Dignidad, justicia y reparación
En Europa hay un cierto consenso de repudio a los regímenes fascistas y a su exaltación, lo que convierte a nuestro país en una anomalía democrática dentro de nuestro entorno geográfico más cercano, por citar los ejemplos de Italia y Alemania. De ahí que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en octubre del año pasado sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la que alude expresamente a la decisión de “exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha”. Han tenido que transcurrir cuarenta y cuatro años desde el fallecimiento del dictador para poner fin a esa singularidad española.
El Valle de los Caídos es una construcción inicialmente ideada para honrar a los muertos del bando de los alzados en la Guerra Civil. Su fin declarado era perpetuar la memoria de los caídos en la “Gloriosa Cruzada”, en la terminología del Decreto de 1940 en el que se dispone su construcción. En la misma se emplearon presos, incluidos los del bando republicano, motivados por la redención de penas por el trabajo y con el fin de conseguir mano de obra barata y reducir la masificación de las cárceles españolas. Posteriormente, en la década de los cincuenta, tratando de desvincularse de sus orígenes fascistas próximos a las potencias perdedoras en la Segunda Guerra Mundial, se reorienta el significado del mausoleo resaltando su aspecto religioso. Con el pretexto de una pretendida reconciliación nacional, tras una cruenta represión, se establece en el Preámbulo del Decreto-ley de 1957 por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ha de ser “el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz”. Hay que aclarar que en el caso de los muertos del bando republicano fueron trasladados sus huesos de fosas comunes sin tan siquiera informar a sus familias. Baste decir que actualmente están sin identificar miles de restos mortales que reposan en dicho mausoleo. En 1975 se procede al entierro del dictador en un lugar preferente de la basílica, al igual que el que fuera jefe de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a pesar de no ser un caído en la guerra civil.
En mayo de 2017, una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, insta al Gobierno a resignifcar la función del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco. Del mismo modo, una disposición adicional de la Ley de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida comúnmente como “Ley de Memoria Histórica”, estipula que el Valle de los Caídos debería convertirse en un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y a consecuencia de la represión política posterior. Esta es la razón por la que el Tribunal Supremo en su sentencia afirmase que “no resulta desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad” que el Gobierno, tras reformar la citada ley, elija el caso de Franco como el primero para empezar a cumplir la norma.
Ya en 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó con solo dos votos en contra el Real Decreto-ley que modificaba la Ley de Memoria Histórica. Dicha norma habilita al Gobierno para proceder a exhumar y trasladar los restos del dictador del Valle de los Caídos, una medida imprescindible e inaplazable –si bien, insuficiente- para cumplir lo dispuesto sobre la retirada de símbolos franquistas y evitar exaltaciones antidemocráticas en dicho lugar. Estos restos se encontraban enterrados en un inmueble de titularidad estatal, aun cuando esté confiada su administración a la comunidad benedictina, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. Como antes señalamos, el Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. En dicha construcción sólo figuran su nombre y el de Primo de Rivera, algo incompatible con lo preceptuado por la Ley de Memoria Histórica que prevé que en ningún lugar del Valle “podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.
En este año, el Tribunal Supremo decide por unanimidad desestimar el recurso interpuesto por los familiares del Dictador, dando el visto bueno al acuerdo del Gobierno sobre la exhumación de sus restos y su traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Y el 24 de octubre se procede finalmente a materializar lo dispuesto por el Gobierno, con el refrendo de los otros dos poderes del Estado (Parlamento y Tribunal Supremo).
La exhumación de los restos mortales del dictador debe ser la primera medida que exprese el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo responsable de las atrocidades cometidas bajo su régimen dictatorial y de sus víctimas en un lugar religioso. Fe católica, por cierto, que muchas de las víctimas no profesaban. No se trata por tanto de abrir heridas en la sociedad española, sino de acabar con injusticias y cumplir con la legalidad internacional en materia de derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas a la reparación. Es como señala el comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia celebrando esta jornada histórica: “Un paso decisivo y necesario para la normalización de nuestra democracia pero insuficiente porque no debemos olvidar que para una íntegra reparación aún restan por identificar y exhumar los restos de miles de víctimas del franquismo invisibilizadas y que a fecha de hoy siguen desparecidas”.
