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La UNED abre expediente a una alumna que denunció errores en un examen y apuntó a una presunta prevaricación

Cristina muestra el expediente sancionador

Raquel Ejerique

Cristina Villanueva es alumna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), un centro público no presencial. Es abogada y el año pasado se matriculó en Administración y Dirección de Empresas (ADE) para mejorar su formación. El 5 de junio hizo un examen de la asignatura Contabilidad Financiera Superior y, tras varias denuncias y reclamaciones porque considera confuso el enunciado de una pregunta e injusto el nivel de dificultad, ha acabado expedientada por el rector. “Estoy a cuadros, simplemente he ejercido un derecho en un procedimiento administrativo, no estoy haciendo nada malo”. Ahora se enfrenta a amonestación, “privación del derecho de asistencia” a clase o incluso a la pérdida del derecho de matrícula, lo que le dejaría sin posibilidad de seguir estudiando ahí durante algún tiempo esta asignatura y otras. El expediente se resolverá en los próximos días y el rector le informará de cuál es la sanción.

“En el examen se formularon preguntas que no venían exactamente así en el libro, y como resultado de ello, muchos estudiantes comentamos la sorpresa en los foros oficiales de la asignatura. A ello hay que añadir que se dan dos opciones de convocatoria de examen y la segunda fue mucho más difícil que la primera”, relata Cristina a eldiario.es. Se sintió agraviada y reclamó, primero ante los profesores, luego pidió que se formara una Comisión de Revisión y luego escribió directamente al rector. Había sacado un 4,2, en su opinión injustamente y provocado por la confusión y dificultad de las preguntas. Después de todo el proceso le han mantenido la nota y se ha llevado un expediente sancionador.

Este medio ha podido constatar las quejas y cómo varios estudiantes anuncian recursos por lo que consideran una injusticia: “Opino que hay que anular las preguntas que tengan más de una interpretación”, dice un estudiante. Otro añade: “Considero que el enunciado es incompleto”. Así, decenas de comentarios, algunos de los cuales van dirigidos directamente a los profesores, que zanjan el asunto en el foro dando por bueno el test que hicieron. Mario (nombre ficticio de un estudiante que prefiere no dar su nombre para evitar represalias) coincide con Cristina en lo sucedido. “Yo también reclamé, ante los profesores, ante una comisión y el equipo de gobierno, pero no me sirvió para nada y tuve que repetir el examen en septiembre, en el que saqué buena nota pese a que había estudiado mucho menos que en junio. Se cubrieron entre ellos, la arbitrariedad fue total”, lamenta.

La universidad no ha proporcionado los datos de las notas medias de ese examen y una de las profesoras del equipo docente, Virginia Bejarano, niega tajantemente que hubiera dos niveles de dificultad o que las preguntas fueran erróneas: “Los alumnos intentan buscarle tres pies al gato. En el acto del examen los alumnos pueden llamar a un miembro del tribunal si tienen dudas con alguna pregunta, y nadie lo pidió”. Añade que “es la primera vez que nos sucede, es un desgaste personal enorme, el equipo docente ha sido celoso y escrupuloso”. Preguntada por la coincidencia de tantas quejas, insiste en que “el trabajo es impecable hasta que venga un estudiante y nos razone por qué esa respuesta está mal, algo que no han hecho”. Los alumnos se quejan sobre todo de que les produjo confusión, que las preguntas eran muy difíciles y otros consideran que hay respuestas que podrían encajar también alternativamente a las dadas por el equipo docente.

El malestar de esa parte del alumnado desembocó en un escrito conjunto de queja firmado por unos 70 estudiantes que se remitió al equipo docente: “Se han dedicado meses a preparar esta asignatura a conciencia, que consta de un temario más que extenso para que el día decisivo nos encontremos con una prueba de dificultad extrema y con enunciados confusos, más aún cuando al finalizarla se intenta resolver con el libro y no se encuentra la forma ni los ejercicios para ello”, decían entonces los firmantes.

Revisión

Tras revisar su examen con los docentes, que le mantuvieron el 4,2, Cristina solicitó una Comisión de Revisión, formada por cuatro personas entre las que no pueden estar sus profesores pero sí hay personal del mismo departamento. Fue muy específica en su escrito y pidió conocer los datos numéricos de las notas en las dos convocatorias, la fácil y la difícil según su interpretación. También dio a la comisión el textual y las páginas del manual del que los profesores sacaron la pregunta del examen pero comiéndose esta parte: “Del importe abonado, 1.000 corresponden a los costes de las reparaciones a realizar”. Evidenció con el libro que la pregunta estaba incompleta y que eso había generado duda y confusión en la interpretación. Según la versión de la estudiante, que compartieron en el foro de estudiantes otros compañeros, sin esa parte era muy difícil llegar a la solución. Según el equipo docente, que coordina el catedrático Enrique Corona, la pregunta era muy clara y la respuesta, también.

La Comisión de Revisión confirmó que todo estaba bien y que Cristina merecía el 4,2, pero no aportó los datos que la alumna pedía, lo mismo que le sucedió a Mario. Concluyó que “los criterios de evaluación y corrección del examen de la asignatura corresponde establecerlos en exclusiva al equipo docente”, desestimando así la petición de revisar su nota: “No evaluaron mis alegaciones ni motivaron su decisión”, se queja la alumna.

Recurso al rector

Esta abogada no se conformó con la respuesta y mandó un recurso de alzada al rector, Ricardo Mairal, el pasado 30 de julio, tal y como permite el reglamento. En él, explicaba su malestar y se quejaba de que la comisión había ninguneado sus planteamientos sin aportar ningún dato o prueba. Cristina volvió a relatar la confusión de las preguntas, la asimetría en la dificultad de las dos convocatorias y evidenció que había muchos alumnos quejándose de lo mismo.

El rector respondió el 28 de septiembre alegando que el contenido del examen y corrección del mismo no corresponden al rectorado, diciendo que lo del nivel de dificultad es subjetivo y avalando la decisión de la Comisión de Revisión del examen: “La resolución está suficientemente motivada y se ha dado contestación exhaustiva a sus alegaciones”. Conclusión, se desestima el recurso y también la petición de la alumna de que se repita el examen.

“La verdad es que me pareció indignante, pero no recurrí más”, cuenta Cristina a eldiario.es. Cuando ya había olvidado el asunto, el 16 de octubre le llegó una notificación del rector en la que se informaba que se le había abierto un “procedimiento sancionador simplificado” por una falta leve contra ella. “Yo había cuestionado ante el rector la labor de la Comisión de Revisión, diciendo que podría constituir un posible delito de prevaricación administrativa, que debería investigarse en el correspondiente procedimiento sancionador a los docentes”, explica la alumna. Así consta en su recurso, que considera la actuación de la comisión de “una arbitrariedad incuestionable. De lo que se colige que concurren indicios para apreciar la existencia de prevaricación administrativa”, dice textualmente.

Utilizando ese argumento, la UNED la expedienta porque “ha vertido en un recurso acusaciones de un presunto delito: prevaricación administrativa”. También cita el Estatuto del Estudiante y le recuerda que su deber es “respetar a los miembros de la comunidad universitaria” y por “hechos que puedan causar perturbación en el orden o disciplina académicos”. Este expediente, si se resuelve contra Cristina, le puede suponer “pérdida de matrícula de una o más asignaturas”, “privación, durante el curso o temporal, del derecho de asistencia a una o más clases determinadas”, “amonestación pública” o amonestación privada“.

La Universidad a Distancia no se ha querido pronunciar sobre este caso aduciendo la Ley de Protección de Datos y zanja el asunto en que “en cualquier gestión o trámite se aplica escrupulosamente la normativa vigente”. Pero no responde a las preguntas sobre cuántas quejas hubo por el examen o cuántas veces se ha expedientado a alumnos, o cómo justifica este expediente por un escrito de queja que apunta indicios de prevaricación.

“Me pregunto a qué respeto les estoy faltando, no les acuso directamente de nada, es cierto que fui un poco atrevida al apuntar indicios de prevaricación, pero si parecí atrevida es por su sensibilidad, no porque yo les faltara al respeto”, dice Cristina, que tiene la intención de seguir en la UNED con su carrera de ADE si este expediente no se lo impide. “Paradójicamente el expediente se abre a la denunciante y no a los denunciados”, como ha destacado en su respuesta al rector, que decidirá en unos días la sanción para esta alumna.

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