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Los investigadores sospechan que un miembro del Gobierno dio un chivatazo a Ignacio González

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González

Pedro Águeda

La operación contra Ignacio González sufrió un revés hace aproximadamente dos meses cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil obtuvieron una información que les hacía sospechar que el expresidente de la Comunidad de Madrid había sido alertado de que los teléfonos que utilizaba estaban intervenidos.

Esa misma información apuntaba a un miembro del Gobierno, sin identificar, como la persona que había alertado de esa circunstancia al hoy detenido, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Otras fuentes próximas al caso aseguran que se supo del chivatazo a González porque uno de los participantes en una de las conversaciones intervenidas con autorización judicial aludió a ello. 

Este último tramo de las pesquisas se ha visto en parte alterado por el hecho referido. Las mismas fuentes explican que otros investigados también conocían que eran objeto de la operación, según se desprende del cambio de hábitos en las conversaciones mantenidas por teléfono. 

Con todo, en la mañana de este miércoles arrancó la explotación de la Operación Lezo, con una lista de doce personas por detener y una treintena de registros que se prolongarán, con seguridad, durante todo el jueves. Ha trascendido que además de Ignacio González también han sido arrestados su hermano Pablo y Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de una filial del Canal con sede en Bogotá.

Los investigadores sospechan que a través de algunas compraventas de filiales en Latinoamérica, los arrestados podrían haber desviado fondos hacia su patrimonio personal. Una empresa de la esposa de González, Lourdes Cavero, Subastas Segre, también ha sido registrada.

Este miércoles también se supo de la imputación del director de La Razón, Francisco Marhuenda, y del presidente del periódico, Mauricio Casals. Ambos declararán este jueves ante el juez Eloy Velasco por haber participado presuntamente en una campaña de coacciones a Cristina Cifuentes para que dejara de denunciar la presunta actividad delictiva de Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del medio que dirige Marhuenda. 

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