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El Gobierno salva el decreto del fin de las mascarillas y aguanta la respiración por el de los interinos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso en una imagen de archivo.

El Gobierno ha salvado la primera de las dos bolas de partido con las que llegaba al, previsiblemente, último Pleno en el Congreso antes de las vacaciones. La mayoría absoluta de la Cámara Baja ha convalidado el decreto ley que puso fin a la obligatoriedad de usar la mascarilla, aunque se mantiene la duda sobre el que intenta poner fin al abuso de la temporalidad de los interinos en la Administración Pública, y que se aprobó tras un acuerdo con los sindicatos. Ambas normas dependen de los apoyos de los socios parlamentarios ante el no anunciado por PP y Vox.

El Gobierno cierra un acuerdo histórico con los sindicatos para acabar con la temporalidad de los interinos

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Pese a las dudas por los datos epidemiológicos, muy diferentes hoy a cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el fin de las mascarillas en exteriores con la llegada del verano, la mayoría avala el decreto.

A finales de junio la incidencia de la pandemia estaba en mínimos y el ritmo de vacunación era ágil, lo que permitía anticipar que se cumpliría el objetivo de cerrar agosto con el 70% de la población inmunizada. Un mes después, casi al límite del periodo reglamentario para la convalidación del real decreto, la situación es muy diferente. Los contagios se han disparado y los gobiernos autonómicos han puesto en marcha diferentes restricciones de movilidad y al ocio para intentar contener la que sería la quinta oleada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2. Algunas de estas limitaciones han sido validadas por los diferentes tribunales, pero otras no.

En los últimos días se ha intensificado el debate sobre la obligatoriedad de la mascarilla. Hasta el punto de que el lehendakari, Íñigo Urkullu, ha enviado una carta a Sánchez en la que le sugiere no solo recuperar ese sistema de protección, sino el estado de alarma en sí para dotar a las comunidades autónomas de un mecanismo legal que les permita regular las restricciones en ausencia de una doctrina unificada, lo que en principio correspondía al Tribunal Supremo. Pero en el Ejecutivo sostienen que las comunidades tienen "margen" para implementar medidas que contengan la expansión del coronavirus.

Las negociaciones para este real decreto se han desarrollado en los últimos días, han continuado este martes y se han prolongado durante la mañana del miércoles, cuando se confirmarán las votaciones tanto presenciales como telemáticas. Además de los votos de PSOE y Unidas Podemos, se han anunciado a favor los de EH Bildu, Ciudadanos y los de parte del Grupo Plural: PDeCAT, Más País y Compromís lo apoyarán, mientras Junts se abstendrá y el BNG lo rechazará.

El de los de Inés Arrimadas, que además han reprochado al PP que estén "confundiendo a la gente", ha hecho que la posición de ERC haya dejado de ser clave. Su portavoz, Gabriel Rufián, dijo este martes que "si hace falta dar pasos atrás, se dan" cuando la alternativa es "preservar la salud de la gente". Finalmente, se han abstenido. Tampoco el PNV ha votado a favor. De hecho, han votado no.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha defendido en la tribuna que no se trata de “discutir si mascarilla sí o no" porque "sigue siendo obligatoria, salvo en supuestos muy concretos". Y ha señalado que es “una decisión prudente, limitada y progresiva” y que “cuenta con el apoyo de la evidencia científica”.

Darias ha reconocido que la mascarilla “ha sido uno de nuestros mejores recursos para hacer frente a los contagios en ausencia de vacunas”. “Pero el índice de vacunas ha permitido plantear una reducción progresiva y limitada de algunas medidas de control”, ha añadido.  La ministra de Sanidad ha dicho, además, que la decisión se adoptó por indicación de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta del Consejo Interterritorial, que aglutina a responsables sanitarios de las comunidades autónomas, el propio Ministerio de Sanidad y otros organismos. 

“Los españoles se han comportado de manera ejemplar”, ha defendido Darias, quien ha insistido en que el decreto “solo modifica un artículo” de la ley y que “el resto sigue vigente”. “Las imágenes que hemos visto de aglomeraciones sin mascarilla no tienen amparo legal ni justificación alguna. Son inaceptables y hacemos una llamada al cumplimiento de la norma”, ha concluido.

Interinos: pendientes de la tramitación parlamentaria

En el caso de las mascarillas, el Gobierno de coalición votará unido. La mayoría simple (más síes que noes) es suficiente. Y en caso de que se pierda, el real decreto decaerá, y se volverá a la situación previa al 26 de junio, que es a la que estaban acostumbrados los españoles. De hecho, algunas comunidades ya han anunciado que volverán a exigir el uso de mascarilla en sus territorios.

Mucho más peliagudo es el asunto de los interinos, una norma destinada a regularizar a decenas de miles de trabajadores temporales de la Administración y hacer fijos sus puestos. Una medida acordada por el Ejecutivo con los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, incluidos algunos tan poco afines a sus posiciones como CSIF, y en cuya gestación se han implicado no solo el anterior ministro de Función Pública, Miquel Iceta, sino incluso la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero hay asociaciones que defienden en exclusiva a estos interinos que rechazan la redacción de la norma y denuncia su exclusión de las conversaciones, a la vez que advierten de que su implantación puede dejar sin trabajo a muchas personas.

En su intervención para pedir el voto favorable, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien asumió la competencia de Función Pública en la reciente remodelación del Gobierno, ha hecho varios anuncios para intentar contentar a los grupos parlamentarios. Lo primero ha sido aceptar que el real decreto se tramite como proposición de ley precisamente para poder hacer modificaciones. Y entre ellas destacan algunas que han reclamado en las últimas horas los aliados parlamentarios e incluso el socio de Gobierno, Unidas Podemos.

Montero ha planteado que los interinos de las administraciones públicas que lleven más de diez años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada podrán adjudicarse dicha plaza sin necesidad de pasar una oposición, sino únicamente por una valoración de méritos. Además, las comunidades autónomas podrán decidir que la oposición no sea eliminatoria en los procesos de estabilización de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de tres años por personal interino. Algo que habían reclamado insistentemente desde asociaciones que representan a los interinos

En las últimas horas han sido varios los grupos que han denunciado la ausencia de negociación por parte de Hacienda, quien ya vio como el Congreso rechazaba en 2020 un real decreto para permitir a los ayuntamientos utilizar sus remanentes de tesorería. Entonces tuvo que rehacer la norma. Y quizá le pase ahora lo mismo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, acusó este martes al Ejecutivo de "pensar que tiene mayoría absoluta". "Es una miopía absoluta", dijo Rufián, que con sus 13 diputados es una de las claves de la mayoría parlamentaria del Gobierno, si bien casi todas las prórrogas del estado de alarma se aprobaron con su abstención, e incluso con su no.

"Tiene muy mala pinta", zanjó Rufián. Una idea que confirman otros grupos. Desde EH Bildu, por ejemplo, a última hora del martes estaban en el no. "Si el decreto se mantiene tal cual y no hay cambios, votaremos en contra", dijeron fuentes del grupo a elDiario.es. En este caso se acogen a una invasión competencial, además del contenido mismo de la norma. Y zanjan: "O se solucionan de antemano esas cuestiones con compromisos claros de modificar el Real Decreto durante la tramitación, o votaremos en contra".

Y esa es la clave: la tramitación parlamentaria. El real decreto puede ser convalidado por el Congreso y, en una segunda votación, que se apruebe tramitar como proposición de ley, lo que permitiría añadir enmiendas por parte de los grupos. El Gobierno siempre es reticente a estos cambios, porque implican reabrir un debate ya cerrado y, en este caso, también pactado con los sindicatos.

Los cruces de llamadas a última hora del martes se sucedían porque al PSOE no le salen las cuentas. Fuentes gubernamentales aseguraban a elDiario.es que la negociación "con los grupos habituales" se mantenía abierta, lo que dejaba fuera a la derecha parlamentaria, que no desveló sus intenciones. De hecho, el PP no convocó la habitual rueda de prensa de los martes, sino que ofreció unas declaraciones a través de TVE en formato pool (utilizable por todos los medios) para no dar pistas. Como ya ha ocurrido otras veces esta legislatura, la negociación se definirá contra reloj y en el último segundo.

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20 de julio de 2021 - 22:27 h

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