El número de cuidadoras familiares que cotizan se duplica en el primer mes de nueva regulación: ya son más de 16.500
El número de cuidadoras no profesionales afiliadas a Seguridad Social ha alcanzado las 16.695 personas durante el mes de abril, el primero en vigor del decreto ley aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez que les devuelve el derecho a hacerlo, según ha avanzado El País y ha confirmado eldiario.es de fuentes del Ministerio de Hacienda. Se trata de personas que están a cargo de un familiar y que, tras los recortes del Partido Popular en 2013, tenían que hacerse cargo ellas solas de su cotización.
El Estado, desde el 1 de abril, vuelve a asumir la cotización mínima de estas personas. Antes de esa fecha, en España eran 7.304 las cuidadoras familiares –la inmensa mayoría, alrededor del 90%, son mujeres– las afiliadas a la seguridad social, pero tenían que hacerse cargo ellas del coste. La cifra se ha más que duplicado durante esos 30 días y Hacienda se responsabiliza de los costes de las 16.695, según el Ministerio.
Las cuidadoras no profesionales pueden suscribirse a la Seguridad Social por medio de un convenio especial que se puede solicitar a través de las oficinas de la institución o de la sede electrónica. El convenio está dirigido a “aquellas personas designadas como cuidadoras no profesionales en el Programa Individual de Atención, elaborado por los Servicios Sociales correspondientes al municipio de residencia de la persona solicitante”, remitió en una nota el Ministerio de Trabajo.
Estas personas tienen dos opciones: optar por la base de cotización equivalente al tope mínimo del Régimen General, caso en el que el pago de la cuota es asumida en su totalidad por la Administración; o elegir una base de cotización superior, en el que el Estado paga la financiación de la base mínima y la cuidadora, el resto.
La exministra de Sanidad Carmen Montón ya anunció en julio, recién llegada al cargo, que pretendía llevar a cabo este plan. Entonces cifraba a sus potenciales beneficiarias en 180.000 personas. Finalmente, se aprobó en Consejo de Ministros el pasado 1 de marzo, en uno de los llamados 'viernes sociales' y dentro del real decreto ley 6/2019, de igualdad laboral.
Algunas cuidadoras no profesionales, trabajadores sociales y asociaciones denunciaban los días previos a su aprobación la situación de precariedad que les había dejado el no tener derecho a cotizar. “Tengo 60 años, me voy a hacer mayor yo y no voy a tener ni quien me cuide ni medios. Me alegro si realmente recuperamos el derecho a cotizar a partir de ahora pero espero que, por estos años que nos la han quitado, se nos dé una compensatoria o nos pidan menos tiempo, sería lo justo”, reflexionaba a este periódico Ana, mujer de 52 años a cargo de su madre desde los 21.
