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La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse

Durante el pasado año 2017, los países de África, Europa, América del Norte y América Latina han estrechado el cerco en torno a las redes de criminales de guerra al recurrir a la Jurisdicción Universal 

Este principio permite a los Estados procesar a los presuntos autores de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, bajo el entendido de que algunos crímenes constituyen una ofensa para toda la humanidad, por lo que toda la humanidad debe luchar contra ellos 

A pesar de que muchas voces se han alzado para criticar la Jurisdicción Universal, solo en 2017 fueron 126 los acusados por la presunta comisión de crímenes internacionales gracias a la Jurisdicción Universal en 14 países distintos

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Los querellantes, frente al Consulado Argentino

Miembros de la red ciudadana de apoyo a la querella argentina sobre los crímenes del franquismo

La Jurisdicción Universal está aquí para quedarse. El informe Makeway for Justice #4, documento que analiza el estado de la Jurisdicción Universal en el mundo, ilustra el impulso internacional a la rendición de cuentas de los autores de crímenes internacionales a través del estudio de 58 casos que involucran a  un total de 126 sospechosos. Este documento ha sido elaborado por la organización TRIAL International y sus socios Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), FIDH, ECCHR y REDRESS. Todas ellas son organizaciones referentes internacionalmente en la promoción y defensa de la Justicia Universal y la lucha contra la impunidad.

Rara vez la lucha contra la impunidad ha sido tan dinámica y ha arrojado tales resultados. Durante el pasado año 2017, los países de África, Europa, América del Norte y América Latina han estrechado el cerco en torno a las redes de criminales de guerra al recurrir a la Jurisdicción Universal. Este principio permite a los Estados procesar a los presuntos autores de crímenes internacionales como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad, independientemente de su nacionalidad o del lugar donde se cometa el delito, bajo el entendido de que algunos crímenes constituyen una ofensa para toda la humanidad, por lo que toda la humanidad debe luchar contra ellos.

Para superar los desafíos específicos de la Jurisdicción Universal, un gran número de Estados han establecido unidades especializadas en crímenes de guerra (WCU). Solo el año pasado, estas unidades investigaron, enjuiciaron o llevaron ante la justicia a 126 sospechosos de los crímenes más graves. Muchas más investigaciones están en curso. "Los Estados que destinan medios suficientes para unidades especializadas lideran hoy la lucha contra la impunidad convirtiendo la palabra justicia en acción", afirma Valérie Paulet, coordinadora de TRIAL Watch y autora del informe.

Fortalecer los medios para luchar contra la impunidad

El informe también señala las condiciones necesarias para alcanzar estos logros. Así, las unidades especializadas en crímenes de guerra con mayores avances cuentan con recursos y personal suficientes y gozan de un alto grado de autonomía, así como de la experiencia especializada y diversificada de funcionarios provenientes de diversos departamentos, como el de policía o el de inmigración. Philip Grant, director de TRIAL International, subraya la necesidad de mejorar la coherencia y la eficiencia al investigar y llevar ante la justicia los casos de Jurisdicción Universal. "El enjuiciamiento de crímenes de guerra requiere recursos suficientes e independencia. Los Estados que están rezagados en la implementación de la Jurisdicción Universal deben intensificar los esfuerzos para equipar a los fiscales en consecuencia ".

Un nuevo impulso para la Jurisdicción Universal: Su uso en otras latitudes

Aunque los países europeos continúan siendo los principales impulsores de la Jurisdicción Universal, se han presentado denuncias en todo el mundo contra sospechosos de crímenes de guerra. Si en 2016 se producía la aplicación por primera vez de la Jurisdicción Universal por un país africano, con el proceso contra Hisséne Habré, durante 2017 países como Colombia, Brasil, Argentina y Gambia se han unido al uso de esta herramienta contra la impunidad, haciéndola cada vez más universal. Estos avances contribuyen a derribar el mito de que la Jurisdicción Universal es una herramienta neocolonial utilizada por Europa, al hacerse su uso cada vez más extensivo.

Solo el año pasado, unidades especializadas han investigado a 126 sospechosos de cometer crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. De esos individuos, 13 han sido ya condenados, mientras que centenares de casos están en marcha. Sin embargo, muchos de estos procesos no llevarán nunca a un juicio, debido a obstáculos como la falta de voluntad política o la falta de pruebas. Recopilar material en los casos de Jurisdicción Universal es complejo, debido a que los supuestos crímenes se cometieron en el extranjero, hace años o incluso décadas, y a menudo en contextos de gran agitación política o de conflicto. En este sentido, los testimonios de los testigos resultan claves, pero el trauma y el tiempo trascurrido pueden afectar tan valiosa información.

La cooperación entre Estados y el papel de las organizaciones

Ante estos desafíos, la clave es fortalecer la cooperación entre Estados para desarrollar investigaciones más efectivas. En esta coordinación juegan un papel principal las mencionadas unidades especializadas en crímenes de guerra, que intercambian evidencia digital, jurisprudencia y buenas prácticas. En el centro de esta coordinación se encuentran iniciativas como la Red de Genocidio, la Orden de Investigación Europea y la cooperación con Europol, pero también otras como la destinada a crear una red de fiscales africanos especializados en crímenes internacionales graves. Estas unidades son la expresión concreta de la determinación de los Estados en luchas contra la impunidad.

Por otra parte, también resulta fundamental el trabajo realizado por numerosas organizaciones de referencia que realizan difusión, investigación y monitoreo de casos; organizaciones como las que han elaborado el informe que hoy se presenta. Entre las mismas, la Fundación Internacional Baltasar Garzón lleva trabajando desde 2012 en la promoción de la Jurisdicción Universal.

Lo hace a través de la celebración de congresos internacionales, el seguimiento de casos como el de la querella argentina por los crímenes del franquismo, investigaciones como el informe elaborado en 2016 sobre el estado de la Jurisdicción Universal en España, acciones de concienciación social y el desarrollo doctrinal de esta herramienta a través de la articulación de unos principios rectores para dotar a la Jurisdicción Universal de mayores herramientas contra las nuevas fuentes de impunidad derivadas de los crímenes económicos y medioambientales e impulsar la protección integral de las víctimas, resultado de lo cual fueron lanzados los Principios Madrid-Buenos Aires.

Sin embargo, el papel protagonista lo tienen sin duda las víctimas, quienes con su esfuerzo y persistencia han impulsado la aplicación de la Jurisdicción Universal y la protección de aquéllas. A pesar de que muchas voces se han alzado para criticar la Jurisdicción Universal, el informe Makeway for Justice nos muestra otra realidad muy distinta, ya que solo en 2017 fueron 126 los acusados por la presunta comisión de crímenes internacionales gracias a la Jurisdicción Universal en 14 países distintos: 55 por crímenes de tortura, 12 por crímenes de genocidio, 46 por crímenes contra la humanidad, 91 por crímenes de guerra y 13 personas ya condenadas. El informe asimismo expone que son 119 los procesos que aún están en marcha, 16 de ellos en fase de juicio. Estas cifras suponen un incremento de un 106% en el uso del la Jurisdicción Universal si lo comparamos con datos del año anterior.

El estado de la Jurisdicción Universal en España

Para el caso de España, el informe recoge los avances producidos durante 2017 en los procesos contra 17 oficiales militares salvadoreños por el asesinato de seis Jesuitas y dos personas más, el caso contra Inocente Orlando Montano por crímenes contra la humanidad, asesinato y terrorismo, el caso contra Carlos Vielmann Montes por ejecuciones extrajudiciales en Guatemala y el caso contra nueve altos cargos de las fuerzas de seguridad e inteligencia Siria por terrorismo, desapariciones forzadas y tortura.

Si bien la Jurisdicción Universal en España quedó muy limitada en su aplicación debido a los requisitos de carácter procesales establecidos tras las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 2009 y 2014, la Jurisdicción Universal continúa demostrando ser una herramienta muy valiosa y necesaria para la persecución de los crímenes más graves, también en España. Muestra de ello son los avances expuestos en el informe Makeway for Justice #4 que hoy se presenta con el objeto de divulgar los logros de la Jurisdicción Universal y su pertinencia para que la justicia se abra paso.

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