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Cifuentes desoye al Ministerio y mantiene más alumnos por clase de los que marca la ley

Cristina Cifuentes en una imagen incluida en su blog en septiembre de 2015.

Sofía Pérez Mendoza

La Comunidad de Madrid, presidida por la 'popular' Cristina Cifuentes, ha contado desde 2012 hasta este curso con el beneplácito del Ministerio de Educación para aumentar las ratios de sus centros públicos hasta un 20%, pero a partir de septiembre estas subidas ya no se sostienen legalmente y se siguen produciendo, a tenor de las cartas firmadas por el consejero de Educación Rafael Van Grieken a un grupo de madres del colegio público Eugenio María de Hostos y publicadas por Cadena SER.

Las subidas de alumnos y alumnas por aula estaban autorizadas por un decreto aprobado en 2012 que justificaba este aumento por la reducción de la tasa de reposición del profesorado. Entonces no todas las jubilaciones y salidas se cubrían, por lo que progresivamente se iba reduciendo el personal. A partir de septiembre, este escenario pasa a la historia y, de acuerdo con los últimos Presupuestos Generales del Estado, se cubren todas las vacantes. Es decir, se recupera la tasa de reposición del 100%.

El condicionante que apunta expresamente el decreto de 2012 ya no es tal y, como aclaró el Ministerio de Educación el pasado agosto, queda sin efecto en este punto. Por el camino se han quedado 4.500 maestros y profesores solo en Madrid.

Hasta este curso, la Comunidad de Madrid ha mantenido ratios desorbitadas en algunos casos amparándose en esta normativa. El propio consejero de Educación reconocía en la Asamblea de Madrid que 120 aulas de Primaria (de un total de 9.885) tenían más de 28 estudiantes; 80 de la ESO (de 4.808) superaban la ratio de 33; y 22 de Bachillerato (de 1.807) reunían una cifra superior a 39 alumnos y alumnas. CCOO dice en un informe publicado el pasado mes de marzo que “sería necesario crear 222 grupos y asignar 412 profesores para cubrir el exceso de ratio actual”, cuya dimensión según cálculos del sindicato es mayor.

Estas aulas, de acuerdo con la nueva situación, deberían tratar de reducir sus ratios este curso y volver a las establecidas por la ley precedesora de la LOMCE (la LOE), de la que se mantiene el número de alumnos y alumnas por clase. En concreto son 25 en Infantil y Primaria; 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato.

Solo los grupos nuevos cumplirán las ratios legales

Tras publicarse las listas provisionales de admisión de estudiantes, fuentes de la Consejería de Educación consultadas por eldiario.es dicen que “se cumplirá con las ratios establecidas en la normativa de cara al próximo curso” y justifican que en 2012 la Comunidad de Madrid “no aplicó de forma generalizada el incremento del 20% del decreto del Gobierno central”. Insisten en que las “ratios medias están por debajo de las ratios máximas”.

A la pregunta de si todas las aulas quedarán con las ratios establecidas por ley, la Consejería solo se compromete a que “todos los nuevos grupos que se creen respetarán la ratios”. La reducción del número de alumnos en las aulas cuya ratio está por encima de la norma queda emplazada a “las bajas que se produzcan a lo largo de los próximos cursos para ir regularizándolas”.

La única mención que hace la LOMCE al número de alumnos y alumnas por aula está recogida en el artículo 87.2, que contempla una subida de hasta un 10% para hacer frente a las necesidades inmediatas de escolarización de los estudiantes de incorporación tardía. El consejero de Educación se agarra, tras aducir primero al decreto ya sin validez, a este margen de maniobra para justificar al grupo de madres del CEIP Eugenio María de Hostos el aumento de ratio en las clases de tres años por el cierre de un aula.

CCOO denuncia que la Consejería “hacen de excepción la regla” e incorporan esa ratio ampliada en la planificación inicial de la oferta cuando se reserva para la “escolarización de estudiantes de incorporación tardía”. El sindicato también se queja de “falta de transparencia” para el acceso a las listas de admisión. “No hay un sistema centralizado que saque a la luz pública los solicitantes y las vacantes”.

“Prefería pública, pero me han dado concertada”

Varias familias se han puesto en contacto con eldiario.es para dar cuenta de la alta demanda de plazas en determinadas zonas de Madrid. Es el caso del PAU de Vallecas (también llamado Ensache, dentro del distrito Villa de Vallecas), donde 59 alumnos y alumnas se quedaron, según datos de las diferentes AMPAS, sin plaza en el colegio elegido como primera opción en la lista.

En la zona hay dos colegios públicos (330 plazas) y tres concertados (440 plazas). Los dos primeros centros cuentan, según las familias, con una alta demanda y algunos niños y niñas han terminado matriculándose en colegios concertados por falta de plazas.

El hijo de Raquel Hernández, de 3 años, empezará en septiembre en uno de esos centros –de línea 6–, donde asegura que le piden una cuota mensual de 175 euros como “contribución al funcionamiento del colegio”. A eso hay que sumar la cuota de comedor, el coste de las horas ampliadas y los libros. “Ya me han advertido de que si no pago la mensualidad durante tres meses, el centro se reserva su derecho de admisión para el curso que viene. Es decir, pueden rechazarme la plaza”, explica.

Raquel no sabe cuántos niños y niñas habrá en la clase de su hijo, aunque intuye, por la distribución de las plazas para los niños que se quedaron fuera en su primera opción, “que por lo menos serán 28, si no llegan a 30”.

Las cartas firmadas por el consejero de Educación y dirigidas a un grupo de madres de un colegio público del distrito Moncloa-Aravaca hicieron saltar las alarmas sobre los aumentos de ratio, tal y como avanzó Cadena SER. Según la correspondencia entre ambas partes, la Consejería ha decidido cerrar un aula de tres años en dicho centro escolar. En consecuencia, 54 niños y niñas tienen que dividirse en solo dos clases.

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