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¿Canadá o Uruguay? Activistas e industria se enfrentan por el modelo de regulación del cannabis que quieren para España

Grandes empresas del sector en todo el mundo se reúnen en Madrid en un exclusivo congreso mientras los activistas temen que se apoderen del trabajo de años

Una imagen del encuentro de la industria en Madrid, cuya entrada costaba más de 600 euros.

La apertura de Cannabis Europa en Madrid, un congreso de un día con entradas a partir de 300 euros. D.S.C.

El mundo cannábico se agita ante la inminencia de lo que parece inevitable. Pese a que probablemente aún sea más deseo que realidad, los diferentes actores con intereses en el sector ven la regulación cercana y se ubican para estar en la mejor posición posible cuando ocurra.

Por un lado está la industria, que se mueve ante la (creen) inminente regulación del cannabis en España como la última gallina de los huevos de oro y que hablan, al menos de momento, sobre todo de cannabis medicinal porque saben que es más fácil que se regule. Por otro, los movimientos sociales que llevan años peleando por montar un sistema de consumo centrado en el usuario, con los clubes sociales de cannabis (CSC) como eje y la regulación integral como objetivo irrenunciable.

Los lobbies se mueven. Más de 200 empresas de todo el mundo se han reunido este lunes en Madrid en el congreso de Cannabis Europa para hablar del estado del sector en España y Europa, de regulación, de los pacientes, para explicar los últimos avances en investigación científica y para hablar del mercado. Posibilidades de inversión, opciones de negocio e impedimentos para el mismo se han discutido durante toda la jornada, con una visión común entre los inversores: "La oportunidad de negocio en España es tremenda. España tiene las condiciones, los profesionales y la aceptación social para hacerlo", resumía un inversor. Si se legaliza. "Cuando se legalice", corrige otro. El mercado se calcula en unos 58.000 millones de euros en Europa.

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Un tercer grupo entre inversores y movimientos sociales son los pacientes que utilizan el cannabis con fines medicinales –sobre todo como paliativo del dolor–, que respaldan el activismo civil pero que tienen como objetivo que la regulación llegue lo más rápido posible y creen que la regulación integral, siendo deseable, es más improbable por el momento.

La entrada, desde 300 euros

Desde fuera de este mundo en el que una entrada a un congreso de un día oscila entre 299 y 699 euros por un día –y en el que los propios empresarios han echado en falta más actores como políticos y los futuros interesados, según han comentado varios de ellos– el movimiento social en España observa la situación con preocupación.

También ven la regulación más cerca que nunca, pero temen que el tren del negocio les atropelle, que los lobbies hagan su labor y se acabe aprobando una regulación que beneficie a las empresas frente a los ciudadanos. "Hay gente que se está aprovechando del trabajo que algunos llevamos años haciendo", explica Patricia Amiguet, presidenta de CatFac, la federación catalana de asociaciones de clubes de cannabis, y portavoz de su homóloga española, ConFac.

Hablando con trazo grueso: producción industrial versus autocultivo y asociacionismo. Un sector medicinal (de inicio) impulsado por la industria con un producto estandarizado y trazable, al estilo canadiense, o uno, más en línea con el modelo uruguayo, en el que, sin prejuicio de la industria que se pueda montar, las personas puedan producir su propia marihuana para consumir y se respeten los clubes sociales de cannabis, las asociaciones de consumidores que vienen tirando del sector y proponiendo normativa (logrando que se apruebe a nivel autonómico, incluso) en los últimos años.

Un mercado inmejorable

Los que ven un negocio en el cannabis sostienen que el futuro mercado español del cannabis reúne todas las condiciones que un inversor busca en un sector para ganar dinero: unas inmejorables condiciones para el cultivo de la planta, tanto por el clima como por los profesionales altamente cualificados que tiene, un país en el que el producto –que arrastra su mala fama tras años de prohibición– está socialmente aceptado y extendido su consumo (un 86% de la población apoya la regulación medicinal y son más los favorables a la integral que los contrarios, según el CIS, y casi un 10% lo consume con cierta regularidad), y sobre todo, que es un mercado cuasi virgen. Con las mismas, los empresarios nacionales lo ven como una oportunidad para el país.

De todo esto se ha hablado en los paneles de Cannabis Europa y en los corrillos entre charlas. De alianzas, de llegar al usuario. "Estar bien colocado al principio otorga cierta ventaja", concede Robert Seguin, representante del fondo suizo Westmount Capital. Seguin ha acudido al congreso a informarse sobre la regulación en España y evaluar opciones de inversión para su fondo, que quiere repetir en Europa el éxito de su inversiones en Canadá. "Hay un gran potencial de mercado; el proceso de legalización en Canadá muestra que hay un gran interés de los consumidores, y el mercado europeo es mucho más grande", observa.

"El gran reto es que la industria parezca seria", explica Cristina Romero, abogada del bufete Loyra especializada en asesorar a compañías que quieren entrar en el sector. Pero hay mucho interés de empresas extranjeras, añade, principalmente de firmas canadienses, estadounidenses y británicas. "El modelo a seguir es el portugués", señala, poniendo el foco en un hecho que también se comentará durante la jornada: el país vecino le está cogiendo la delantera a España con el mercado de cannabis. Esta impresión la confirmaban un grupo de empresarios cordobeses por la mañana. "Vamos a empezar en Portugal. En España la agencia (como se conoce a la Agencia de Medicamentos y Productos Sanitarios, responsable del cannabis) es un poco oscura", explicaban en relación a la dificultad de conseguir una licencia en España  para cultivar marihuana por la opacidad con que el Gobierno las entrega.

Politizar versus despolitizar

Los responsables de la mayoría de las empresas creen que la regulación debe ir paso a paso. Primero la regulación medicinal, más amable para los políticos y con más respaldo social, más tarde la integral. Y que es más que necesario desideologizar la cuestión cannábica, bastante contaminada ya por su pasado-presente de prohibicionismo.

"Ni es ni debería ser una cuestión ideológica, esperemos que el nuevo Gobierno aporte una mirada fresca", ha comentado en la apertura del congreso Alex Gille, director de la sección europea de Aurora Cannabis, promotora del foro y gigante del sector. En una línea parecida se manifestaron dos de los principales empresarios españoles, José Antonio de la Puente, CEO de Linneo Health, y Salvador García, director para España de Aurora, que han señalado que lo importante es que se regule para llegar al usuario final y "mejorar su calidad de vida".

Los activistas rechazan esta visión. "Hay dos maneras de hacer esto", expone Amiguet. "Si lo politizamos se creará un debate social que incidirá en esa regulación. Pero si lo despolitizamos y lo convertimos en un proceso técnico-farmacéutico se hará lo que la industria quiera. Y no llevamos casi 20 años trabajando para que que al final lo que haya sea un producto que te vende una farmacéutica en el que no todo el mundo encuentre respuesta a sus necesidades", argumenta.

El movimiento asociativo empezó a crear los clubes sociales de cannabis hace 20 años. Fueron pioneros en establecer un sistema de cultivo o compra mancomunada de cannabis aprovechando un vacío legal. Eran asociaciones sin ánimo de lucro, cerradas a no miembros, que ofrecían información, algunas programas medicinales y políticas de reducción de riesgos (la permisividad que consiguieron fue aprovechada después por empresarios para crear otros modelos más lucrativos, con menos control, ajenos al movimiento).

A medias

Las fuentes consultadas también sostienen que la forma en que las grandes compañías internacionales desembarcarán en España (o están ya desembarcando en España) será de la mano de socios locales.

Es el caso de una de las grandes del sector en el país, Linneo Health. La empresa cannábica de Juan Abelló –expropietario de Alcaliber, la firma con la que ostentaba el monopolio del opio en España– cuenta con uno de los permisos que concede el Gobierno para operar en un limbo en el que pueden producir cannabis y venderlo... pero fuera, porque en España está prohibido. José Antonio de la Puente, el CEO de la compañía (que cuenta con el fondo británico GHO como inversor), participó en un panel en el que expresó el sentir general: "Necesitamos un marco legal más definido, tenemos que ayudar a los reguladores a dar el paso".

El espíritu de los lobbies lo resumió Luis de Palacio, de la Federación Española de Farmacéuticos (FEFE): "Para las farmacéuticas el desarrollo del cannabis medicinal es otra línea terapéutica, y nuestro interés es que se regule en la misma línea que otros medicamentos". Esto es: trazabilidad y estabilidad del producto –una cuestión muy demandada por las personas que lo consumen con fines medicinales y difícil de obtener con el cannabis– pero también control sobre su producción.

Amiguet, de ConFac, explica que los activistas tampoco está en contra del negocio: "No nos oponemos a las tiendas, lo que queremos es poder cultivar, participar en una asociación, crear un proyecto y crecer juntos. La sociedad tiene un montón de propuestas [algunas presentadas en el Parlamento], solo hace falta voluntad política. Si existe, saldrá adelante".

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