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El PP protege los cotos de caza de millonarios en el Parque Nacional de Cabañeros

Los dueños de fincas expresaron su preocupación al Ministerio de Medio Ambiente porque en 2017 debían dejar de cazar en sus cotos, y ahora el PP quiere eliminar esa caducidad a través de una enmienda

Entre los propietarios más conocidos están Alberto Cortina, Alberto Alcocer o Alejandro Aznar, marido de Mónica Oriol

La encargada por los populares de defender públicamente la iniciativa ha sido la consejera de Agricultura de Castilla-La Mancha, que regula la caza en la comunidad donde se ubica Cabañeros

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Los dueños de cotos están "satisfechos" con la enmienda el PP sobre parques nacionales. Greenpeace /Javier Sanchis / countrysessions.org

Los dueños de cotos están "satisfechos" con la enmienda el PP sobre parques nacionales. Greenpeace /Javier Sanchis / countrysessions.org

La motivación del movimiento del Partido Popular con la ley de Parques Naturales la ha dejado clara la portavoz escogida por Génova para defender la enmienda presentada por los populares en el Senado, María Luisa Soriano: "Dará seguridad jurídica tanto a los ayuntamientos como a los particulares con terrenos dentro de un parque nacional".

Tras la redacción del proyecto y su presentación, el PP incorporó in extremis en la Cámara Alta un cambio que parece hecho a medida para proteger los cotos de caza que cubren casi la mitad del terreno del Parque Nacional de Cabañeros (Ciudad Real y Toledo). Las cacerías podrían proseguir indefinidamente.

Los dueños de las 15 fincas privadas que quedan dentro de Cabañeros trasladaron al Ministerio de Medio Ambiente su preocupación al reunirse con sus representantes en el patronato del parque. El texto legal presentado consagraba el fin de los cotos para 2017. "Entendemos que es necesario que se regule la caza dentro del parque nacional", cuenta a eldiario.es uno de los representantes de este grupo, Ildefonso Sánchez Camacho.

Entre los titulares destacados de fincas están Alejandro Aznar (finca Cabañeros), Alberto Cortina (Las Cuevas) o Alberto Alcocer (El Avellanar). Cortina y Alcocer están al frente de la Corporación Alcor, dueña entre otras empresas, del 7% de ACS. Alejandro Aznar dirige la naviera Ibaizábal Management Services y está casado con la presidenta del Círculo de Empresarios, la polémica Mónica Oriol.

La nueva propuesta del PP busca prolongar la actividad de los cazaderos sin fecha de caducidad. Las palabras de defensa de Soriano no son las de una senadora. Ni de un miembro del Ministerio, responsable de la ley. Soriano fue presentada como "secretaria ejecutiva de Agricultura y Medio Ambiente" del PP. Aunque Soriano es, sobre todo, consejera de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores de Cospedal, comunidad donde se encuentra Cabañeros.

Su departamento es el competente en materia de caza en esa región. Tanto que la Dirección General de Montes y Espacios Naturales que dirige sentencia: "La actividad cinegética tiene una gran importancia en Castilla-La Mancha no limitándose al mero carácter deportivo o de ocio, sino que genera actividad empresarial y tiene una enorme influencia en la socioeconomía castellano-manchega".

Sin caza habría un "desastre ecológico"

Tras la enmienda, la intención del Partido Popular es que no exista límite temporal. Que clausurar un coto necesite el acuerdo voluntario de los dueños o el pago por parte del Estado de una indemnización.

La enmienda presentada en el Senado en el último momento el lunes pasado "cubre nuestras inquietudes", cuenta Sánchez Conde. Este abogado argumenta que de no ser así "se produciría un desastre ecológico por la superpoblación de las especies cinegéticas" como el venado o el jabalí. A su juicio, permitir organizar monterías "evita un sobrecoste al Estado que tendría que pagar a cazadores para eliminar ejemplares." De igual manera asegura que la Administración debería "pagar indemnizaciones a los dueños por no dejarles ejercer un derecho que data de tiempo inmemorial". También apunta que "lo lógico sería que el Estado expropiara y pagara justamente el terreno. Pero si lo que hace es prohibir un uso, hay que indemnizarlo".

La petición de los dueños, atendida por el Partido Popular, abarca toda las maneras de montar cacerías en el terreno protegido: hay fincas que venden su caza mediante alguna empresa dedicada a estas actividades. Es el caso de, por ejemplo, Inmobiliaria el Bullaque, que administra los intereses de Alejandro Aznar, dedicada a la "caza, captura de animales y servicios relacionados con las mismas". Hay cotos que, como indica Sánchez Conde, "son disfrutados de manera particular, como un lujo". Y están los cazaderos a nombre de ayuntamientos que "dan una dimensión más social a la caza mediante sociedades cinegéticas", remata.

María Luisa Soria ha repetido el argumento del interés de terceros para justificar la modificación legal al incidir que se deja sin efecto la pérdida de derechos sin ofrecer "mecanismos correctores en favor de los particulares y municipios". En el caso de la caza en Cabañeros, según Sánchez Conde, "las fincas no habían tenido ningún problema. Las poblaciones de animales hay que controlarlas, eso no lo discute nadie". Y luego añade que "los grupos ecologistas parece que quieren cargar ese gasto de control al erario público".

"La protección empezará cuando lo digan los dueños"

Estos grupos ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF) entienden que la intención de la enmienda es proteger los intereses de "grandes propietarios con gusto por la caza". Inciden en que no se trata de un interés económico relacionado con el abatimiento de presas sino "social o de estatus". Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, cuenta que varios de los cotos se solapan parcialmente con el límite del parque, por lo que las monterías se excusan en que "no se hacen en el terreno protegido". Pero, prosigue, "aunque se colocan los puestos de tiro más allá de la linde del parque, las rehalas conducen a los animales desde otros lugares. Las poblaciones son las mismas a un lado que al otro".

Pero, además, estas organizaciones analizan el nuevo texto presentado por el PP con más amplitud. Según su criterio, la ley permitirá que la entrada en vigor de la protección que se debe otorgar a los parques nacionales se paralice "hasta que el propietario titular de los terrenos lo decida", ya que podrán alargarse explotaciones comerciales, cotos de caza o pesca mientras los particulares no accedan a terminar con ellas.

Y luego lanzan un aviso pues, dicen, "se ampara cualquier derecho real que pueda existir a futuro sin ningún tipo de limitación. Si mañana aparece petróleo en Doñana, se podrá explotar; y si pasado mañana un Ayuntamiento recalifica medio Picos de Europa, se podrá urbanizar". En este sentido, aunque desde una perspectiva que pone en términos de igualdad lo económico y lo medioambiental, María Luisa Soriano subrayó que la idea del PP es hacer "compatibles el desarrollo de una economía sostenible y el cuidado del medio ambiente".

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