Urnas y sentencias: cuando las decisiones judiciales se cruzan con los periodos de elecciones

El trabajo de los jueces es interpretar y aplicar la ley. Pero en los tribunales españoles también existen leyes no escritas, y la menos escrita es que los tribunales guardan para mejor momento sentencias o resoluciones que puedan interferir en unas elecciones inminentes. Un criterio fluctuante en una etapa de sequía de macrocausas y que, por ejemplo, no se ha cumplido en fechas recientes. Mientras, los politólogos, los resultados electorales y la estadística inciden en que la corrupción, que llegó a tumbar un Gobierno en 2018, preocupa cada vez menos. La última interferencia tuvo lugar hace unos días con la admisión a trámite de una querella contra Ada Colau por romper el hermanamiento entre Barcelona y Tel-Aviv.

Es una de las leyes más citadas en los pasillos del Tribunal Supremo cuando se acercan unas elecciones. Y es difícil saber si una sentencia llega después de unas elecciones porque así lo han marcado el calendario y las deliberaciones del tribunal o si, realmente, los jueces han guardado el caso en un cajón hasta que la ciudadanía ha cumplido su cita con las urnas. Tampoco sería fácil justificar en público un retraso basado en tiempos políticos para causas que, a veces, mantienen a los investigados en prisión.

Algunos casos no coinciden con periodos electorales. La primera sentencia del caso Gürtel, que consideró al PP responsable económico de la trama corrupta, se conoció en mayo de 2018 y fue declarada firme en octubre de 2020, lejos de cualquier elección. La sentencia definitiva de los ERE de Andalucía se acercó un poco más a las urnas: las elecciones andaluzas fueron el 19 de junio de 2022, el fallo de la sentencia se conoció el 26 de julio y la resolución completa, ya en septiembre. La sentencia del procés llegó el 14 de octubre de 2019, un mes antes de las segundas elecciones generales de ese año. Las resoluciones del Constitucional sobre el estado de alarma tampoco coincidieron con unas elecciones.

Si la resolución firme de un caso, o un dato clave, es algo que los electores merecen saber antes de ir a las urnas constituye un debate sin fin y sin respuesta clara. El ejemplo más claro fue el de Mónica Oltra en las últimas elecciones municipales y autonómicas. La exvicepresidenta de la Comunidad Valenciana por Compromís dejó su puesto en junio de 2022, después de ser imputada por los jueces que investigan si ella y otros altos cargos intentaron ocultar o silenciar el caso de abusos sexuales de su ya entonces exmarido a una menor. El informe policial que ratifica su versión llegó poco después del 28M pero llevaba varias semanas listo.

Así lo reveló elDiario.es. El informe policial que ratificó que la Consellería de Oltra no borró ningún correo electrónico sobre el asunto fue unido a la pieza separada el 16 de mayo. La Fiscalía dio por zanjada la pieza separada dos días antes de las elecciones. El secreto no se levantó hasta una semana después de los comicios.

Un informe clave sobre una causa judicial que ha marcado el ritmo de la política valenciana durante casi un año y que implicó que Oltra, candidata de la cuarta fuerza más votada en 2019, no concurriera. “Lo primero que haré como presidente es pedir perdón a la víctima del marido de Oltra”, ha dicho textualmente Carlos Mazón (PP) en una de sus primeras entrevista tras suceder al socialista Ximo Puig.

El supuesto secuestro de una concejala de la localidad andaluza de Maracena también irrumpió con fuerza pocos días antes de la campaña electoral. Los hechos ocurrieron en febrero, pero el juez levantó el secreto del sumario tres días antes de las elecciones, lo que descubrió que el exalcalde y entonces número tres del PSOE andaluz, Noel López, estaba investigado. El caso sigue adelante, pero dos semanas después de los comicios el Tribunal Superior de Andalucía enmendó la causa y desestimó imputar a López por participar en el crimen.

El último ejemplo ha llegado apenas unos días antes de las elecciones generales de este domingo. Un juzgado de Barcelona ha decidido abrir una causa contra la exalcaldesa de la ciudad, Ada Colau, a instancias de un abogado y por un asunto en el que las irregularidades han sido desestimadas por el momento, incluso, por la vía administrativa. Una querella que atribuye un delito de prevaricación a Colau por haber suspendido el hermanamiento de Barcelona con Tel Aviv. Se trata del mismo abogado que ya se querelló contra Colau por la peatonalización de parte de la ciudad.

La negociaciones de la izquierda y el 'sí es sí'

La semana del cinco de junio era una semana clave para la configuración de las candidaturas de izquierda de cara a las recién convocadas elecciones generales. Podemos y Sumar tenían de plazo hasta ese mismo viernes para registrar una coalición y concurrir juntos a las urnas, con el nombre de Irene Montero constituyendo uno de los múltiples escollos en la negociación. El desgaste por las excarcelaciones producto de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' convertía a la ministra de Igualdad en duda para las listas de la entonces posible coalición.

Esa semana, tres varapalos judiciales afectaron directamente a la titular de la cartera de Igualdad. El primero llegó desde la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, cuando los jueces confirmaron que las condenas firmes de violadores y abusadores también eran susceptibles de ser revisadas a la baja gracias a la ley del 'solo sí es sí'. El segundo, cuando otra sala, la de lo Civil, confirmó la condena de 18.000 euros a la ministra por llamar “maltratador” a un hombre que no había sido condenado por maltrato.

El tercero tuvo que ver también con las revisiones de condena. Ese mismo día, como hace de forma mensual desde marzo, el Consejo General del Poder Judicial actualizó la cuenta de reducciones de condena y excarcelaciones en aplicación de la ley que supuso uno de los mayores puntos de fricciones entre los socios del ejecutivo de coalición.

La relevancia de la corrupción

La relevancia electoral de los casos judiciales que afectan a partidos o a políticos no se hace notar por igual en todos los electorados y en todos los tipos de procesos electorales. Tal y como explicó elDiario.es tras las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, la factura no fue la misma para todos los partidos: el PSOE, por ejemplo, perdió la alcaldía de Móstoles tras la imputación de la regidora Noelia Posse, mientras que Xavier García Albiol o Ana Millán (PP) consiguieron el bastón de mando en Badalona y Arroyomolinos, respectivamente, estando bajo investigación judicial.

El impacto de las informaciones sobre corrupción y causas judiciales ha ido disminuyendo a lo largo de los años, según se desprende de los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en la última década. En agosto de 2015, por ejemplo, el desempleo era lo que más preocupaba a la población española, con la corrupción en segundo lugar, con un 43% de respuestas afirmativas. En diciembre de 2014 marcó el máximo histórico desde que existen datos, con un 60%. El último barómetro disponible deja en un 4,4% este nivel de preocupación en la actualidad sin entrar entre las 15 primeras del ránking.

El ecosistema judicial de la corrupción también ha cambiado. La época de las grandes macrocausas con decenas de imputados y varias administraciones bajo sospecha terminó, dando paso a causas más fragmentadas y de ámbito local y regional y restando protagonismo a la Audiencia Nacional. Los grandes sumarios con miles de folios, informes e interrogatorios han desaparecido en favor de investigaciones pequeñas que viajan al Tribunal Supremo, cuando hay algún diputado o senador de por medio, para volver inmediatamente a los juzgados territoriales cuando dejan su cargo.

Viacrucis judicial para el PP

La Audiencia Nacional todavía no ha celebrado ni un solo juicio de las múltiples piezas separadas del caso Púnica de corrupción con Francisco Granados, exdirigente del PP madrileño, como protagonista. Tampoco por las ramificaciones del caso Lezo, con el expresidente madrileño Ignacio González en el vértice de la trama supuestamente corrupta. Algunos de los mayores pelotazos de la red Gürtel, que estalló hace 14 años con decenas de millones de euros bajo sospecha, siguen pendientes de sentencia.

Algunas de estas causas pendientes de juicio o sentencia firme incluyen pronunciamientos relevantes sobre el Partido Popular. Posibles condenas para sus antiguos líderes e, incluso, condenas sobre la financiación del partido. Y otros casos de corrupción en las entrañas del Estado en los que la formación de Alberto Núñez Feijóo no se sentará en el banquillo pero que también salpican la gestión de los conservadores en el Gobierno: la operación Kitchen, que juzgará entre otros a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior con Mariano Rajoy, por usar a la Policía Nacional para proteger al PP de sus casos de corrupción.

En el capítulo más reciente, Alberto Casero está pendiente de juicio por la adjudicación irregular de varios contratos en su etapa como alcalde de la localidad extremeña de Trujillo. Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos y alto cargo del PP de Isabel Díaz Ayuso, sigue imputada por cobrar miles de euros de un empresario.

Con el caso de los ERE ya sentenciado en firme, y pendiente solo de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional, la lista de casos de corrupción que afectan al PSOE es más corta y desciende, sobre todo, al ámbito local. La causa bautizada como caso Mediador, que investiga si un exdiputado del PSOE cobró 15.000 euros en mordidas a cambio de beneficiar a empresarios en distintos negocios en Canarias, sigue en fase de instrucción. En cuanto a Podemos, el partido sigue imputado junto con antiguos líderes como Juan Carlos Monedero por la última pieza del caso Neurona a la espera de un último informe pericial para decidir si la causa llega a juicio o si termina archivada como el resto de piezas separadas que fueron abiertas por el juez Juan José Escalonilla.

La corrupción política, por tanto, está lejos de desaparecer de la actualidad y del día a día de los juzgados, y sus caminos se seguirán cruzando con distintos procesos electorales. Mientras tanto, la preocupación ciudadana sobre este asunto queda lejos de los máximos registrados durante la segunda legislatura de Mariano Rajoy al frente del Gobierno.