Francisco Correa implica a ex altos cargos del PP en las actividades ilegales de la Gürtel en Boadilla

El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, condenado a 51 años de prisión por la actividad ilícita de los primeros años de la trama, ha remitido desde la cárcel de Valdemoro un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que implica en sus actividades ilegales a ex altos cargos del PP en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, según ha adelantado El País. Esta pieza del caso Gürtel, relativa al período comprendido entre 2005 a 2009 y en la que el PP volverá a sentarse en el banquillo como partícipe a título lucrativo, empezará a juzgarse en septiembre. Según el juez José De la Mata, la Gürtel “llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública” de Boadilla, un feudo histórico del PP regional.

En ese escrito enviado a Anticorrupción, Correa afirma que son “ciertos” los hechos reflejados en el escrito de acusación de la Fiscalía y detalla las corruptelas de las que se beneficiaron determinados excargos del PP. En este sentido, declara que pagó supuestas comisiones al exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, al que define como una persona como “una ambición desmedida, desproporcionada, con una falta y carencia de moralidad inexplicable” y con el que mantenía una relación “muy complicada” porque “no mantenía su palabra ni código ninguno”. “Prometía y garantizaba contratos a diestro y siniestro, cambiaba adjudicaciones aún habiéndolas prometido a un empresario y posteriormente otro empresario mejoraba la dádiva, dicho lo cual su actuación se podría resumir como ”amoral“, sostiene. 

Según su relato, esas comisiones las habría abonado “en especie” —“viajes, ropa, regalos”— y se canalizaban a través de Isabel Jordán, quien fuera administradora de cuatro empresas de la trama Gürtel, que tenía “facultades” dadas por él “para decidir las dádivas en especies de los distintos trabajos que nos encomendaba”. Correa afirma se introdujo en el ayuntamiento de Boadilla, donde llegó a colocar a amigos suyos en Empresa Municipal de la Vivienda, a través del eurodiputado del PP Ricardo Galeote y del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, también condenado en el juicio de la primera época de Gürtel. 

“Yo actuaba como intermediario entre los empresarios de empresas de construcción o de servicios y la alcaldía así como con la Empresa Municipal de la Vivienda. Yo negociaba el margen de porcentaje de cada adjudicación y cuando se materializaba la contratación, el empresario me entregaba el dinero en efectivo y yo siempre le entrega a Arturo González Panero [alcalde] o a Tomás Martín Morales [presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda] dependiendo de cual fuera el órgano que licitaba el concurso: la alcaldía o la Empresa de la Vivienda. Como dato significativo: el alcalde percibía dádiva en cualquiera de los casos, es decir siempre”, afirma en su escrito.

“Perdón” por los delitos cometidos

Este escrito es anterior al que presentó recientemente al juez de Vigilancia Penitenciaria en el que pedía “perdón” por los delitos cometidos y mostraba su arrepentimiento. “En un momento dado de mi vida tuve acceso a formas de ganar dinero ilícita y fácilmente, cuando debí abstenerme de tales prácticas”, decía en ese documento.

También afirmaba haber autorizado la repatriación del dinero que tenía oculto en Suiza. Aunque no cita la cantidad, aludía a los 24 millones de euros que, según la Audiencia Nacional, están “bloqueados” en la cuenta de la empresa Golden Chain Properties, S.A., que se integraba en su entramado societario y que estaría gestionada por el administrador de cuentas Arturo Fasana. Correa, que lleva ocho años cumpliendo condena, reconocía que su conducta “no tiene justificación” ni siquiera en un contexto de corrupción generalizada —en el que se excusó en el pasado— puesto que “muchos otros en esa situación se abstuvieron de cometer delitos”.  

No es la primera vez que Correa se ofrece a colaborar con la Justicia. El 13 de octubre de 2016, en su interrogatorio en el juicio de Gürtel, reiteró esta disposición y confesó que las donaciones de empresarios al PP eran a cambio de adjudicaciones. Esa revelación, unida a la de uno de esos donantes, el empresario Alfonso García Pozuelo, permitió a la Audiencia Nacional reabrir el 1 de marzo de 2017 la llamada vía del cohecho, que investiga la correlación entre el dinero negro inyectado al PP y adjudicaciones concretas. Salvo García Pozuelo, todos los empresarios objeto de las pesquisas han negado los pagos y han rechazado la existencia de un sistema general de corrupción de las constructoras con el partido.  

El entonces instructor, José de la Mata, volvió a citar como investigado a Correa después de que éste repitiera una y otra vez en el juicio su disposición a colaborar con la Justicia. Pero el cabecilla de la Gürtel, que había tirado la piedra en el juicio, escondió la mano ante De la Mata con el argumento de que ya había declarado “quince horas” en la citada vista. Es decir, se negó a tirar de la manta, lo que enterró la esperanza de las acusaciones de conocer los secretos de la financiación irregular del PP que todavía se siguen investigando en la Audiencia Nacional.