La alcabala o el almojarifazgo, antepasados de los impuestos que nacieron en Castilla entre los siglos XIII y XV

Contrario a la creencia popular de que los impuestos son una invención moderna, de que las naciones actuales se construyen a partir de una reciente fiscalidad, en la Baja Edad Media había un sistema que pasó de ser una renta privada de los señores feudales a convertirse en una administración pública centralizada. Este avance material fue imprescindible para sostener instituciones complejas que se alejaban del orden feudal, permitiendo que la realeza recaudara los recursos necesarios para sostener el primer Estado moderno de Europa.

Es una de las conclusiones que expone la investigación titulada “La Hacienda Regia Castellana. Evolución de los sistemas impositivos y formación de una fiscalidad estatal (siglos XIII-XV)”, publicada por José Damián González Arce, catedrático de la Universidad de Murcia. El estudio desvela cómo Castilla, entre los siglos XIII y XV, no solo improvisó ante las urgencias económicas, sino que construyó un “Estado fiscal” sólido que sirvió de cimiento para la monarquía autoritaria de los Reyes Católicos y la posterior potencia del Imperio español. La historia de estos impuestos está ligada a monarcas de fuerte personalidad. Mientras que reyes débiles perdieron el control ante los nobles, figuras como Alfonso X el Sabio impulsaron reformas en las aduanas, y Alfonso XI introdujo la famosa alcabala, un impuesto sobre el consumo. El proceso culminó con los Reyes Católicos, quienes modernizaron el sistema por completo, dejándolo listo para sostener el Estado más poderoso de la temprana Edad Moderna europea.

Una de las mayores curiosidades es la mencionada alcabala, que puede considerarse el antepasado directo del actual IVA. Originalmente, fue un impuesto del 5% que acabó fijándose en el 10% sobre todas las compraventas de productos. Lo que nació como una medida temporal y extraordinaria para costear guerras, como el cerco de Algeciras en 1342, acabó siendo permanente y llegó a suponer hasta el 80% de los ingresos ordinarios de la corona. Otra pieza clave del sistema fue el almojarifazgo, un conjunto de aranceles aduaneros con profundas raíces islámicas. Tras la Reconquista, los reyes cristianos decidieron mantener estos sistemas porque eran mucho más evolucionados y rentables que los modelos rurales del norte. Este impuesto gravaba el tránsito de mercancías entre provincias y con el extranjero, y su nombre recordaba al al-musrif, el antiguo funcionario musulmán encargado de la recaudación.

El control de las fronteras no solo buscaba dinero, sino también una política mercantilista. Se crearon los diezmos aduaneros para restringir la salida de metales preciosos del reino y equilibrar la balanza comercial. Los mercaderes debían pagar un 10% del valor de sus bienes al cruzar las aduanas, lo que permitía a los reyes marcar su jurisdicción frente a los señores locales y controlar el flujo de riqueza hacia el exterior.

Incluso el ganado tenía su propia carga fiscal a través del servicio y montazgo. Los dueños de los grandes rebaños trashumantes, como los de la Mesta, debían pagar por el uso de pastos y por transitar por tierras de la Corona o de los concejos. Era un sistema tan organizado que los reyes intervenían para fijar aranceles y evitar que se cobrara más de una vez por el mismo concepto en diferentes caminos.

El equivalente del actual IRPF

Un aspecto sorprendente es que el Estado medieval tenía monopolios exclusivos, como el de la sal. Las minas y salinas eran propiedad de la Corona, que fijaba el precio de venta del producto para que todos los beneficios fueran directamente al erario regio. Este control se extendía a otras explotaciones mineras, como el mercurio de Almadén o el hierro de la cornisa cantábrica, asegurando recursos estratégicos para la monarquía.

Los ciudadanos de la época también conocieron el equivalente al actual IRPF mediante los llamados “servicios”. Eran impuestos directos extraordinarios aprobados por las Cortes que, a diferencia de otros, se repartían en función de la fortuna de cada vecino. Aunque los nobles y el clero solían estar exentos, en momentos de extrema necesidad, como en 1387, se intentó que toda la población contribuyera proporcionalmente a su riqueza para pagar deudas estatales.

En definitiva, la fiscalidad medieval no era solo un sistema de extracción, sino un mecanismo de cohesión social incipiente. La transición de un modelo donde el rey vivía de sus propias tierras a uno donde el Estado central recaudaba de la actividad económica pública fue crucial. Comprender estos impuestos a través de esta investigación permite ver que la solidaridad tributaria actual es, en realidad, una evolución de aquellas lejanas reformas castellanas.