La rigidez del sistema educativo deja a familias absentistas por miedo a la COVID sin poder seguir el curso escolar

La crisis provocada por el coronavirus ha traído al primer plano un problema que en tiempos de normalidad casi no se contemplaba: una cierta rigidez del sistema educativo español está impidiendo a familias absentistas por miedo a la COVID seguir el curso escolar. La normativa en este país, a diferencia de otros más flexibles, tiene pocas aristas salvo para algunas excepciones muy concretas: los niños de entre 6 y 16 años tienen que ir a clase presencialmente sí o sí. Solo están exentos aquellos que sufren una enfermedad de largo recorrido o para las familias que viven en la carretera (por ejemplo, los trabajadores de espectáculos ambulantes). Ellos sí tienen una alternativa legal, en forma de docentes que se desplazan a los domicilios en el primer caso o del CIDEAD (un organismo ad hoc del Ministerio de Educación) en el segundo.

En marzo llegó la pandemia, cerraron las escuelas, pasó el verano y volvieron a abrir, pero la pandemia no se había ido. Y hubo familias que decidieron que no era seguro llevar a sus hijos al colegio, bien por miedo por los propios pequeños, bien porque conviven con una persona de riesgo. La ministra de Educación, Isabel Celaá, informó la semana pasada de que las comunidades autónomas reportaban que el absentismo era de aproximadamente el 1% y minimizó el impacto de esas faltas. Otra manera de mirarlo es que el 1% de casi ocho millones de alumnos son 80.000 niños que no estarían yendo al colegio por miedo. Un miedo a la pandemia mayor del que pueden tener a las posibles consecuencias de ese absentismo, que algunas Consejerías de Educación advirtieron (de manera un poco catastrofista, según los abogados) que podría conllevar la pérdida de la patria potestad pero que los expertos aseguran no llegará a tal extremo.

El caso es que como el sistema solo contempla la educación presencial a los alumnos que no acuden al centro no se les está facilitando el seguimiento del curso escolar, según denuncian algunas de estas familias (aunque siempre hay excepciones). “Yo solo le pedí a la tutora que me dijera el número de página del libro por el que van” para seguir las clases desde casa, cuenta Carolina, una madre aragonesa que ha optado por no llevar a su hijo al colegio, “pero me dijo que no se puede, que se lo han prohibido y que le podría repercutir negativamente. ¡Lo han prohibido desde el Gobierno!”, se indigna. Una docente confirma la máxima: “En mi colegio el director y la orientadora han sido tajantes. Quien falte es absentismo, cuatro faltas al mes abren el expediente y nada de enseñanza online, que esto no es enseñanza a la carta”. Hay casos por toda España.

¿Un cambio en las reglas de juego?

La cuestión se enredó tanto en verano que los organismos públicos han salido a explicar su postura al respecto. El último ha sido la abogacía del Estado, que ha echado un pequeño capote a las familias. El organismo público ha entregado al Ministerio de Educación el informe que la cartera que dirige Isabel Celaá le solicitó sobre el absentismo, y concluye que convivir con personas vulnerables podría considerarse un argumento eximente de asistir a clase.

Como ya hiciera la Fiscalía a principios de septiembre, la Abogacía del Estado recuerda que la asistencia a clase es obligatoria por ley entre los 6 y los 16 años, hecho que no admite muchas excepciones. Pero sí alguna. El informe explica que “solo cabe apreciar absentismo escolar cuando la inasistencia a clase no esté justificada”. Para determinar si hay una justificación, “los centros docentes y las autoridades competentes” deben valorar “la situación particular de cada menor, por razones de salud, tanto del menor como de sus familiares convivientes, así como la situación de evolución epidemiológica en el momento que se trate. Estas circunstancias pueden constituir una causa de justificación del absentismo”, concluye el ente público.

Esta circunstancia podría –¿debería?– cambiar el terreno de juego, explican algunos abogados. Porque si el absentismo está justificado, la administración tiene que garantizar el derecho a la educación a las familias. “La cuestión es si las administraciones educativas consideran efectivamente que faltar a clase está justificado”, valora el abogado especializado en educación Juan Rodríguez Zapatero. Si es así, “el Estado tiene obligación de poner los medios que faciliten la efectividad del derecho a la Educación. Esto es así de claro”, asegura, “porque si no se podría producir una situación de discriminación”.

El matiz es que una familia no puede decidir libremente que su absentismo está justificado, explica Maite Izquierdo, directora de un centro en Castilla y León con un ejemplo. “Hace unos días nos llamó una madre diciendo que es de alto riesgo. Pero le contestamos que si le decimos que no pasa nada y que puede faltar, habrá minorías que lo utilicen como justificación. Inicialmente tiene que venir, si luego tiene unas condiciones concretas que lo justifiquen y se acredita –no porque lo diga–, se verá”, explica.

Zapatero cree que el Estado se ahorraría problemas –y daría facilidades a las familias– dando opciones. “Todo esto pone de manifiesto que hay insuficiencias o lagunas normativas que debería pensarse en regular, partiendo del principio obligado de la escolarización”, sostiene. Su colega Carlos Delgado coincide: “Creo que la administración, en vez de andar amenazando a las familias con las comisiones de absentismo, deberían ofrecer alternativas, como puede ser la educación a distancia”, coincide Delgado.

Una propuesta para regularizar la educación online

En este contexto, casi seis mil familias han realizado a la Conferencia Sectorial de Educación, que reúne al Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, lo que han llamado Propuesta de Flexibilidad Educativa para que regulen de alguna manera –no hacen especial hincapié en el cómo– la educación no presencial. La proposición que hace esta plataforma es sencilla: aprovechar la infraestructura que se ha creado en los colegios (o se está creando) para la enseñanza a distancia provocada por la pandemia para establecerla de manera permanente, no coyuntural, y ofrecerla a las familias que así lo deseen como una posibilidad más de escolarización, siempre de manera voluntaria y con la posibilidad de ir cambiando curso a curso.

“No somos un movimiento de homeschooling [la educación en casa]”, aclara una de sus impulsoras, que prefiere el anonimato para no tener problemas laborales. “Queremos una presencialidad diferente, que siga siendo la escuela la que lleve la escolarización de los niños, pero de una manera no necesariamente presencial”, explica. “Durante la pandemia, muchas familias nos dimos cuenta de que podemos hacer esto. Se está regulando el teletrabajo, pero la escuela sigue siendo la misma. No tiene mucho sentido”, argumenta esta madre.

Esta plataforma pone como ejemplo el Centro para la Innovación y Desarrollo de la Educación a Distancia (CIDEAD), un organismo del Ministerio de Educación que presume de ser “el único centro en todo el territorio nacional que imparte Primaria y Secundaria completamente a distancia” a través del centro CIERD, según se lee en su propia web. Este organismo público está destinado a “residentes en el extranjero de nacionalidad española (...) y a residentes en España en circunstancias excepcionales que les impidan cursar estudios en un centro de su Comunidad Autónoma”, como las citadas familias itinerantes. Para entrar al CIERD hace falta una autorización expresa de la administración educativa.

La plataforma por la flexibilidad educativa no quiere decirle al Gobierno cómo regular la educación no presencial, pero cree que una manera sencilla sería simplemente cambiar los criterios de admisión al CIERD y dotarlo de más fondos. Otra alternativa, explica la portavoz, sería dedicar docentes solo a la educación a distancia. “Tenemos en estos momentos docentes que son personas de riesgo, que están en casa o que están yendo a dar clase con miedo. Podrían hacer esto”, propone.

Otro ejemplo a sumar a su causa, aunque este quizá más complicado por la cantidad de recursos que necesitaría y que la plataforma no menciona, son los programas de educación en el domicilio que tienen las comunidades autónomas para atender a alumnos que están pasando largas enfermedades que les obligan a estar en casa durante largos periodos de tiempo del curso escolar. Son circunstancias diferentes, pero en estos casos profesores dedicados a esta enseñanza específicamente se desplazan a las casas de estos niños unos días por semana para que los alumnos mantengan su formación dentro de las posibilidades que sus dolencias les permitan.

Además de las cuestiones ya explicadas, explican desde la plataforma, esta medida tendría un efecto inmediato de mejora en los centros para los que sí van: bajarían las ratios de manera automática por la ausencia de esos otros alumnos.

Todo esto ocurre cuando en algunas comunidades hay familias que ya están incurriendo técnicamente en ese absentismo, que cada comunidad autónoma fija con sus propios criterios. Por ejemplo, en Aragón el límite está establecido en tres días de ausencia sin justificar en el primer mes de clase en Primaria (cuatro para Secundaria) o siete en todo el trimestre (ocho para Secundaria). En Murcia se considera cuando supera el 20% del tiempo. En Andalucía son diez días al mes. “Pero nunca se ha llevado a rajatabla”, explica una docente andaluza.

Aunque faltan datos desagregados, cada comunidad es un mundo y en algunas regiones apenas llevan dos semanas de curso es difícil generalizar, y más teniendo en cuenta que son los propios centros los que primero criban qué consideran justificado o no como ausencia y si se notifica o no a Servicios Sociales –el primer paso para entrar en un posible caso de absentismo–, por el momento parece que los Gobiernos regionales se lo están tomando con calma. Pero tampoco están ignorando la situación. En Euskadi, por ejemplo, la consejería ya tiene constatados algunos casos, aunque de momento no han pasado de los servicios de Inspección, un estadio muy inicial en el expediente.