El vicepresidente del Congreso retira del acta una alusión de ERC a la corrupción de la monarquía

El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha retirado del diario de sesiones una alusión de la diputada de ERC Carolina Telechea a la “corrupción pública y notoria de la familia real”. La acusación se ha producido durante el debate sobre la derogación de los plazos de instrucción de las causas judiciales en el que la diputada republicana ha asegurado que las causas de corrupción del PP “han tenido un coste de 60.000 millones de euros” y las del “PSOE de 50.000 millones”.

“Afirmamos todo esto sin poder calcular los desfalcos y la corrupción pública y notoria de la familia real española -ha expresado Telechea en referencia a las presuntas comisiones del rey Juan Carlos I por el AVE a La Meca-. Habría que ver en qué medida aumentan esas cifras del coste de la corrupción si pudiéramos investigar a esa familia, la más subvencionada del Estado español, la que menos lo merece”. La diputada republicana ha aprovechado así para reprochar que la Mesa del Congreso rechazara la creación de una comisión de investigación sobre los negocios del rey emérito, a la que se opusieron los letrados de la Cámara Baja. “Lo podríamos empezar a conocer si no fuera por la cooperación necesaria de PSOE, PP y Vox -ha expresado-. Basta de impunidad”.

Al acabar su intervención, el socialista Gómez de Celis, que presidía en ese momento la Cámara ante la ausencia de Meritxell Batet, le ha pedido que retirara esa alusión. “Le pediría que desvinculara la mención que ha hecho de corrupción de la Casa Real como institución del Estado”, ha dicho el vicepresidente, que ha aludido al artículo 103 del reglamento del Congreso, que recoge que se llamará al orden a los diputados cuando “profirieren palabras o vertieren conceptos ofensivos al decoro de la Cámara o de sus miembros, de las Instituciones del Estado o de cualquiera otra persona o entidad”.

“Estoy en desacuerdo con retirar dicho concepto”, ha expresado la diputada. “Se retirará del diario de sesiones”, ha zanjado Gómez de Celis.

La investigación que ha iniciado la Fiscalía de Juan Carlos I ante la posibilidad de que incurriera en delito fiscal o blanqueo tras su abdicación ha motivado que la izquierda parlamentaria y las fuerzas nacionalistas reabran la presión para investigar a la monarquía. JxCat, ERC, la CUP, PNV, BNG, MasPaís, Compromís y EH Bildu presentaron una petición de comisión de investigación sobre los negocios del rey a la que se sumó otra de Unidas Podemos -que también secundaron esos grupos-, que planteaba investigar el periodo posterior a la abdicación. Los letrados del Congreso se opusieron y la Mesa rechazó, con los votos de PSOE, PP y Vox, la solicitud. Los firmantes aseguran que seguirán intentándolo.

El mismo día en que se rechazaba esa petición, EH Bildu planteó la retirada de los retratos y bustos del exjefe del Estado de las dependencias del Congreso. De nuevo ERC, JxCat, CUP y BNG secundaron la propuesta que Gerardo Pisarello, secretario primero de la Cámara a propuesta de Unidas Podemos, vio con buenos ojos recordando que tanto en el Parlamento navarro como en el Ayuntamiento de Barcelona se han retirado esos símbolos. Sin embargo, tanto Pablo Echenique como Adriana Lastra rebajaron las expectativas al considerar que es un tema de “decoración” que no corresponde a los grupos.

También en el Senado Junts per Catalunya, ERC-EH Bildu e Izquierda Confederal siguen intentando que se pueda fiscalizar a la jefatura del Estado al solicitar a la Mesa de la Cámara Alta que reconsidere el rechazo de la petición de que el Tribunal de Cuentas analice el presupuesto de la Casa Real. Los socialistas, que tienen la mayoría con el PP en este caso, se remiten a los letrados de la Cámara Alta que consideran que esa solicitud es “contraria a la posición institucional de la Jefatura del Estado en la Constitución y, en particular, a sus artículos 56.3 y 65 [el primero se refiere a la inviolabilidad y el segundo a que el rey ”distribuye libremente“ entre la familia real la cuantía que le asignan los presupuestos], así como a la jurisprudencia establecida en las sentencias 98 y 111/2019 del Tribunal Constitucional”.