PSOE y Más Madrid recurren la negativa de la jueza a ampliar la investigación contra la pareja de Ayuso por nuevos delitos

El PSOE y Más Madrid han interpuesto un recurso contra la decisión de la jueza de Instrucción número 19 de Madrid de rechazar la ampliación de la investigación que habían solicitado los partidos contra Alberto González Amador, pareja de sabel Díaz Ayuso, que ahora está imputado por dos delitos fiscales y falsificación de documentos.

Las peticiones de la acusación popular, que ejercen los dos partidos, se apoyaban en un informe de la Agencia Tributaria incluido en el procedimiento y que concluye que la pareja de la presidenta madrileña podría haber cometido otros delitos adicionales a los que se le imputan.

Los dos partidos critican que las diligencias se hayan denegado “en su totalidad de manera genérica en el auto” de la jueza del caso, sin que se argumente por qué se consideran “las mismas inútiles de forma individualizada” y que esto “produce indefensión” a la acusación popular.

El recurso insiste en que dichas “diligencias guardan relación con el objeto de investigación pues con las mismas se acredita lo fraudulento del actuar de los investigados, que de forma coordinada y colaborando todos ellos han desarrollado una estrategia mercantil que el fiscal denomina en su escrito como 'llamativos por no ser propios de una práctica mercantil normal'”.

El pasado 24 de junio, la acusación popular reclamó por escrito la práctica de varias diligencias como que se investigara la relación empresarial de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con la empresa Quirón; que se analizaran sus cuentas de 2019 a 2022; y que aportara la escritura de compraventa de sus viviendas de 2020 a 2024.

Desde Más Madrid señalaban que habría indicios de más delitos que requerían más tiempo de investigación y estudio con el fin de una posible ampliación del delito fiscal, falsedad documental y delito contable. Además, consideraban, tanto el PSOE como Más Madrid, que la pareja de Ayuso podría haber incurrido en la presunta comisión de dos delitos de administración desleal, falsedad contable, corrupción en los negocios y delito contable. La acusación sospecha que hay “otras facturas falsas que pudieran agravar la responsabilidad por las cuantías defraudadas”.

El recurso citado destaca que los documentos recabados en la causa pueden “enmascarar el pago de comisiones por la adjudicación de contratos de Quirón Prevención a Maxwell Cremona [sociedad de González Amador] que incrementó su facturación de manera escandalosa y que sorpresivamente compra a la mujer del director general de Quirón Prevención”. Se trató de “una sociedad sin apenas activo” que la esposa de González Amador compra “por la desorbitada cantidad de 499.836,92 euro para luego vendérsela así mismo por 3.300 euros justo cuando se deriva por Quirón y Maxwell a la misma gran parte de la facturación, es decir, cuando más valor pudiera tener”.

“Lo anterior es tan llamativo que la propia Abogacía del Estado ve en esta operación indicios delictivos, al igual que la agencia tributaria, motivo este por el que deben acordarse las diligencias de investigación”, concluye.