El Gobierno se niega a escolarizar a decenas de niños de origen marroquí

Le prometieron hace un año que su hija podría ir al colegio pero, un curso más, Amina se ha visto obligada a llevarla cada mañana a las clases extraoficiales impartidas por una ONG para que reciba alguna formación. “Me pregunta por qué su prima puede ir al colegio y ella no”, lamentaba su madre en noviembre de 2014. La respuesta sigue siendo la misma: el Ministerio de Educación bloquea la escolarización de los niños a los que no permiten empadronarse, la mayoría hijos de padres marroquíes que viven en Ceuta y Melilla de forma irregular.

Aunque durante las últimas semanas el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha hecho hincapié en diversas entrevistas en la importancia de la integración de los migrantes en la sociedad española, el Gobierno aún no ha tomado medidas para solucionar un limbo legal que lleva años dejando a menores fuera de las aulas. El Ministerio de Educación -con competencia en las ciudades autómas- y el Ayuntamiento de Ceuta - con capacidad para arreglar una serie de trámites que desbloquearían la situación- vulneran el derecho a la escolarización de al menos 30 niños en Ceuta que, debido a un limbo administrativo, no pueden ser censados. A su vez, debido a la falta de empadronamiento, no permiten su matriculación en los colegios.

La mayoría son hijos de marroquíes que viven en la ciudad autónoma de forma irregular porque, aunque tienen permiso para trabajar, hacer compras o buscar empleo en la localidad española, no pueden dormir en Ceuta. Esta situación incumple la normativa nacional: la Ley de Extranjería y la Ley Orgánica del Menor establece que todo menor que se encuentre en España puede acceder a un colegio público, independientemente de su estatus administrativo.

A quién afecta

Los perfiles son variados pero en su mayoría son hijos de los llamados “trabajadores transfronterizos”. Aunque no cuentan con permiso de residencia, miles de marroquíes pueden cruzar el perímetro ceutí cada día por razones laborales. Debido a diferentes motivos, algunas de estas personas acaban viviendo en la ciudad autónoma de forma irregular.

Sus hijos, algunos de ellos nacidos en España, se encuentran en un limbo jurídico que bloquea su acceso a la educación reglada, según explica la Asociación por la Dignidad de Mujeres y Niños (Digmun), una ONG local que se ha visto obligada a ocupar el vacío estatal y, sin contar con fondos públicos -tan solo recibe ayuda de la organización Educo-, cada día imparte clases extraoficiales a parte de estos niños. En la actualidad atienden a unos 30 menores y tienen una lista de espera de 10 niños más, aseguran.

Ante el silencio y la falta de soluciones aportadas a través del Gobierno central, las Consejerías de Educación y Asuntos Sociales de Ceuta se comprometieron en junio a explorar la posibilidad de, con informes de trabajadores sociales, certificar que los niños no escolarizados viven en la ciudad aunque no figuren en el padrón, para lo que se exige el permiso de residencia en vigor desde 2013, según informó la agencia Europa Press. Pero tampoco. Esa vía todavía no ha dado resultados.

Todos los niños y adolescentes afectados tienen en común que no están empadronados debido a que, según han alegado desde el Consistorio en diversas declaraciones públicas, no está demostrado que residan en la ciudad autónoma. La ONG denuncia que, por más que lo intentan, su registro en el censo es denegado. La falta de este trámite es lo que impide su matriculación ya que la Administración la exige a pesar de no estar recogido en la legislación.

Desde la Dirección Provincial del Ministerio de Educación defienden que todos los menores “que cumplían los requisitos” para ser escolarizados -vivir en la ciudad autónoma y estar empadronado- podían matricularse. El problema es que se les impide uno de las condiciones: censarse. El Ayuntamiento no ha explicado a eldiario.es estas trabas burocráticas. El Ministerio de Educación tampoco ha respondido las preguntas de eldiario.es aunque sí confirmó la existencia de un grupo de niños para los que es imposible recibir educación reglada.

Mientras, las únicas dos aulas de Digmun continúan repletas de niños con diferentes niveles y edades. Unos saben hablar bien español, otros no. Los profesores de la ONG tratan de enseñar a estos menores cada día, pero reconocen que no pueden equipararse a la educación reglada en estas circunstancias.

“La hija de Amina tiene muchas ganas de aprender. Es muy responsable, muy correcta y habla un perfecto español. Pero, claro, en estas clases es imposible avanzar de la misma manera que en un colegio. Se quedan muy atrás...”, describe a eldiario.es una integrante de Digmun. “Este año, como ha pasado con la mayoría, no hemos logrado matricularla. Solo hemos conseguido que aceptasen a cuatro de nuestros alumnos”, apunta. La pequeña tiene diez años y ha acudido a las aulas de la ONG durante cinco cursos.

Amina se crió en Ceuta hasta los siete años, subraya, pero solo cuenta con la nacionalidad marroquí. Hace cerca de ocho decidió regresar a la ciudad española, donde también residen su madre y sus hermanas.

Denuncia a la Fiscalía

Después de confirmarse el bloqueo de la matriculación de estos menores en el curso escolar 2015-2016, la coalición Caballas registró una denuncia ante la Fiscalía de Área de la ciudad autónoma instando al Ministerio Público a intervenir para “garantizar el cumplimiento de la legalidad vigente en materia de protección de menores” con los menores que, pese a residir en Ceuta, el Ministerio de Educación se niega a escolarizar, según el escrito difundido por Europa Press.

Según asegura el diputado de la ciudad que presentó la denuncia y también profesor de Secundaria, Juan Luis Aróstegui, la Dirección Provincial del Ministerio ha rechazado las solicitudes de matriculación de los jóvenes afectados alegando “falta de documentación” porque “a su criterio” es “obligatorio” presentar el “certificado de empadronamiento”. Este requisito, afirma, “no está amparado por ninguna norma vigente”.

La negación de acceso a la educación no sucede en el caso del resto de migrantes. Los hijos de cualquier inmigrante que resida en Ceuta de forma irregular tienen asegurada su matriculación en un colegio ceutí. Los menores extranjeros no acompañados (MENAS), aquellos que llegan solos y son tutelados por la ciudad autónoma, también.

Los hijos de los marroquíes con permiso de entrada a Ceuta —no de residencia— y otros perfiles concretos están excluidos. El limbo que administrativo que rodea a su figura provoca que muchos de ellos se estén quedando fuera. Digmun tiene documentados únicamente los casos que les han llegado —cerca de 30—, pero podrían ser más. “Sabemos que no son los únicos, aunque no podemos estimar el número exacto”, señala la asociación en una queja presentada ante la Defensora del Pueblo.