso: el que denuncia el delito es el que es castigado y el que sufre represalias, mientras la corrupcion de los partidos sigue campando a sus anchas. Hay que ayudar a los denunciantes”, afirma. “Que devuelvan el dinero no basta. Lo que han hecho debe castigarse porque si Echazarra no lo hubiera denunciado, seguramente hubieran seguido con lo que, en mi opinión, y segun las manifestacionesde la propia Alonso, serían tres delitos: malversación de fondos públicos; financiación ilegal, y financiacion electoral ilegal”, zanja.

Echazarra, por su parte, esperará estos días a ver qué pasa aunque no oculta su preocupación porque la recaudación avanza muy lenta. A sus 51 años este técnico especialista en electricidad asegura que no va a tirar la toalla. “Nunca me doy por vencido. Soy un luchador nato y peleo hasta el último minuto”. De momento sigue militando en Ciudadanos a pesar deque no cree que internamente hayan cambiado mucho las cosas. “La nueva dirección es más de lo mismo. Sigue ahí Fran Hervías, el señor Lobo, que es el que maneja los hilos. Arrimadas se lo ha tenido comer con patatas y después de haber renunciado al cargo le han premiado con un escaño en el Senado. Todo un blindaje por si es imputado”, señala el exdirigente de La Rioja, que después de todo lo vivido ya no teme nada: “Si me vuelven a expulsar me da igual pero entonces si que tiro la toalla porque sería para correr y no mirar atrás. ¡Qué equivocacion con Ciudadanos!. ¡Cómo me han engañado!”, exclama.