El PP abraza el trumpismo
ETA lleva una década desaparecida. Pero el PP ha decidido que era buena idea hablar de terrorismo en unas elecciones en las que se eligen más de 8.000 alcaldes y 12 parlamentos autonómicos.
El sistema electoral español está entre los mejores del mundo, pero el partido de Alberto Núñez Feijóo ha decidido ponerlo en cuestión por un puñado de casos de corrupción –mayoritariamente del PSOE, con detenciones incluidas, y de Coalición por Melilla, pero también del PP– en media docena de municipios y en una ciudad autónoma. Poco importa que Feijóo ganara varias elecciones con el mismo sistema sobre el que alguno de sus dirigentes ha tenido a bien sembrar dudas en los últimos días: los 'populares' no tienen problema en comportarse con una actitud que recuerda a las de Donald Trump y Jair Bolsonaro. “Sánchez se va ir como llegó, con un intento de pucherazo”, ha dicho la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, este viernes ante Alberto Núñez Feijóo en el mitin de cierre de campaña del PP.
La evidencia del cambio climático es tan grande, que en cuestión de semanas se pasa de la sequía a los torrentes desbordantes, por ejemplo. Pero Isabel Díaz Ayuso y Juan Manuel Moreno prefieren desafiar a la Comisión Europea –ni los estudios científicos ni lo que ven por la ventana parece ser relevante para ellos– para rebajar las exigencias sobre la conservación de Doñana y sobre los límites de polución en las ciudades.
Del mismo modo que nunca la Amazonia estuvo tan en peligro como con Bolsonaro, Doñana nunca tuvo al frente un gobierno menos interesado por su conservación como el de Moreno Bonilla, y jamás Madrid tuvo una presidenta que afirmara que “nadie ha muerto” por contaminación en la región.
Negacionismo climático, manipulación de la realidad y teorías de la conspiración electoral: es el manual de Trump –que acabó con el asalto al Capitolio– y de su alumno más aventajado, Bolsonaro –que terminó con el golpe a los tres poderes en Brasilia–.
Isabel Díaz Ayuso pasa por ser el principal exponente trumpista del PP. Pero la deriva del partido presidido por Feijóo evidencia que el trumpismo crece y se reproduce. El vicesecretario de Institucional del PP, que es también vicepresidente del PP europeo, Esteban González Pons, ha afirmado este miércoles que hay una “trama de compra de votos en estas elecciones” que “implica” al PSOE y a sus socios.
“Creo que estamos ante una trama de compra de votos que no se reduce a Melilla, que va desde Melilla hasta Mojácar. Creo que hay una trama de compra de votos en estas elecciones en España, de compra de votos por correo que implica al PSOE o a sus socios y que beneficia al PSOE o a sus socios porque tanto en Melilla como en Mojácar los votos por correo se han comprado para beneficiar al PSOE o a sus socios”, ha manifestado González Pons.
El mensaje recuerda mucho al lanzado por Trump antes de la victoria de Joe Biden en las últimas elecciones estadounidenses.
ETA o cómo resucitar a un muerto
“Los cimientos de la ley de vivienda se levantan sobre las cenizas del atentado de Hipercor”. Estas fueron las palabras que se oyeron en el Senado ocho días después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunciara la inclusión de hasta 44 exmiembros de ETA en las candidaturas municipales de EH Bildu para el 28 de mayo. Fue el popular Pedro Rollán, vicesecretario en la dirección popular de Alberto Núñez Feijóo, quien llevó a su máxima expresión la utilización del terrorismo como estrategia electoral al arrojar al PSOE la masacre perpetrada por la banda terrorista ya desaparecida que acabó con la vida de 21 personas en 1987. El motivo, haber sacado adelante una ley estatal de vivienda con el apoyo, entre otros grupos parlamentarios, de EH Bildu.
Isabel Díaz Ayuso, también candidata simbólica en la lista de las municipales en Bilbao, se paseó el sábado pasado por la capital vizcaína sin un solo incidente, desde la Gran Vía de Don Diego López de Haro hasta su mitin en el palacio Euskalduna de Bilbao. Por el camino, paró a hacerse fotografías con simpatizantes y juguetear con bebés y perros.
Sin embargo, su conclusión fue que ETA continúa viva: “[EH] Bildu, heredero de ETA, presenta, al menos por cuarta vez en los últimos años, a terroristas condenados y no arrepentidos en sus listas. Esta vez son 44. ¿Qué sociedad puede resistir algo así? Imaginemos que lo mismo ocurriera en cualquier otro país, con cualquiera otro tipo de criminales, por ejemplo, condenados por fascismo o terrorismo yihadista. [...] De hecho aquí estos criminales, ya por lo pronto, van a ser los regidores directos de la vida más cercana: la de los municipios. Por eso, recordemos que la Administración local ha sido considerada siempre pieza clave de la estrategia de los batasunos. Donde gobiernan, reina la ley del silencio. Como han hecho siempre, con pistolas o con poder público”.
No en vano, Ayuso ya había avisado: “ETA está viva”.
¿Y cuál es la siguiente casilla? La “ilegalización” de EH Bildu, según Ayuso: “Es una anomalía democrática que un partido político y un proyecto que ha viciado los censos en el País Vasco a través del terror y de la expulsión, y que además se ve por la ley de partidos que no cumple con ella (...) hay que plantearse el hecho que se puedan presentar” e incluso “su posible ilegalización”.
El expresidente José María Aznar, en este sentido, había dicho algo relevante la semana anterior en un acto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida: “El PSOE de Sánchez solo puede estar en el Gobierno con el apoyo de separatistas catalanes y de terroristas de Sortu y Bildu. Si no tiene ese apoyo no está en el Gobierno de España”. En otras palabras: la ilegalización de partidos tendría un efecto secundario muy deseado para el PP: el fin del Gobierno de coalición.
El recurso sobre ETA llega a todas partes. En un reciente debate electoral para la alcaldía de Valladolid, la portavoz de Valladolid Toma la Palabra y candidata, María Sánchez, interpela al candidato popular José Luis Carnero sobre su comportamiento en torno a las violencias machistas si tiene que gobernar con Vox. La no respuesta de Carnero es elocuente: “Bildu y tu partido”.
🟣@mariatuitea pregunta a @jesusjuliova23, exconsejero de la Junta donde gobernaba junto a Vox, qué va a hacer con sus propuestas contra la violencia de género si necesita a la extrema derecha.
— Valladolid Toma La Palabra (@TomaLaPalabraVA) May 26, 2023
🤔¿Adivinas su respuesta?#ElDebateLa8Valladolid #MaríaSánchezAlcaldesa #VotaVTLP pic.twitter.com/s6UtREtFrt
Aznar: el comodín del público
Si las cosas pueden ponerse trumpistas, el comodín del público siempre es José María Aznar, quien ya avisó de cómo se podía evitar gobiernos progresistas en la España de 2023.
El expresidente del Gobierno ha participado en la campaña, y ha sido fiel a su estilo: insistió el miércoles en su visita a Bilbao, sin pruebas, en la tesis de las consecuencias “devastadoras” del supuesto “pago” que va a hacer el presidente Pedro Sánchez a sus socios independentistas catalanes y vascos: “Va a haber una suelta general de terroristas en prisión y va a haber una consulta también en el País Vasco. Ese es el precio que Sánchez está dispuesto a pagar”.
En efecto, ese es el tono del mensaje de Aznar en esta campaña. En Murcia, un día antes, acusó a Sánchez de “blanquear a ETA”: “Advertí de los riesgos que de continuar esta coalición España entrará en un proceso de deconstrucción nacional, de ruptura”. Y añadió que, de ganar Sánchez las elecciones, “harán consultas para que la España que conocemos deje de existir”, a quien acusó de “solo ser capaz de gobernar con terroristas”.
“El PSOE no tiene bastante con pactar con terroristas que además revuelve los huesos de la Guerra Civil”, afirmó Aznar.
Ideología 'woke'
“El disfraz de ideología woke del programa de [EH] Bildu apenas maquilla los verdaderos planes, los de siempre, los que en realidad ponen en marcha, hasta donde los dejan, en los municipios en los que gobiernan: la secesión, la anexión de otras regiones del resto de España y de Francia, y la imposición de un régimen totalitario, basado en el silencio y el miedo, que arrebataría sus derechos constitucionales a más de la mitad de la población”, dijo Ayuso en Bilbao.
Ideología woke, dice Isabel Díaz Ayuso. Y el concepto remite, una vez más, a la ultraderecha estadounidense: tras haber derrotado distintas amenazas inventadas —la vacunación obligatoria, la agenda gay y el fraude electoral generalizado—, el gobernador de Florida, el ultra Ron DeSantis, quien acaba de presentar su candidatura a las primarias presidenciales republicanas, utilizó su discurso de victoria en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos para posicionarse como un líder en tiempos de guerra. Estaba preparando a sus votantes para la batalla existencial planteada por su nuevo adversario imaginario: lo woke (algo así como progre).
En tono eclesiástico, anunció: “Luchamos contra los woke en la legislatura. Luchamos contra los woke en las escuelas. Luchamos contra los woke en las empresas. Nunca jamás nos rendiremos ante la chusma woke. Florida será la tumba de lo woke”.
“DeSantis invocaba así el mismo resentimiento que condujo al terrorismo racial de la Reconstrucción en la segunda mitad del siglo XIX; al Verano Rojo de 1919 y al movimiento por los derechos de los estados prosegregación. Esta vez, ese resentimiento recibe el nombre de antiwoke: una mezcla moderna de macartismo y agravio blanco”, afirma el analista Michael Harriot: “En 2021, la derecha se enfureció cada vez más contra aquello que, aunque descrito como woke, tendía a abarcar cualquier intento de comprometerse con los derechos civiles o la justicia social. En 2022, lo antiwoke se convirtió en una ideología en sí misma, un intento de la derecha de rebautizar el fanatismo como un movimiento de resistencia”.
Y en 2023 lo abrazan Isabel Díaz Ayuso y el PP.... En la misma estela de Juan Carlos Girauta y Marcos de Quinto, en la esfera de Vox, que lanzaron ‘Pie en pared’, un supuesto think tank del que no se conoce paper alguno “para influir en la cultura, plantar cara a la hegemonía de esa 'izquierda woke' aferrada al discurso feminista radical progre, que defiende ahora el indigenismo, o se ha empeñado en achacar todo al cambio climático”.
Negacionismo climático
La campaña electoral arrancó con el presidente del PP europeo, Manfred Weber, haciendo algo insólito en Bruselas: salir públicamente de la mano de la jefa del PP español en la Eurocámara, Dolors Montserrat, para acusar a un comisario europeo de actuar de parte del Gobierno de España por la crisis de Doñana. Es decir, el jefe del PP europeo, por indicación del PP de Feijóo, acusa de partidista a una Comisión Europea presidida por una líder del PP europeo, Ursula von der Leyen.
En efecto, la principal familia política europea, heredera de la democracia cristiana y el ordoliberalismo que, junto con la socialdemocracia, fundó una arquitectura institucional para sellar la paz tras la Segunda Guerra Mundial y forjar un modelo social europeo, se sitúa en el mismo discurso de la extrema derecha, el de los gobiernos de Polonia y Hungría, expedientados por sus derivas autoritarias y homófobas.
La inédita ofensiva de los 'populares' contra la Comisión que ellos mismos presiden se produjo después de que Bruselas haya criticado con dureza la ley impulsada por el Gobierno andaluz, a través del PP y Vox en el Parlamento regional, para indultar los regadíos ilegales de Doñana. Tras reunirse con el consejero andaluz, la Comisión Europea reiteró que la propuesta va en la “dirección contraria” a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó a España por el expolio del agua del acuífero y advertía de los “efectos desastrosos” que esa legislación tendría si entra en vigor.
Es decir, la Comisión Europea pide que se cumpla una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y el PP europeo, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, acusa a Bruselas de partidismo.
Pero no sólo eso. Este jueves, en vísperas del fin de la campaña, se ha conocido otro gesto de negacionismo climático por parte del PP. Esta vez no de Moreno Bonilla, sino de Ayuso: la Comunidad de Madrid –Catalunya se arrepintió después– ha suscrito un documento, junto a otras regiones del norte de Italia, Holanda y Austria, para reclamar a la Comisión Europea que las deje fuera de las nuevas exigencias planteadas en octubre de 2022 para ajustarse a las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Recomendamos que la opción de derogación para regiones específicas sea parte de la revisión de la directiva de calidad del aire”, señala el texto adelantado por El País.
En España unas 30.000 personas perecen por este motivo al año, según la última evaluación de la Agencia Europea del Medio Ambiente. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lleva tiempo peleada con la ciencia y las medidas contra la polución. Este nuevo movimiento coloca a la región madrileña en el núcleo de la oposición a las medidas anticontaminación.
En enero de 2020, Díaz Ayuso aseguró que “nadie ha muerto” y tampoco “se va a morir” por la mala calidad del aire. “No quiero que se cree una alarma de salud pública por esto”, remataba. El Instituto de Salud Carlos III estima que no menos de 1.300 muertes anuales en esta Comunidad son atribuibles al NO2 y las micropartículas (MP).
Un poco antes, en abril de 2019, la misma Ayuso decía que “los atascos son una seña de identidad de nuestra ciudad”. No los disfrutaba, decía, “pero forman parte de la vida de Madrid”. El propio Ayuntamiento de la ciudad informa: “El tráfico rodado es la causa que lidera el ránking de fuentes contaminantes de la ciudad de Madrid”. Más atascos suponen más coches emitiendo más contaminación. Es una ecuación científica.
Las ocho regiones firmantes del documento conocido este jueves se aliaron en 2011 bajo el nombre de Iniciativa de Calidad del Aire de las Regiones (AIR, según sus siglas en inglés) y afirman que el “desafío es enorme” para esas zonas que ya superan con creces los límites establecidos al tratarse de lugares muy poblados e industrializados. “AIR propone el desarrollo de límites ambiciosos pero realistas, que incluyan una trayectoria de tiempo realista (con objetivos provisionales) y objetivos de emisión para alcanzarlos”, recoge el documento firmado por Madrid, Catalunya, provincias holandesas, Steiermark (Austria) y varias regiones del norte de Italia (Emilia Romagna, Piamonte, Lombardía y Véneto).
“AIR también sugiere objetivos de reducción de exposición para zonas y aglomeraciones. La factibilidad de nuevos estándares de calidad del aire debe evaluarse por escenarios. Cualquier sistema de establecimiento de estándares debe diseñarse de tal manera que estimule la acción gubernamental, pero también apoye a las autoridades en la implementación de todas las medidas adicionales necesarias”, justifican esas regiones, que reclaman “suficiente tiempo para implementar medidas adicionales” y que se tengan en cuenta “las condiciones geográficas y meteorológicas adversas”.
La intención de la Comisión Europea con la revisión de esa directiva es reducir en un 75% las muertes prematuras provocadas por los altos niveles de PM₂,₅ y que actualmente alcanzan las 300.000 en el viejo continente.
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