Más de 150 menores están en riesgo de quedarse sin escolarizar el próximo curso en Melilla

Wisan nació en Melilla. Así consta en su partida de nacimiento, y además está empadronado en la ciudad autónoma junto a su madre. Pero a 8 de junio no tiene asignada plaza escolar para el curso que viene, ni la tendrá salvo que prospere algún recurso. El curso que viene, si no hay un cambio drástico de la situación, Wisan no irá a la escuela.

Como este joven, otros 150 niños y niñas de Melilla de entre 4 y 16 años pueden quedarse sin plaza en el colegio el curso que viene, a menos que el Ministerio de Educación les conceda una plaza escolar que en este momento no tienen, según ha denunciado este jueves la Plataforma de Infancia. Esta situación se viene dando recurrentemente desde hace tres años, según explica Ricardo Ibarra, director de la plataforma, sin que Educación ponga solución. Estos menores son en su mayoría hijos e hijas de personas marroquíes que trabajan en España, pero que no tienen permiso de residencia o tienen problemas con el padrón pese a ser residentes legales.

“El número de niños y niñas sin escolarizar en Melilla aumenta cada año. Estos niños y niñas viven y residen en esta ciudad autónoma desde hace varios años. La mayoría han nacido aquí, pero no se les está proporcionando una plaza escolar. De hecho, algunos llevan más de tres años en esta situación, de forma que no pueden acceder al derecho a la educación que está reconocido y garantizado para cualquier niño o niña que resida en España”, explica José Palazón, presidente de la Asociación PRODEIN, una organización que trabaja en Melilla.

Los denunciantes de la situación señalan que la Delegación Provincial en Melilla alega problemas documentales de las familias, ya que duda sobre la residencia de estos niños y niñas, poniendo barreras constantes para dificultar o impedir esta matriculación y que además se les solicita documentación adicional de la que carecen. Educación sostiene que estos menores son marroquíes que pasan a la ciudad autónoma, pero no residen en ella. Ibarra rechaza esta afirmación y explica que se ha realizado esta acción de denuncia precisamente este año porque ha estado la frontera cerrada los últimos 12 meses, desde que se desató la pandemia, por lo que el argumento del Gobierno no puede aplicar este año.

“El derecho a la Educación es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Este derecho implica la obligación del Estado español de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias”, explica Ibarra.

“Es inconstitucional”

Para las asociaciones que trabajan con estos menores, la situación está injustificada desde todo punto de vista. “Ni la Constitución Española, ni la Ley de Educación, ni la Ley de Extranjería exigen que los progenitores, ni los menores, tengan que aportar ni permiso de residencia ni el empadronamiento de la unidad familiar, por tanto se trata de un requisito inconstitucional”, explica el abogado José Luis Rodríguez Candela, de la Asociación Abogados y Abogadas Extranjeristas, organización que lleva los casos de varios de estos niños y niñas cuyas familias han iniciado procesos judiciales para pedir su escolarización. “Conocemos casos en los que los institutos han requerido el permiso de residencia de los padres para otorgarles la plaza”, añade.

Tanto la Ley de Extranjería como la Ley de Protección del Menor son tajantes: todo menor tiene derecho a la educación en España, independientemente de su estatus administrativo.

Esta misma situación se dio también en Ceuta hace unos años, pero allí se ha solventado o al menos no es tan masiva, explican fuentes educativas. La diferencia entre una ciudad autónoma y otra –ambas dependientes en lo que a Educación se refiere del Ministerio– hay que buscarla en la Dirección Provincial de un lugar y otro, explican quienes conocen estos procesos. También en el hecho de que en Ceuta la Fiscalía instó a la escolarización de estos menores.

La situación educativa general de Melilla es complicada, cuentan profesores de la ciudad autónoma. Las ratios de alumnos por aula exceden a menudo los límites legales de máximo 25 en Primaria con un 10% extra excepcional (2,5 alumnos más) para incorporaciones de última hora, explican fuentes sindicales.

Esta saturación del sistema lleva a que desde algunas instancias no se vea con buenos ojos que aumente aún más la presión sobre la escuela pública con más alumnado. “Somos conscientes de que hay una saturación en las aulas”, concede Ibarra, “pero no es una razón para negarlo. Sabemos que las ratios son altísimas, pero ese argumento no se utilizaría en ningún otro caso”, rechaza.

Las asociaciones cuentan con el apoyo del Defensor del Pueblo, que estuvo la semana pasada en Melilla discutiendo el asunto, y del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, que también exige su escolarización. “Esta situación puede tener, además, graves consecuencias en su desarrollo vital, ya que no solo les afectará a su proceso educativo sino también a su capacidad para relacionarse. No podemos permitir que en el curso 2021/2022 vuelva a vulnerarse el derecho a la educación de estos niños y niñas”, cierra Ibarra.