Sánchez e Iglesias ultiman un programa de gobierno para arrebatar a la derecha la bandera del constitucionalismo

El himno, la bandera... y también la Constitución. Primero lo hizo el PP, luego Ciudadanos y ahora Vox. La derecha en sus tres versiones, como única garante de las esencias y la protección de la Constitución. Se escucha en sus discursos, se lee en sus argumentarios. Mañana, tarde y noche. Lo han interiorizado de tal modo que ya deciden con desparpajo quién sí y quién no es constitucionalista dentro y fuera del arco parlamentario. En el último reparto han excluido también al PSOE y a Pedro Sánchez. Antes lo hicieron con el nacionalismo, con el independentismo y con Unidas Podemos.

En la Carta Magna, ya se sabe: solo caben quienes dicen ellos de acuerdo a una interpretación que imponen a golpe de martillazos y brocha gorda. Y hasta el momento puede que la izquierda política no haya puesto demasiado empeño en desmontar el mantra. Quizá por un absurdo complejo. Quizá por no tener que solemnizar algo tan obvio como que defender la Carta Magna no es solo invocar el artículo 2 en el que se fundamenta “la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible” o el ya manido 155 que se aplicó tras el referéndum ilegal en Catalunya.

Pero cuando Pablo Iglesias garantizó el pasado martes a Felipe VI que la XIV Legislatura será la del “constitucionalismo democrático”, no hablaba a humo de paja. Para entonces ya había mantenido varias conversaciones con Pedro Sánchez sobre la necesidad de revolverse contra lo que uno y otro consideran una “apropiación indebida” de la Carta Magna. La fórmula con la que se proponen arrebatarles una bandera que no les pertenece estará en el programa de gobierno que aún perfilan PSOE y Unidas Podemos, y pasa por un amplio desarrollo y blindaje legislativo de los derechos sociales sin rango constitucional.

Intentar una reforma de la Carta Magna para incluirlos como derechos fundamentales –tal y como ya proponía el programa electoral con el que Alfredo Pérez Rubalcaba se presentó por el PSOE a las elecciones de 2011– sería abrir un melón en una legislatura de mayoría precaria que no llegaría a ningún lado. Es la opinión de quienes desde La Moncloa en estos días redactan el programa de la coalición y recuerdan que en el año de Gobierno de Pedro Sánchez se intentaron dos modificaciones puntuales –sustituir el término “minusválidos” por el de “discapacitados” y la supresión de los aforamientos– y no fue posible afrontarlas, pese a que había un consenso general sobre ambas.

Cualquier revisión necesitaría del acuerdo de un PP que con Pablo Casado ha vuelto a su posición más inmovilista en lo que respecta a la Constitución y abriría además un debate sobre el Título VIII, el referido a la organización territorial del Estado, que hoy por hoy no está sobre la mesa abordar ni mucho menos incluir en el acuerdo del futuro gobierno de coalición que ya ultiman los negociadores de sendos partidos.

¿Quiere eso decir que la izquierda renuncia a abrir en este nuevo mandato el debate sobre la reforma pendiente? En absoluto. “Ni la letra del texto constitucional está esculpida en piedra ni hay que olvidar algunos de los problemas derivados del actual multipartidismo y para los que la ley de leyes no ofrece solución”, responden desde La Moncloa. Ponen como ejemplo el artículo 99, que activa el mecanismo para investir a un presidente del Gobierno, o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado en situación de bloqueo político. Pero hacerlo, añaden, en una legislatura que dependerá de los votos de los independentistas “ni es conveniente ni es lo más adecuado”. Otra cosa es que en algún momento haya que vislumbrar el cambio, que hoy allí no se ve como prioritario.

De momento lo que incluye la hoja de ruta del acuerdo de coalición es la defensa de lo que Iglesias llama un “constitucionalismo democrático” vinculado al desarrollo de derechos sociales reconocidos pero no blindados, y que una mayoría progresista de 176 diputados pueda reforzar mediante la aprobación de leyes orgánicas. Defender el derecho a la vivienda mediante la “limitación de precios abusivos” en el alquiler, dotar a la dependencia de mayor protección, garantizar el derecho a los suministros básicos, reducir en sus múltiples vertientes la brecha de género y garantizar la subida de las pensiones de acuerdo al IPC es “igual o más constitucionalista que invocar el artículo 2”, arguyen los negociadores.

Algo de ello ya introdujo Pablo Iglesias en el debate de la penúltima campaña electoral al demandar la creación de una empresa pública de energía en el marco de lo que establece el artículo 128 de la Constitución o la reducción de los ocho puntos porcentuales en justicia redistributiva que alejan a España del resto de Europa conforme al artículo 31, que establece un sistema tributario justo e inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Ahora se trata, desde el gobierno de coalición, de implementar reformas y aprobar leyes que demuestren que no se es más constitucionalista ni más patriota por defender el artículo 2 la Constitución que por hacer lo propio con el 35, el 47, el 31 o el 50, que impone a los poderes públicos la obligación de garantizar la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad mediante pensiones “adecuadas y periódicamente actualizadas”.

Lo que toca, aseguran las fuentes consultadas, es defender la Constitución y asegurar su primacía y vigencia mediante la defensa de su vertiente social. Y más adelante, cuando cambien las mayorías o el PP se avenga a formar parte de un nuevo pacto constitucional, habrá tiempo de deliberar acerca de las distintas fórmulas sobre la organización territorial del Estado. Invertir en este momento el orden de los factores serviría para dar alas al independentismo, además de para engordar al nacionalpopulismo de Vox con el que compite cada día Casado y que ha permitido en los últimos años que la derecha ocupe en solitario el espacio de la defensa de una Constitución supuestamente amenazada.

El objetivo es cambiar la narrativa, pero también el marco según el cual la derecha ha logrado instalar un inamovible dogma sobre lo que está dentro y lo que está fuera de la Carta Magna hasta dibujar a un PSOE dispuesto a trocear España, romper la nación y entregarle al independentismo hasta las llaves de La Moncloa. De momento, lo que han conseguido es que un partido como el de Iglesias, que irrumpió en la escena dispuesto a impugnar el “régimen del 78”, abrace con entusiasmo la Constitución: “Con todos sus defectos, contiene artículos que son la mejor vacuna para defender a las mayorías sociales del auge de la extrema derecha”, ha dicho recientemente quien no hace tanto defendía un proceso constituyente y más pronto que tarde ocupará una vicepresidencia del primer gobierno de coalición en España. Y no es poco.