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CRÓNICA

El PP tiene un serio problema con Vox y no sabe cómo solucionarlo

Díaz Ayuso observa a Rocío Monasterio durante el debate de investidura en agosto.

Iñigo Sáenz de Ugarte

Tres profesores de universidades de Texas reunieron este año los datos existentes sobre ataques racistas y xenófobos para saber en qué medida variaron en función de las declaraciones públicas de Donald Trump contra la inmigración. Encontraron una correlación interesante. Los condados en los que Trump celebró un acto electoral en 2016 sufrieron un aumento del 226% en delitos de odio en comparación con los lugares en los que no tuvieron lugar esos mítines. Hay que recordar que las estadísticas sobre estos delitos no abarcan toda esa realidad, porque muchos de ellos no son denunciados.

La relación causa-efecto es un asunto más difícil de demostrar, pero es indudable que cuando un político o partido importantes utilizan un lenguaje insultante contra los inmigrantes eso fortalece los prejuicios y la agresividad de los que albergan ideas xenófobas o racistas. En el caso de algunos, eso les anima a pasar a la acción.

Trump –o la campaña para su reelección– publicó desde mayo de 2018 hasta agosto de 2019 2.200 anuncios de pago en Facebook que incluían la palabra “invasión”. Obviamente, el tema era la inmigración. La palabra figura de forma prominente en las declaraciones públicas de grupos ultraderechistas y racistas en EEUU y Europa. Aparecía en el manifiesto escrito por el autor de la matanza en un centro comercial de El Paso en agosto, donde 20 personas fueron asesinadas.

“Invasión” es una palabra que Vox cita con frecuencia, en especial en su canal de vídeos en YouTube. Javier Ortega Smith dijo en la campaña de abril que España está sufriendo un “intento de invasión islamista”. En septiembre, el partido presentó una propuesta en el Congreso para levantar un muro en torno a Ceuta y Melilla para detener una “auténtica invasión migratoria”. Santiago Abascal se ha referido en muchas ocasiones a “la invasión de nuestras fronteras”.

Menores en el punto de mira

Vox ha centrado su campaña en los centros de acogida a menores, donde residen también muchos adolescentes extranjeros de 14 a 17 años que llegaron solos a España. Rocío Monasterio se presentó en Sevilla en la campaña de noviembre ante uno de esos centros para criminalizar a sus ocupantes y relacionarlos con los delitos sexuales: “Nosotros venimos a hablar del español de a pie, que tiene derecho a caminar con tranquilidad por sus barrios sin tener miedo a ser atracado o asaltado por una manada de menas”. Monasterio hizo una visita similar en noviembre en el barrio madrileño de Hortaleza, donde hay otro centro de acogida, el mismo al que alguien lanzó una granada esta semana. La policía aún no ha establecido la autoría de ese ataque.

En su empeño por relacionar inmigración con delincuencia, Vox se inventa la realidad. En un debate televisado de campaña, Santiago Abascal llegó a decir que el 70% de los imputados por violaciones colectivas son extranjeros. Es falso. Un 70,1% de los detenidos o investigados por delitos sexuales son españoles, según los últimos datos oficiales.

Incluso cuando los dirigentes de Vox niegan que se les pueda acusar de xenofobia, terminan volviendo al mismo mensaje. En una entrevista del jueves en Telecinco, preguntaron a Abascal si su partido “estaba demonizando a los menas”. Respondió rápidamente que “se está demonizando a Vox”. Sin embargo, un par de minutos después cuando le recordaron que en esos centros de acogida también hay menores españoles, Abascal vio la oportunidad y dijo: “Y que padecen también la convivencia de esos menores” (extranjeros).

El mal siempre llega de fuera, como cuando Trump llamaba “violadores” a los inmigrantes que llegaban de México. “Algunos, supongo, son buena gente”, seguía diciendo.

Un socio peligroso para el PP

Los réditos obtenidos por Vox en las urnas de noviembre colocan al PP en una situación comprometida. Nunca estableció diferencias ideológicas profundas con ellos porque Pablo Casado pensaba que necesitaría su apoyo tras las elecciones de abril. Los columnistas conservadores dieron por hecho después que se trataba de un voto iracundo que volvería en unos meses al PP al darse cuenta de que debilitar al partido de Casado sólo beneficiaba a la izquierda. Una vez montado el follón, volverían al camino recto.

Las elecciones de noviembre les sacaron a todos ellos de la ilusión. Vox recibió el apoyo de muchos votantes de Ciudadanos, pero también del PP y casi en la misma proporción, según datos de GAD3 sobre la última semana de campaña. En el caso del PP, ese flujo se aceleró en dos momentos condicionados por noticias sobre la crisis catalana, la sentencia del juicio del procés y los incidentes violentos en Barcelona.

El PP necesita desmarcarse de Vox, como le han insistido los barones regionales del partido a Casado, y trazar una barrera ideológica que sea difícil de traspasar para sus votantes. Si sostienes que el PP y Vox defienden lo mismo, votar a uno u otro será una opción legítima para los votantes del primer partido, lo que es una alternativa que sus dirigentes no deberían permitir que eche raíces. No se puede decir que hasta ahora lo hayan conseguido.

Sólo 24 horas después del ataque al centro de menores, el pleno de la Asamblea de Madrid incluía una pregunta de Monasterio a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para saber “cuántos expedientes se han tramitado en los Centros de Menores, separando por nacionalidades de origen, sobre conductas contrarias a la convivencia” entre 2015 y 2019.

“Lo importante es buscar lo que nos une”, ha dicho Díaz Ayuso varias veces sobre la relación del PP con Vox. Pero el jueves no podía permitirse quedar a la defensiva y pasó al ataque. Primero, cuestionó que se diferencie el origen de las personas en caso de conductas violentas: “¿Qué pasa, que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista?”. Después, fue más directa: “Hacerme esta pregunta y poner en tela de juicio si pesa más o menos un acto incívico según el origen de la persona que lo comete tiene otro nombre”. Racismo, pero Ayuso no se atrevió a pronunciarlo.

El PP está inmerso en una encrucijada. Sus gobiernos en Madrid, Murcia o Andalucía dependen de los votos de Vox. Cree que no puede unirse a la izquierda para criticar la xenofobia de la ultraderecha –y por eso vetó junto a Vox una declaración institucional de la Asamblea contra el ataque al centro–, y al mismo tiempo tampoco puede aceptar que la imagen y mensajes del PP sean absorbidos por la ultraderecha. No puede formar parte de cordones sanitarios y no puede seguir dando a entender que los dos partidos no son tan diferentes, por lo que el votante conservador puede votar a cualquiera de los dos.

En el terreno de la política de partidos, Vox es una amenaza en primer lugar para el Partido Popular. No está claro que en Génova sean muy conscientes de ello.

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