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A cuatro estados de activar el tratado internacional para salvar alta mar: “Hasta ahora ha sido el salvaje oeste”

Una ballena jorobada salta fuera del agua del mar.

Raúl Rejón

18 de septiembre de 2025 22:48 h

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En medio de la creciente marcha atrás ambiental que están llevando a cabo muchos países, se abre paso una buena noticia: apenas faltan cuatro estados para activar el Tratado Internacional de Alta Mar que permitirá proteger más de 200 millones de km2 de aguas y fondos hasta ahora fuera de la ley. Cuatro ratificaciones más y entrará en vigor al llegar al mínimo legal de 60.

Aunque el 20 de septiembre se cierra el plazo para firmar el tratado, es decir, anunciar que lo convertirán en una ley nacional, 56 estados ya han depositado no solo la rúbrica, sino la ratificación legal: el instrumento que convierte el tratado en una obligación vinculante para esos países. España lo hizo en febrero pasado.

“Se está esperando la ratificación de varios países durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebra la semana que viene en Nueva York”, pronostica la organización High Seas Alliance (HSA). Es más, desde HSA se atreven a vaticinar que hasta doce estados “tienen altas probabilidades de ratificar” el tratado. Y mencionan a Madagascar, Senegal, Gabón, Zimbabue, Japón, Filipinas, República Dominicana, Saint Nevis & Granadina, Omán, Líbano, Tonga y Samoa.

Con un tercio de esa nómina se llegaría a la cifra de 60 partes que activará automáticamente la cuenta atrás de la entrada en vigor: 120 días desde que ese 60º estado ratifique.

Supone una esperanza dentro del contexto de reveses ambientales porque va a permitir proteger las aguas más allá de las 200 millas desde las costas

Michael Sealey Asesor político de Oceana Europa

El asesor político de la organización Oceana, Michael Sealey, explica que conseguir que este tratado entre en vigor supone “una esperanza dentro del contexto de reveses ambientales porque va a permitir proteger las aguas más allá de las 200 millas desde las costas”. Sealey detalla que esas aguas “hasta ahora han sido una especie de salvaje oeste donde se realizaba todo tipo de actividades muchas veces ilegales porque no había regulación ni nadie vigilaba”.

Con todo, las partes pueden depositar más tarde su ratificación (un proceso más complejo que la simple firma porque implica la adaptación de las leyes de un país al tratado para que cumpla su carácter de vinculante).

También es cierto que, entre una firma más bien protocolaria y la ratificación oficial puede acontecer algún revés: sin ir más lejos, EEUU firmó el tratado en septiembre de 2023, bajo la presidencia de Joe Biden, sin embargo todavía no lo ha ratificado. También hay un grupo de países que ni siquiera han rubricado el acuerdo internacional, entre ellos: Rusia, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Irán.

La importancia de este tratado reside en que, una vez convertido en derecho internacional, existirá al fin una herramienta para proteger alta mar –prácticamente el 70% de la superficie de los océanos, o dicho de otra manera, la mitad de la superficie entera del planeta Tierra– y regular las actividades humanas tanto en la superficie como en la columna de agua y el fondo. Cada parte tiene sus amenazas: los vertidos, la pesca intensiva o la minería a gran profundidad, entre otros.

“La alta mar es de todos y de todas y a todos beneficia: permite el transporte mundial, proporciona pesca o regula el clima”, especifica Michael Sealey.

Un tratado internacional bajo el auspicio de la ONU, sea cual sea la materia, es un texto arduo con un lenguaje no pocas veces inescrutable para un ciudadano común. Si se traduce este tratado específico sobre los océanos, encontramos que los estados estarán facultados para declarar conjuntamente áreas marítimas de protección en lugares sobre los que ningún estado tiene jurisdicción. Ahora nadie puede defenderlas porque nadie puede ejercer una soberanía.

Una vez convertido en derecho internacional, existirá al fin una herramienta para proteger alta mar, prácticamente el 70% de la superficie de los océanos, o dicho de otra manera, la mitad de la superficie entera del planeta Tierra

“Es significativo que podrá declararse un área protegida incluso si no hay un consenso global. Podrán crearse por votación”, destacan en HSA. Eso puede evitar que determinada zona se quede sin ese blindaje porque un estado (o un bloque de países) se oponga en solitario a esa declaración.

El asesor de Oceana analiza que “el establecimiento de áreas marinas protegidas es quizá lo más destacado porque podrá preservarse lo más vulnerable que hay en alta mar”. Y pone como ejemplo “la cantidad de autopistas que utilizan especies migratorias de las que dependen muchas economías como los atunes, los tiburones o los peces espada”. E insiste en que “se trata de mantener un estado saludable de los océanos para el futuro”.

Un aspecto que subrayan los analistas es que los recursos genéticos que reposan en alta mar provenientes de plantas, animales o microbios –que están generando gran interés para el desarrollo de fármacos o cosméticos– deberán compartirse entre los estados siempre que provengan de zonas situadas en estas áreas marinas sin soberanía nacional. Están en terreno de todos.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que el tratado por sí mismo ni regula ni prohíbe actividades como la pesca industrial o la polémica minería en profundidad. Sin embargo, las regulaciones de estas actividades deberán tener en cuenta lo prescrito en este acuerdo en cuanto a protección de la biodiversidad en alta mar, ya que es de obligado cumplimiento.

El acuerdo para librarlo de plástico, encallado

Este momento positivo para la protección ambiental llega justo un mes después de que fracasara la segunda ronda, supuestamente final, para redactar y aprobar un acuerdo que ponga coto a la contaminación por plásticos que afecta especialmente al mar.

Y eso que el tratado de alta mar “reconoce que debe abordarse”, entre otras amenazas, “la contaminación de los océanos incluida la contaminación por plásticos”. De hecho, la ONU calcula que el 85% de los desechos que llegan al mar son basura plástica: entre 8 y 13 millones de toneladas cada año.

Pero la oposición de los países productores de petróleo, la materia prima de la que sale el plástico, a que se incluya en ese acuerdo una reducción en la producción de polímeros (con la idea de preservar un negocio que debería ir a la baja a medida que se abandona el uso de combustibles fósiles para combatir el origen de la crisis climática) supuso un muro infranqueable.

Un grupo de estados que pretendían obtener un acuerdo con cierta ambición en este aspecto no admitió esta vez firmar un texto más blando en aras de alcanzar el consenso. Las negociaciones fracasaron y ahora se espera saber cómo proseguirán.

Diversas organizaciones ambientalistas y científicas lamentaron la oportunidad perdida, pero admitieron que era mejor no llegar a un acuerdo si no iba a abordar la rebaja de la producción de plástico nuevo.

Así que mientras el tratado del plástico (un colonizador mortífero de las aguas marinas) está encallado, el de alta mar tiene todas las papeletas para convertirse en ley internacional. Más allá de parcelar el imperioso plan de rescate que precisan los océanos, continúa resonando el lema recientemente lanzado por el naturalista David Attenborough: “Si salvamos el mar, salvamos el mundo”.

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