El expolio de la Iglesia con el patrimonio de todos: “Es como si los médicos se quedaran con el hospital”

Aunque pueda parecerlo, este “no es un libro anticlerical”. El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia (Akal, 2026) acaba de llegar a las librerías como una profunda investigación sobre la inscripción de miles bienes sin garantías de propiedad a nombre de la institución católica entre 1946 y 2015. Un estudio que no pretende “quitarle nada” a la Iglesia, sino “defender la legalidad democrática y el patrimonio público” frente a lo que definen sin rodeos como un “expolio” que ha originado “una descapitalización sin precedentes” en plena etapa democrática. Los autores, Antonio Manuel Rodríguez y Aristóteles Moreno, tratan de delimitar la verdadera dimensión del fenómeno, comparándolo con capítulos tan relevantes para el patrimonio español como la desamortización de Mendizábal. Como si se tratase de un reverso histórico, aquella operación llevada a cabo a principios del siglo XIX supuso la expropiación y subasta de multitud de bienes en manos de la Iglesia católica —monasterios, conventos, tierras— para financiar las arcas del Estado. Sin embargo, la maniobra se revelaría infructuosa, poco eficiente, y acabaría causando daños irreparables al propio patrimonio.

En un momento actual en el que numerosos colectivos y propietarios de todo el país exigen al Gobierno que actúe con urgencia contra lo que consideran un escándalo mayúsculo, este nuevo trabajo se presenta como un manual de “pasado, presente y futuro”. Explica Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba, que la investigación viaja hasta el origen del problema: la “simbiosis” entre Iglesia y Estado desde el Antiguo Régimen. A partir de ahí, examina “un expolio que no se comete en el siglo XV, sino a finales del XX”, en periodo democrático y, finalmente, se presenta como “un manual de futuro” para “cuando el Gobierno se atreva a acometer la tarea titánica de separar Iglesia y Estado de forma definitiva”. Actualmente, se lamentan los autores, “son como hermanas siamesas que comparten el bolsillo”. Cabe recordar algunos datos que aclaran la magnitud del problema: la práctica de las inmatriculaciones ha convertido a la Iglesia en el principal propietario inmobiliario del país, con un 80% del patrimonio histórico en sus manos, y más de cien mil bienes inscritos sin pruebas, según los cálculos de la plataforma estatal Recuperando.

“Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”

Fruto del respaldo que otorga esa extensísima nómina de bienes registrados —que todavía no se conoce, ni mucho menos, al detalle— la Iglesia “se sienta a negociar con el Estado de tú a tú”, porque “esto no se ha hecho por dinero, sino por el afán de poder”. Antonio Manuel Rodríguez revela algunas de las conclusiones de las que se nutren las páginas del libro, al tiempo que examina con severidad las diferentes responsabilidades. Desde el papel del Estado —que derogó en 2015 una ley hipotecaria anticonstitucional, “pero no declaró nulas las inmatriculaciones”— a la connivencia de los registradores o incluso la pasividad social. Pero, sobre todo, apunta al uso indebido que los obispos han venido haciendo de los privilegios otorgados en 1946. “Lo más grave no es que los obispos actuasen como fedatarios públicos, sino que únicamente lo hicieran para autocertificarse el dominio de aquello que no podían probar que les pertenecía”. Una potestad, inciden los autores, de la que ni siquiera los notarios gozaban.

La Mezquita de Córdoba, el paradigma

El trabajo “El expolio de las inmatriculaciones de la Iglesia” habla de 16 casos especialmente relevantes en el panorama español, pero sitúa uno en particular por encima del resto: la Mezquita de Córdoba. Precisamente, el germen del libro está en la implicación personal de Antonio Manuel Rodríguez y de Aristóteles Moreno en el rechazo social que produjo el registro por la Iglesia católica del templo islámico, origen de la plataforma que se creó en Córdoba para defender la titularidad pública del templo islámico. “Te duelen los ojos al comprobar que estamos ante un bien que incuestionablemente no ha construido la Iglesia; cuando la jerarquía católica llega a la Mezquita, ya estaba construida”, exponen los investigadores. En su opinión, en el monumento emblema de Córdoba se encuentra la clave que permite desmontar cualquier argumento a favor de la inmatriculación. “¿La Mezquita se puede vender? ¿Se puede hipotecar? La respuesta es que no, y los únicos bienes que están en esta situación son los de dominio público, porque son de todos”, argumenta Antonio Manuel Rodríguez, quien se pregunta por qué no existe una norma y un listado oficial que aclaren qué edificios se encuentran en esta situación en nuestro país, como sí existe en Francia, Reino Unido, Alemania o Portugal.

En el caso de la Mezquita, además, el volumen recopila datos históricos y aporta nueva documentación que permite explorar con mayor claridad el origen del templo. “Fue construida en el año 785 por el Estado Omeya para ofrecer un servicio público a los ciudadanos, en el sentido en que el culto islámico era oficial y para ello fueron utilizados recursos de todos los contribuyentes”, explica Aristóteles Moreno. De ahí, damos un salto hasta el siglo XX, cuando la Iglesia “era una especie de brazo administrativo del Estado que incluso cobraba impuestos”. Sin embargo, el catolicismo dejó de ser la religión oficial del Estado con la llegada de la democracia. “A partir de la Constitución, en 1978, la Iglesia se quedó con todo ese patrimonio histórico que se había construido, no con su dinero, sino con fondos de toda la comunidad”, precisa el periodista. “Es como si los médicos se quedaran con el hospital o los maestros con el colegio”, compara Moreno, que se ha encargado de profundizar en el dilatado recorrido temporal del edificio.

En este sentido, el coautor del libro ha buceado en diferentes archivos para construir una sólida argumentación que aleje cualquier sombra de duda. Moreno se remite, por ejemplo, a la declaración de monumento nacional, que data de 1882. “El Estado nombra a un arquitecto conservador, Ricardo Blázquez, un funcionario público que asume el control y el dominio del edificio; en este asunto, la Iglesia no participa en nada”, precisa. Es más, lo primero que hace Blázquez es “desmantelar multitud de pegotes barrocos que los obispos habían ido metiendo en la Mezquita”, añade. Pero hay más. En 1910, tuvo lugar un suceso que desafortunadamente recuerda a lo ocurrido el pasado verano: un grave incendio, en este caso, originado por una tormenta, ante la falta de un pararrayos. “Con motivo de aquel suceso, dos periodistas entrevistaron al obispo, quien negó que el pararrayos fuera su responsabilidad porque, según él, la Mezquita era incumbencia del Estado”, recoge Aristóteles Moreno. Un último dato: en 1972, el director de Vivienda en el Gobierno franquista, Rafael de la Hoz, propuso un proyecto para “extraer la catedral de la mezquita”, es decir, quitar cualquier elemento no original. “El Ayuntamiento de Córdoba se declara dispuesto a colaborar para llevar a cabo el proyecto, asumiendo que ha sido una institución fundamental en la defensa y la tutela de la Mezquita a lo largo de la historia”, recoge el periodista. 

Del Prerrománico asturiano a los payeses catalanes

Quizá el otro conjunto patrimonial que más polémica ha generado junto a la Mezquita de Córdoba en el aspecto de las inmatriculaciones sea el Prerrománico asturiano, una quincena de edificios promovidos por monarcas asturianos entre los siglos VIII y X, con Santa María del Naranco a la cabeza. En este caso, la Iglesia acometió la inmatriculación de los templos religiosos, inscribiendo las fincas en las que se encontraban. Lo paradójico fue que, pese a cobrar entrada por acceder a Santa María del Naranco, el palacio impulsado por Ramiro I no llegó a ser registrado. “Actualmente, se mantiene en un limbo jurídico porque inmatricular la sede monárquica en la que se proclamaban los reyes habría sido ya demasiado burdo”, analiza Antonio Manuel Rodríguez. Ante ese vacío en la titularidad, el profesor de Derecho Civil cuestiona el papel del Gobierno asturiano: “¿A qué está esperando el Principado para declarar Santa María del Naranco bien de dominio público e inscribirlo en el registro con esa naturaleza?”.

Los autores del trabajo van elevando la crítica al examinar casos “realmente esperpénticos”, como el de los payeses catalanes, que han tenido que enfrentarse a una situación en la que la Iglesia pretendía arrebatarles construcciones como ermitas que los agricultores habían levantado y mantenido en sus territorios particulares. “Cuando un día van a arreglar la ermita o a celebrar cualquier acto, los payeses se encuentran con que se las han quitado”, exponen los investigadores. Es decir, “ya no se trata de quedarte con la finca donde está la ermita”, apunta Antonio Manuel Rodríguez refiriéndose a casos como el de las propiedades comunales en Navarra, sino que la Iglesia “se está quedando con ermitas dentro de fincas que no les pertenecen”.

El escándalo de las inmatriculaciones —del que todavía no se conoce su verdadera dimensión, denuncian particulares y colectivos que luchan para revertir la situación— ha venido abonado por su complejidad, pero también por la “falta de conciencia social”, que los investigadores echan de menos. Y porque, a veces, la explicación del problema acaba envenenándose entre juegos de palabras. Como, por ejemplo, al preguntarse de quiénes son los templos religiosos en España o, por precisar un poco más, si las iglesias (en minúscula) pueden ser de la Iglesia. “Claro que pueden serlo”, responde Antonio Manuel Rodríguez, quien se explica: “Pueden pertenecerle cuando se han construido en su terreno, han sido ellos quienes las han construido o cuando se le han donado, las han heredado o las han comprado; es decir, cuando son bienes privados”. Pero nunca cuando son de dominio público.