La Comisión Europea tendrá que responder ante la venta de viviendas públicas a fondos buitre
Bruselas tendrá que pronunciarse sobre la venta de promociones de vivienda pública en Madrid a fondos de capital riesgo. Dos de los diputados de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol y Javier Couso, quieren saber si estos pisos públicos –tanto del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) como de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS)– se han financiado en parte con fondos europeos.
Y así lo han plasmado en dos preguntas ya admitidas a trámite por la Comisión Europea (CE): “¿Le consta a la Comisión que estas viviendas no hayan sido financiadas con fondos europeos para vivienda social? ¿Ha investigado la Comisión, o piensa hacerlo, la venta y especulación que se está haciendo con esta viviendas sociales?”.
Fuentes de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid consultadas por eldiario.es niegan que el IVIMA construya inmuebles con fondos comunitarios. La EMVS también lo desmiente. Sin embargo, para IU “hay una sospecha de que han sido financiadas con dinero de la Unión Europea”. “Si es así, la Comisión Europea sería competente para actuar en contra de esta enajenación de bienes públicos”, dice Javier Couso en conversación telefónica desde Estrasburgo.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ya pidió en abril de este año la intervención de Bruselas para paralizar la operación de venta de estas viviendas a Magic Real Blackstone –el fondo ahora propietario de 1.862 viviendas del Ayuntamiento– y a Goldman Sachs-Azora –que posee 3.000 pisos de la Comunidad–. Aunque, según la PAH, la CE se mostró “preocupada porque se está descapitalizando a la Administración Pública madrileña”, los responsables comunitarios se escudaron en que el tema “no es estrictamente de su competencia”.
Pero para Couso este asunto tiene que ver con la protección de la vivienda social y, por tanto, con el derecho a la vivienda, establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. “Pedimos más contundencia con esta cuestión. Queremos amplificar internacionalmente lo que no se sabe de España. A veces aquí nos ven como marcianos a los de los países del sur”.
En Izquierda Unida critican que la jugada se haya escudado en la necesidad de financiación a corto plazo para cumplir con las políticas de austeridad, unas medidas cuyos hilos se mueven precisamente desde la UE. Y es cierto que el hecho de que la Comunidad y el Ayuntamiento se deshicieran de 30 y 62 promociones de vivienda, con un rédito de 201 y 128,5 millones de euros respectivamente, alivió las arcas regionales y municipales en una operación “habitual” para hacer “rotar” el stock, según justificó el consejero de vivienda Pablo Cavero. Pero ¿a qué precio?
Los vecinos, reunidos en sendas asociaciones de afectados, aseguran que no recibieron una comunicación oficial sobre el cambio de propietario. Tampoco supieron que la nueva situación traería consigo aumentos en el precio del alquiler. Algunos, como José, esperan un desahucio inminente. Otros, como Julia y Paloma, ya han tenido que abandonar su vivienda.
La operación incluso encendió las alarmas de la defensora del pueblo, que recordó al Gobierno regional que, “ante situaciones coyunturales de necesidad de los ciudadanos, la respuesta de la Administración no puede ser el dejar a los ciudadanos en desamparo, sino adoptar una posición activa para atender esas situaciones”.
Sospecha de enriquecimiento ilícito
En este conflicto, ya en manos de los tribunales, hay que tener en cuenta un factor más: la sospecha de enriquecimiento ilícito. Hace un par de semanas, el Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid solicitó a la Policía Judicial que determine si hay indicios objetivos de enriquecimiento en este proceso por parte de los responsables de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda del Gobierno, que dirige Ignacio González. El magistrado pide averiguar “la posible interrelación entre las empresas –y personas físicas que las integraban– que formaron parte de la licitación pública y las adjudicatarias finales”.
“No nos sorprendería teniendo en cuenta en lo que se ha convertido Madrid. Es una ciudad que, como también ha pasado con Valencia, se ha construido sobre las bases de la corrupción. Sería algo muy grave, pero no tan extraño viendo la deriva de las cosas”, sentencia Couso.
La investigación sobre los entresijos de la venta de pisos del IVIMA fue abierta tras las querellas presentadas por el Partido Socialista de Madrid y por la PAH. El pasado 3 de septiembre, la directora general del Instituto de Vivienda madrileño, Ana Gomendio, se sentó en el banquillo acusada de un posible delito de prevaricación y malversación de fondos públicos. Y puede que no sea la última que tenga que rendir cuentas ante un juez por una operación cuyas sombras empiezan a salir a la luz.
