PP, Vox y Ciudadanos cierran su primer año de oposición enfrentados y sin una alternativa viable al Gobierno de coalición

La unidad de acción que exhibieron las derechas en la foto de Colón de febrero de 2019 y que les ha permitido formar gobiernos allí donde sus votos sumaban se ha diluido según ha avanzado la acción del Gobierno de coalición. El 'no' conjunto a investir a Pedro Sánchez en enero de 2020 se ha convertido menos de un año después en un duro cruce de reproches en el debate de Presupuestos, que concluía la semana pasada su primer paso por el Congreso y en el que el Ejecutivo ha sumado una veintena de diputados a la mayoría con la que llegó al poder. Por el camino, PP, Vox y Ciudadanos han afrontado divididos el estado de alarma, su papel en la Comisión de Reconstrucción, la fallida propuesta del plan b sanitario de Pablo Casado o la fracasada moción de censura de Santiago Abascal. Ni siquiera los Gobiernos autonómicos se han librado de los lances entre los partidos a nivel estatal.

Los meses posteriores a aquella foto de Colón fueron buenos para las derechas, especialmente para el PP y para Vox. Casado salvó el pésimo resultado de las elecciones de abril de 2019 en las municipales y autonómicas de un mes después y, sobre todo, tras quitarse de encima la sombra de Albert Rivera en la repetición de las generales de noviembre. El rápido movimiento de Sánchez, quien ofreció a Pablo Iglesias el mismo Gobierno que se había negado a aceptar unos meses antes, enjugó el retroceso electoral experimentado por el PSOE y Unidas Podemos.

Los de Casado, como Ciudadanos y Vox, apostaron por una legislatura breve ante las dificultades que preveían que tendrían Sánchez e Iglesias a la hora de formar un bloque que garantizase estabilidad al Ejecutivo, el primero de coalición desde la II República. Pero erraron el cálculo. El Gobierno echó a andar, cerró algunos pactos con patronal y sindicatos, y el independentismo catalán daba muestras de ir a una ruptura definitiva entre sus integrantes que estos días se ha constatado en el Parlamento. Además, llegó la pandemia, que sirvió de aglutinante del Ejecutivo y permitió a los de Inés Arrimadas desmarcarse precisamente del resto de participantes de la foto de Colón y recuperar un espacio de centralidad.

En los debates sobre el estado de alarma se observaron las primeras diferencias entre las derechas, hasta el punto de que Ciudadanos fue clave en la aprobación de alguna de las prórrogas. El PSOE intentó acercar a Arrimadas hacia la mayoría de la investidura para garantizar la gobernabilidad y poder refutar los discursos que acusaban a Sánchez de rendirse a quienes querían romper España.

El líder socialista necesitó para su investidura de votos y abstenciones de partidos nacionalistas, cuando no abiertamente independentistas. Si lograba sumar a Ciudadanos restaría incidencia al discurso que esgrimían PP y Vox, inmersos en una competición por ver quién era más duro con Sánchez. El presidente del Gobierno vio la oportunidad en la Comisión de Reconstrucción, un intento fallido de remedar los Pactos de la Moncloa que el líder socialista llevó al Congreso por petición expresa de Casado.

Fue la segunda gran quiebra del bloque de Colón. Vox se autoexcluyó de los trabajos parlamentarios, no sin antes protagonizar un sonoro encontronazo con el vicepresidente Pablo Iglesias. PP y PSOE buscaron un acuerdo que finalmente fue imposible. Tampoco Ciudadanos se sumó a todos los acuerdos por su defensa de la educación concertada. Además, Vox reapareció para votar en el último momento, lo que rompió los cálculos y estrategias previos que habían hecho unos y otros.

Por entonces España estaba sumida en la desescalada del primer estado de alarma, negociada no sin dificultades con las Comunidades Autónomas, ansiosas por recuperar el control total sobre sus territorios y escapar de la vigilancia del Gobierno. Pero las medidas de control decretadas por las autonomías se encontraron con la oposición de algunos tribunales, lo que impidió tomar decisiones simétricas en diferentes lugares.

El Gobierno optó por volver a solicitar un estado de alarma, esta vez de seis meses de duración. Tras negociar con los grupos, la medida recibió 194 votos favorables. Ciudadanos votó sí, el PP se abstuvo y Vox votó no. Fue entonces cuando el PP llevó al Congreso su plan b jurídico, una amplia reforma que afectaba a varias normas y que serviría, según Pablo Casado, para ofrecer una alternativa legal a la “excepcionalidad democrática” que supone limitar derechos desde el Gobierno central, como ocurrió con el confinamiento de la primavera.

Casado venía reclamando esta alternativa al estado de alarma desde meses atrás y fue uno de los arietes de su rechazo a las prórrogas a la excepcionalidad aprobada por el Gobierno. No era necesario, sostenían, dar al Ejecutivo los poderes del artículo 116 de la Constitución, sino que un conjunto de dispositivos legales servirían para que las diferentes autoridades pudieran adoptar las medidas que consideraran sin temor a que los jueces las tumbaran.

Era la gran apuesta de Casado, su principal propuesta durante toda la pandemia, olvidado ya el plan Cajal que decayó sin mucho éxito. Pero el PP se quedó solo en la votación de toma en consideración de la proposición de ley. No sumó ni un diputado. Al 'no' se apuntó incluso Ciudadanos, socio del PP en comunidades y ayuntamientos, administraciones que, en principio, deberían verse beneficiadas por un engranaje legal que les permitiera tomar ciertas decisiones al estallar una emergencia sanitaria. Inmediatamente, el PP abandonó esta iniciativa, que pasó de ser la panacea a un papel olvidado en el fondo de un cajón, y diseñó otra estrategia de oposición.

El rechazo que no sorprendió fue el de Vox. La votación del plan jurídico del PP fue un mes después de la fracasada moción de censura que lideró Santiago Abascal, ante la imposibilidad de encontrar un perfil independiente que asumiera el reto. Desde que anunciara la moción, el partido de ultraderecha la utilizó para azuzar a sus bases contra un PP que se mostraba dubitativo sobre qué hacer en la votación llegado el caso.

Tanto los diputados de Vox como los de Ciudadanos –tomó la palabra el abogado del Estado Edmundo Bal– descalificaron el proyecto de Casado por inconsistente y de ese plan jurídico nunca volvió a saberse.

Vox utilizó la moción de censura durante semanas para atacar al PP, mientras desde el PP les acusaban de aglutinar a una coalición que también ha pasado por momentos internos delicados en este 2020 y de darles una justificación para sus apoyos. Las hostilidades se desataron en el debate de la moción. Abascal lanzó duras acusaciones al partido del que fue dirigente y que le proporcionó generosos sueldos durante años. Pero la respuesta de Casado fue incluso más potente, quizá por inesperada. Tanto, que Abascal subió a la tribuna visiblemente sorprendido y descolocado para dar una réplica que parecía no tener preparada.

El líder de Vox no sumó un solo voto a su candidatura a la Presidencia del Gobierno. Su moción fue la menos apoyada de las presentadas desde la restauración de la democracia. Y sumó más rechazos que ninguna otra, ya que el PP optó por el no. 52 votos a favor, los suyos. Y 298 en contra, todos los demás.

Las tres derechas llegan así al final del primer año de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos más desunidas que nunca. El horizonte de una alianza electoral entre el PP y Ciudadanos ha saltado por los aires tras el fiasco de los comicios en Euskadi. En Catalunya las tres fuerzas competirán por el mismo electorado. Tampoco hay, de momento, espacio para una coalición en Andalucía, donde, sin embargo, el Gobierno de Moreno Bonilla resiste pese a que Ciudadanos se hunde en las encuestas y Vox sigue creciendo. El proyecto de España Suma hace aguas y la marca ha sido registrada ante el Ministerio del Interior en forma de partido político por exdirigentes andaluces de Vox.

Once meses después de que Pedro Sánchez fuera investido, en segunda vuelta y por una mayoría simple de 166 diputados, el Congreso ha aprobado los Presupuestos para 2021, los primeros que no llevan la marca del PP desde los de Montoro, con el apoyo de 11 partidos que aglutinan a 189 diputados. En frente, 150 escaños que no forman, ni mucho menos, un bloque que pudiera poner en riesgo la estabilidad gubernamental. No solo porque en el 'no' a las cuentas públicas conviven desde Junts, la CUP y el BNG al PP, Vox y Ciudadanos. Sino porque, entre estos, tampoco hay visos de reconducir la entente que se vio hace poco menos de dos años en la plaza de Colón de Madrid.