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¿De qué hablamos cuando hablamos de transición energética en España?

Es urgente revertir las desastrosas políticas ambientales de Rajoy y avanzar hacia un modelo de energía cien por cien renovable

La ley de transición energética debe afectar a todos los sectores implicados en la emisión de gases de efecto invernadero, sin olvidar la justicia social

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La eólica, primera fuente de generación hasta junio en la Península, con un 22,6 % del total

EFE

Los seis años de Gobierno del Partido Popular han supuesto un auténtico desastre para el medio ambiente en nuestro país. Las políticas contraecológicas que desarrolló el Gobierno de Rajoy se han llevado por delante las leyes ambientales que se construyeron a lo largo de los años de la democracia. Urge salir del túnel y construir las nuevas políticas ambientales que hagan frente a las grandes crisis ecológicas del siglo XXI: el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

España es especialmente vulnerable al cambio climático, que está afectando ya a recursos clave para nuestra economía como la disponibilidad de agua, los recursos pesqueros o la fertilidad del suelo. El aumento de la desertificación amenaza especialmente amplias zonas del sur y sureste de la península ibérica. Los datos que hemos conocido sobre el nuevo récord de temperatura registrado en Argelia hace sólo unos días no dejan margen para el optimismo, y nuestra posición geográfica limítrofe con África debería ser una advertencia suficiente. En este contexto, los años de inacción son inexplicables. Ahora hay que recuperar el tiempo perdido.

La lucha contra la crisis ecológica debe ser global, pero nada justifica que nuestro país, con un enorme potencial para el desarrollo de las energías renovables, se haya quedado parado durante casi una década, poniendo obstáculos al desarrollo de las energías limpias. En este tiempo España se ha desplomado en el ranking europeo de energías renovables, pasando del segundo lugar al decimosexto…y bajando. Ahora hay que revertir esta situación.

Hasta aquí las malas noticias, ahora las buenas: si hay voluntad política y consensos suficientes, muchas de las políticas que nos han traído aquí pueden revertirse. Esto es especialmente cierto en materia energética. Desde la entrada con fuerza de la energía eólica hace ya unos años, el mix energético no ha variado sustancialmente. Quizás el cambio más notable en los últimos años haya sido un aumento del peso del carbón en la generación eléctrica, que ha tenido como consecuencia el aumento de emisiones de CO2 del 4,4% en 2017.

Parece haber un amplio consenso político sobre la necesidad de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Pero ese presunto consenso puede también ser un espejismo, ya que bajo ese título cabe casi todo, como hemos visto con la reciente presentación por parte del exnegacionista del cambio climático Rafael Hernando de una proposición de ley del Partido Popular. Es imprescindible que esa ley sea ambiciosa y contemple objetivos que vayan mucho más allá del mandato de la Unión Europea; que sea transversal y afecte a todos los sectores que tienen incidencia en las emisiones de gases: energía, transporte, edificación, agricultura y ganadería, industria y urbanismo; y que sea socialmente justa, desterrando la pobreza energética y apoyando modelos de transición social en las comarcas que se puedan ver afectadas por los cambios.

Desde mi punto de vista hay elementos imprescindibles que debe contener esa ley. En primer lugar el reconocimiento de que el actual mix energético sigue siendo inadecuado, y de que hay que avanzar hacia un modelo 100% renovable. A estas alturas, seguir discutiendo la necesidad del cierre del carbón o de la nuclear -de la cual hoy Teresa Ribera ha confirmado el cierre tras 40 años de vida útil de las centrales- nos aleja de esa transición energética. ¿Decimos todos lo mismo cuando hablamos de transición energética? ¿Queremos llegar todos al mismo punto? Esto es lo primero que debemos clarificar. Llegar a un modelo renovable supone también apostar por una descentralización de la energía, por el acceso universal a la misma para todas las personas y por su democratización. Es un modelo opuesto al oligopolio que domina actualmente el mercado energético español, pero que es ecológicamente beneficioso, socialmente ventajoso y tecnológicamente posible. Eso sí, quizás no asegure asientos en consejos de administración.

Ahora el Gobierno del PSOE tiene la posibilidad de dar los pasos necesarios para ese cambio de modelo energético. El debate está abierto, pero es urgente actuar. Sabemos a dónde queremos llegar y sabemos cómo hacerlo. No perdamos más tiempo.

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