Las maniobras dilatorias de Rajoy enfadan a Ciudadanos, PSOE y sus propios gobiernos autonómicos

A Mariano Rajoy le acusan de inmovilismo, pero en apenas un año de legislatura ha conseguido enfadar también a sus principales socios –Ciudadanos y los puntuales como el PSOE– por sus incumplimientos o retrasos en la ejecución de los compromisos que ha adquirido. La legislatura comenzó con el ninguneo del PP a las promesas anticorrupción que le había hecho a Albert Rivera y cumple sus primeros doce meses con un profundo enfado del PSOE y también de los gobiernos autonómicos, incluso algunos gobernados por los conservadores.

El presidente del Gobierno se comprometió con los presidentes autonómicos en enero a formular un nuevo sistema de financiación para las comunidades de régimen común –todas menos Euskadi y Navarra–. “Vamos a ver si somos capaces”, anticipó Rajoy. A punto de que termine 2017, la propuesta no se ha puesto siquiera sobre la mesa y Hacienda ha admitido que incumplirá su compromiso.

Rajoy ya había aparcado la revisión del sistema en varias ocasiones durante su anterior mandato. De hecho, acumula un retraso de cuatro años. Ahora, la aprobación exprés del cupo vasco en el Congreso ha revuelto las aguas. Los socialistas fueron los primeros en alzar la voz al considerar injusto que se solucione el problema de las comunidades que consideran estar mejor financiadas frente a las de régimen común. Pedro Sánchez se vio obligado a dar un ultimátum, vía resolución, a Rajoy. Pero el Gobierno sigue reconociendo que no da tiempo.

Los gobiernos del PP también se quejan

No solo los gobiernos socialistas se han sentido agraviados. El Ejecutivo de Castilla y León, en manos de Juan Vicente Herrera, ha criticado que se tramite de “manera exprés” el cupo vasco y ha cuestionado la fórmula en la que se calcula que “perjudica al resto”. “Cuando se quiere se corre mucho”, ha reprochado la consejera de Economía, Pilar del Olmo, que ha recordado que el resto de comunidades están a la espera de una “reforma urgente”. También el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha polemizado con el asunto al admitir que “el resto de presidentes autonómicos” tienen “derecho a saber” cómo se reparte “el dinero de todos”.

El PSOE acumula un importante enfado con los conservadores. Los socialistas se revolvieron contra Cristóbal Montoro cuando Hacienda planteó que la renovación del sistema de financiación autonómica recayera en la comisión territorial que han planteado para analizar el modelo. En Ferraz sostienen que en el marco de esa comisión se pueden estudiar “principios básicos” de financiación que puedan, por ejemplo, recogerse en la Constitución, pero no la actualización del sistema, que es lo que urge.

“El Gobierno está todo el rato intentando eludir su responsabilidad. El acuerdo tiene que plantearlo el Gobierno con las Comunidades Autónomas y luego que venga al Parlamento”, explican fuentes socialistas ante ese intento de Montoro que, además, dilataría al menos seis meses la puesta en marcha del nuevo sistema puesto que es la duración que han acordado para esa comisión.

Los conservadores empujan al PSOE a alcanzar un acuerdo la financiación: “El Gobierno del PP ha venido diciendo que el modelo de financiación no se va a presentar de manera unilateral, tiene que haber un acuerdo entre los dos principales partidos, el PSOE y el PP”, ha replicado el número dos del PP en el Congreso.

Fuentes socialistas apuntan a que, si el Gobierno está pensando en vincular el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, se puede ir olvidando. “Montoro sabe que eso no va a pasar. Sabe que el PSOE va a rechazar las cuentas que traiga”, afirma un diputado socialista.

“Las derechas” ningunean la comisión del PSOE

La puesta en marcha de la comisión territorial planteada por el PSOE para la apertura del debate de la reforma constitucional en un plazo de seis meses fue el compromiso de Rajoy con Pedro Sánchez a cambio de su respaldo al 155. Los conservadores, con la connivencia de Ciudadanos, han retrasado el comienzo de los trabajos hasta que pase el 21D.

El PSOE tenía en la estrategia llamar a los 'padres' vivos de la Constitución el 4 de diciembre, el día antes de que arranque la campaña electoral catalana y a punto de celebrarse el 40º aniversario de su aprobación. Querían lanzar un “mensaje a Catalunya”, según fuentes socialistas. El PSOE asume que el PP no quiere hacer nada antes del 21D para darle a su electorado la impresión de que se mantienen fuertes ante el pulso independentistas. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, ha acusado a “las derechas” de “electoralismo para que la comisión no empiece a trabajar”.

En Ferraz el enfado también fue mayúsculo cuando el PP empezó a desdeñar la posibilidad de que la comisión condujera a una reforma constitucional. “No hay consenso”, advirtió la vicepresidenta del Gobierno. “Venimos a hablar del objeto de la Comisión, venimos a hablar de evaluar y mejorar nuestro modelo autonómico, no para cambiarlo o sustituirlo por otro –dijo el número dos del PP en el Congreso nada más ponerla en marcha–. No venimos con una idea preconcebida de reformar la Constitución”.

Sin prisa para darle a RTVE un nuevo presidente

José Antonio Bermúdez de Castro ha insistido este jueves en la misma idea: “Se ha definido claramente el objeto de esta comisión y no es para negociar una reforma constitucional; es para debatir y evaluar cómo es el modelo autonómico”. Precisamente abrir el debate sobre la modificación de la Carta Magna era el compromiso del presidente con el líder del PSOE. Se dieron un plazo de seis meses y que la reforma constitucional partiera en lo que atañe al modelo territorial de la comisión territorial que ha comenzado desdibujada por el plantón de Unidos Podemos y los nacionalistas.

Públicamente los socialistas trataron de restarle importancia y se aferraron al compromiso de Rajoy. Sin embargo, la actitud del PP ha sentado muy mal en el PSOE. “¿Para qué sirve una comisión si desde el inicio se dice que no habrá cambios?”, se preguntan fuentes socialistas.

La oposición también recela de la parsimonia en la que se ha abordado el relevo en la cúpula de RTVE. Acusan al PP de “dilatar” el proceso para llevarlo a cabo ahora que está obligado por ley a hacerlo por concurso. El Congreso ha dado el primer paso para el cambio con la creación de un grupo de expertos que diseñe el concurso público para los candidatos, pero el proceso debe coger ritmo porque el plazo vence el 31 de diciembre.

Ciudadanos, el principal ninguneado

Si alguien está acostumbrado a que el PP se desdiga de sus pactos y trate de incumplirlos es Albert Rivera. Nada más comenzar la legislatura, los conservadores trataron de saltarse algunos de los acuerdos a los que llegaron en materia de regeneración democrática. El PP llegó a admitir que nunca cumpliría el pacto con Ciudadanos: “En aquel momento estaba en juego la gobernabilidad de España y es lógico que dijéramos sí a las condiciones, porque eran irrenunciables”, dijo el vicesecretario de organización.

El PP rechazó la creación de una comisión de investigación sobre la financiación ilegal de su partido, tal y como se había comprometido con Ciudadanos en el acuerdo de investidura. Salió adelante gracias al respaldo de PSOE y Unidos Podemos. Además, los de Rajoy contestaron con la creación de una comisión en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, para investigar al resto de formaciones. Los conservadores usan esa plataforma para sembrar dudas sobre la financiación de los demás partidos.

La imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, también hizo tambalear el acuerdo del PP con Ciudadanos. Los de Rajoy se negaban a exigir la dimisión al dirigente territorial, salpicado por la trama Púnica y el Caso Auditorio. El PP se vio finalmente forzado a exigirle una dimisión que trató de evitar hasta el último momento.