El Gobierno dice que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana es solo un borrador

El Gobierno ha dejado claro que los datos que se conocen de la Ley de Seguridad Ciudadana corresponden a un borrador de un Anteproyecto de Ley que está aún en “fase muy preliminar”. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha explicado que aún debe aprobarse en Consejo de Ministros, recibir los informes pertinentes, volver al Consejo y luego seguir el debate parlamentario.

Así ha respondido a las críticas de la oposición, que han calificado la reforma de “una patada en la boca” y “autoritaria”. “El texto no está distribuido, por lo que lo que se dice es en base a comentarios”, ha señalado Martínez antes de reunirse con los representantes de tres asociaciones, vecinales y de comerciantes. “No ha circulado ningún texto de la ley”, ha recalcado.

El borrador de la ley prevé sanciones de hasta 600.000 euros para aquellos que convoquen manifestaciones en torno al Congreso sin autorización. Llevar una capucha durante una protesta también será constitutivo de infracción.

Interior ha justificado las nuevas sanciones en que han desaparecido del Código Penal las faltas. “Las conductas que eran faltas y que tenían sanciones penales ahora se incorporan a una ley administrativa”, ha matizado Martínez, que ha señalado que “no se pretende sancionar más, sino mejor”. “Cuanto más precisa sea la ley, más exacta será la imposición de la sanción”, ha expresado.

Preguntado por si este cambio en la normativa está relacionado con el rechazo de los jueces a condenar a los detenidos durante las protestas, el secretario de Estado ha limitado a asegurar que que con la nueva ley las conductas salen del derecho penal, “que es el más exigente y más grave”, y pasarán a la vía administrativa, es decir, que se impondrán multas, aunque estarán sujetas a la “impugnación y vía jurisdiccional”.

El Gobierno compara el borrador con la ley de 1992, conocida como ley Corcuera, y señala que las sanciones económicas se mantienen exactamente igual pero se “incorporan nuevas conductas como nuevas infracciones”. De las 39 infracciones, pasará a haber 55, de las que 21 son muy graves.

Uno de los puntos polémicos de las propuestas de Interior es la prohibición de grabar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante las manifestaciones. Marínez ha expresado que no se pretende impedir que se grabe a los policías, sino que se tipifica que el hecho de que “se usen esas imágenes con finalidad de poner en riesgo la integridad” de los agentes. Así, ha destacado que pretende evitar su “uso perverso y malintencionado” con el fin de “agredirles”.

Fuentes del Ministerio aseguran que la valoración se realizará “a posteriori” si las imágenes tienen carácter malicioso. Esas fuentes no concretan cuántas agresiones se han producido tras publicarse imágenes de los policías, pero destacan que han sido “abundantes”.