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Un testigo del caso Acuamed implica a Arias Cañete en su declaración ante el juez

Cuatro informa de que un testigo ha narrado al juez cómo el director de la empresa pública aseguró a sus colaboradores que las órdenes de un amaño venían directamente del ministro

Se trataba de la "compensación" a FCC por las irregularidades en el proyecto de Bajo Almanzora que investiga la Audiencia Nacional

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El comisario europeo de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete. EFE

Un testigo del caso Acuamed ha señalado al comisario europeo de Acción por el Clima y Energía en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. Según informa Cuatro, el testigo relató ante el instructor que el director general de la empresa pública, Arcadio Mateo, le trasladó, en presencia de otros altos empleados, que las órdenes para favorecer a FCC en un proyecto procedían directamente del entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente.

La reunión se produjo el 24 de marzo de 2014 y en ella se discutieron los problemas con el proyecto de Bajo Almanzora. Las riadas de septiembre de 2012 provocaron la inundación de la instalación, que quedó inservible. El contrato y la legislación vigente dicen que el seguro de la Unión Temporal de Empresas (UTE) debía abonar la reparación, pero el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, llegó a un acuerdo con las constructoras para que sea la empresa pública la que abonara un 40% de los desperfectos.

El 60% que debían abonar las empresas privadas sería recuperado por ellas a través de "compensaciones", según la expresión utilizada por el juez Velasco en su auto de la noche del miércoles. Una de esas "compensaciones" sería la adjudicación de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, otro de los proyectos investigados en la Audiencia Nacional, y del que se encargó FCC. Ante la negativa de los empleados al amaño, Mateo habría indicado que las órdens venían de la cúpula del Ministerio, directmaente de Arias Cañete, según la versión del testigo.

En la obra de Flix se aplicaría el modus operandi que define a la trama desarticulada: elevar el coste de la obra sin justificación alguna, lo que los investigadores denominan "fijar modificados ficticios irreales". FCC obtendría por ello un total de 40 millones de euros. Hasta aquí, uno de los seis casos investigados, de no ser porque esas "compensaciones" fueron, "al parecer, pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio, especialmente en la obra de descontaminación del pantano de Flix", escribe el juez Velasco.

Pero el abono por parte de Acuamed de una reparación que correspondía a las empresas privada quedó frustrado por la oposición de algunos funcionarios, que se negaron a colaborar en un proceso plagado de irregularidades. FCC sigue enrocada y la desaladora de Bajo Almanzora, clave para la provincia, sigue sin funcionar a día de hoy. La constructora de Carlos Slim y Esther Koplowitz pide 10 millones de euros en lugar de los 2 que le corresponderían.

Como reconoció este martes el actual secretario de Estado de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, el Gobierno conocía la denuncia de Francisco Manuel Valiente, exdirector de Ingeniería y Construcción de Acuamed represaliado por Arcadio Mateo al negarse a participar en la trama de corrupción. Valiente lo denunció ante el Ministerio, pero éste no apreció irregularidades en los hechos que presentó. Con las mismas pruebas, Valiente acudió a la Fiscalía Anticorrupción. Tras meses de investigación, el juez Velasco  envió este miércoles a prisión a los 13 detenidos en la Operación Frontino, 5 de ellos sin posibilidad de eludir la cárcel con el pago de una fianza.

La actuación de Medio Ambiente salpica al corazón mismo del Gobierno, según se encarga de destacar el juez Velasco. El Consejo de Ministros, a pesar de la denuncia de Valiente, reservó una partida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para ese pacto ilegal con FCC. E insitió en beneficiar a la empresa en los PGE siguientes, los que afectan al ejercicio actual.

Lo dice el propio Velasco al afirmar: "Los presupuestos generales del Estado en 2015 preveían cubrir esa ‘compensación indebida’ pactada entre la cúpula de FCC y cargos de alto nivel en el Ministerio, fijando un monto de 10 millones, más 20 millones para hacerlo, no llegando a ejecutarlo incialmente al conocer la denuncia que ha originado la presente causa en Fiscalía, lo que no obstó en la persistencia de la idea, pues se consignaron cerca de 36 millones de euros en los presupuestos generales de 2015, manteniéndolos, solo que reducidos, en los de 2016, a una compensación de 8 y 14 millones".

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