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Honrar unidos a las víctimas

Sea un presidente de la República o sea un rey, como es nuestro caso, en el homenaje a las víctimas de un atentado terrible, el jefe de Estado tiene la obligación de estar ahí, en representación de todos

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Homenaje a las víctimas del atentado en la Rambla de Barcelona EFE

Sea un presidente de la República o sea un rey, como es nuestro caso, en el homenaje a las víctimas de un atentado terrible, el jefe de Estado tiene la obligación de estar ahí, en representación de todos. No es aceptable pues ningún veto político a su presencia, como tampoco lo sería la ausencia o el veto al actual president de la Generalitat de Cataluña.

Sin embargo, el veto se ha formulado desde ambientes independentistas, si bien con saludables matices, acentuado por el anuncio previo del president Torra de no invitar al jefe del Estado a Cataluña. En la línea de esta sana actitud se encuadra la de la presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, con su anuncio de que la entidad independentista no organizará acto alguno de boicot o protesta ante el rey. Lo argumenta así: “Aquí hay unos protagonistas centrales, que son las familias de las víctimas”.  Similares términos ha utilizado Marcel Mauri, vicepresidente de Omnium, pidiendo que sean las víctimas y los cuerpos policiales el centro de atención en la conmemoración de ese día aciago.

Para no obviar sus reivindicaciones de base, ANC y Omnium Cultural han optado por manifestarse ese día 17 por la tarde frente a la prisión de Lledoners, arropando a Joaquim Forn, conseller de Interior durante los atentados, quien arrastra ya 9 meses de reclusión preventiva por el 1-O.

Completando el espectro, si bien desde otra orilla ideológica, Societat Civil Catalana ha llamado a que ninguna formación reivindique postura alguna fuera del apoyo a víctimas y fuerzas de seguridad. Lejos de tal intento de dotar al acto de su significado fundamental, el contrapunto lo dan dos corrientes que olvidan el dolor causado y ponen por delante sus propios, egoístas y poco comprensibles intereses cuando se trata de arropar en común a quienes sufren. Es el caso de los grupos independentistas del entorno de los Comités de Defensa de la República (CDR), que dicen querer elevar protestas contra el rey. Por el momento, algunos medios han difundido que ya existen convocatorias “anti-borbónicas” de estos grupos. Completando el espectro, la diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha expresado que no piensan participar en los actos oficiales por la presencia del rey y piden similar actitud a los representantes de la Generalitat. Dejando caer que tal vez se produzcan protestas de oposición al monarca. La respuesta no se ha hecho esperar. Han aparecido otros “patriotas” a someter al suero de la verdad al nuevo Gobierno Sánchez por su, según ellos, escasa defensa de España y de la monarquía. Así, la denominada asociación Unión Monárquica de España, entidad de relevancia dudosa, ha llamado a la misma hora a una marcha de Catalunya con el rey. Los extremos se tocan.

Tales intenciones suponen la politización inaceptable de un acto de humanidad donde no hay ni puede haber diferencias, mucho menos utilización política partidista. Este primer aniversario debería ser una ocasión simbólica para el recuerdo emocionado de las víctimas y el dolor causado, el reconocimiento para las personas voluntarias, profesionales e instituciones que acudieron a auxiliar y a garantizar la seguridad ciudadana.

Las razones para la politización dicen remontarse al discurso del rey después del referéndum del 1-O y el intento de evitarlo por la fuerza por parte del gobierno Rajoy. Una reacción autoritaria y un error político del PP que, como un boomerang, se ha vuelto contra los defensores de la legalidad ocultando la unilateralidad independentista de la declaración de independencia y de la Ley de Transitoriedad.

Es verdad que el contexto de la sobreactuación de la deriva penal y la prisión provisional de los políticos independentistas tampoco ayuda a despolitizar los actos, aunque el nuevo Gobierno Sánchez haya iniciado, solo formalmente, el camino de desandar la confrontación y articular el diálogo bilateral.

Independientemente de que algunos creyéramos que la capacidad moderadora del soberano pudo matizar su discurso apelando al diálogo, además de la obligada defensa de la Constitución y de la legalidad, no está de más recordar que la dirección de la política es responsabilidad exclusiva del Gobierno y no del jefe del Estado.

En todo caso, lo más preocupante es el relato unilateral en acelerada construcción sobre los atentados terroristas, después de la oprobiosa Transición, el régimen del 78 y más recientemente sobre la reforma del Estatut, referéndum del 1 de Octubre y la declaración de independencia. Un relato más de supuesto agravio de España contra Cataluña, pero que en este caso adquiere el tinte de un libelo: es decir, de una falsedad por escrito.

El rechazo a la presencia del jefe del Estado va para algunos mucho más allá del no reconocimiento y la desconexión con las instituciones españolas para entrar de lleno en la calumnia al Estado y a las instituciones democráticas por complicidad en los atentados terroristas. Ni más ni menos.

Basta para ello con informaciones sobre los contactos del CNI o las fuerzas de seguridad con el imán de Ripoll para construir una nueva teoría de la conspiración, en la peor tradición de la manipulación política del terrorismo de ETA del nivel de la autoría intelectual con origen en tierras no muy lejanas.

Como la teoría de la conspiración es libre y creíble para un 20% de la población, también del otro lado se apunta a la supuesta tardanza de los mossos de escuadra después de la explosión del chalet en Alcaná. Otros, más versados en la política internacional y el papel jugado por las organizaciones yihadistas en conflictos como la guerra de Siria, convierten las causas últimas o de fondo y el caldo de cultivo regional en complicidad del jefe del Estado y de la política exterior española a través de las relaciones con Arabia Saudí y la venta de armamento. En suma, un relato delirante construido con algunos datos inconexos, muchos prejuicios y tan poca prueba como mucho embuste.

También en los atentados del 11M hubo informaciones de inteligencia previas de incremento del riesgo, del mismo modo que se vieron posibles mejoras en información, confidentes y cooperación policial, de hecho algunas se pusieron en práctica. Hubo entonces quien intentó buscar autorías cercanas para politizar el atentado y por suerte fracasó, no sin provocar con ello un dolor añadido a las víctimas.

Con esta manipulación en marcha, lo que queda en un segundo plano son los verdaderos culpables: los terroristas, y sus procesos de radicalización y encuadramiento. Una tarea prioritaria para que hechos tan dolorosos no se repitan.

Lo cierto es que las informaciones del sumario dan para una investigación a fondo sobre lo que pudo fallar en los servicios de inteligencia, tanto como sobre las fuerzas de seguridad, pero sin sectarismos y sin prejuicios sobre la inteligencia, información, prevención, coordinación y actuación, e incluso la política exterior y de defensa, para mejorar en materia antiterrorista.

Esa es la obligación tanto del Gobierno central como de la Generalitat en colaboración con las instituciones europeas de seguridad, así como del poder judicial, cada uno en su ámbito.

Hay mil ocasiones de criticar una decisión política, la del discurso del rey, que en gran medida correspondió al Gobierno anterior que necesariamente impulsó e impuso el texto, pero no hacerlo a costa de la defensa de las víctimas. En este país, en el que somos maestros en conspiraciones y paranoias, según convenga a los intereses de unos pocos, es tiempo de dar credibilidad a las instituciones cuando se comprueba el esfuerzo de las mismas, y con ello infundir confianza a los ciudadanos. Por ejemplo, el buen trabajo que hicieron los Mossos debe ser reconocido en la persona de su máximo responsable, Josep Lluís Trapero, y en lo político en la del Conseller Joaquim Forn. Pero con la misma intensidad se debe despreciar a quienes hacen un uso torticero del atentado para obtener rédito político. La independencia como idea y como meta no se obtiene a costa de humillar a las víctimas ni a las instituciones, sino defendiéndolas. Y si hubiera responsabilidades u omisiones, descubriéndolas y sancionándolas, con todas las garantías. Eso es democracia.

Son absurdos hoy  los enfrentamientos inútiles. La sociedad -en Cataluña y en España-  reclama vías en común y que se zanjen las peleas institucionales que solo conducen al enfrentamiento, al odio y la zozobra. Es hora de sacudirse los efectos de una siembra indeseable regada con la peor intolerancia por parte del Gobierno anterior, que amplificó las actitudes de los más radicales y menos reflexivos en el Govern.  

Apropiarse de las víctimas y utilizarlas conduce siempre por caminos tortuosos hacia ninguna parte. Todos confiamos en que quienes gobiernan apliquen el sentido común y recuperen la buena política. Este día de recuerdo, los ciudadanos de buena fe continuamos derramando lágrimas por esos inocentes que dibujaban una tarde feliz de verano en Las Ramblas, truncada de forma salvaje por la sinrazón del terror.

Es momento de reflexión, sí; de cómo apuntalar las políticas antiterroristas, sí; de dar nuestro abrazo a todos aquellos a quienes golpeó la barbarie terrorista y hacerlo juntos, sin distinción de filiación política ni de propósitos que salgan de ese marco de buena voluntad y apoyo. Y allí tienen que estar las máximas autoridades, jefe del Estado, presidente del Gobierno, president de la Generalitat, líderes políticos. Sin una ausencia.

Todos en Barcelona para honrar a las víctimas y frente al terror.

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