Políticas migratorias más allá del Aquarius y el Open Arms: al fondo a la derecha

Ante la noticia de que el barco de Open Arms desembarcará en Barcelona con las 60 personas que rescató cuando trataban de cruzar el Mediterráneo, como un dejà vu del Aquarius en Valencia, es importante analizar a corto, medio y largo plazo la situación actual, que se ve enmarcada por las políticas migratorias españolas y los últimos avances en la materia a nivel europeo.

Parece que esta semana, después de la reunión entre el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Delegación de Gobierno, se ha acordado que las personas que llegarán con el barco de Open Arms tendrán un permiso humanitario durante los primeros 45 días. En este plazo se examinará cada situación particular sin que los migrantes sean privados de libertad en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE). La misma medida excepcional fue adoptada para las personas que llegaron con el Aquarius a Valencia, y fue acogida positivamente y con reservas a la vez.

Las medidas excepcionales de urgencia pueden ser necesarias y eficaces en situaciones que no se dan a menudo, pero la llegada de personas por mar a España no es excepcional. En lo que llevamos de año han llegado más de 15.000 personas por mar, lo que apunta a un aumento sustancial respecto al año pasado, cuando llegaron 22.400 personas en total. Es necesario abordar el paradigma de las políticas migratorias españolas de manera integral porque, de lo contrario, las personas que sigan llegando tendrán que sufrir una Ley de Extranjería que les dificulta enormemente salir del marco de discriminación y de vulneración de derechos en el que se ven sumidas. A la inmensa mayoría les espera la detención, la privación de libertad en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), la irregularidad y/o la expulsión a sus países de origen, incluidas todas las personas que llegan ahora con Open Arms y a las que no se les otorgue la protección internacional.

Lo que en las últimas semanas sí está siendo excepcional es cómo Italia está consiguiendo definir la agenda política europea. Tanto el Aquarius como el Open Arms están llevando a España a las personas rescatadas después de la negativa de Italia, pero lo más preocupante es que la Comisión Europea, a petición del Consejo Europeo, acaba de anunciar que trabajará con los países del norte de África para que acepten las llamadas “plataformas de desembarco” para las personas rescatadas en el Mediterráneo, propuesta por la que apostaba Italia. Preocupa mucho especialmente por el problema de garantía de derechos y la opacidad en la que pueden estar envueltas estas personas junto con una incógnita, no menos importante, que es la imposibilidad de solicitar asilo fuera de territorio europeo.

En cualquier caso, y como un ejemplo más de cómo las derechas xenófobas están influyendo en la agenda común, el nuevo presidente de turno de la Unión Europea y canciller federal de Austria, Sebastian Kurz, ha propuesto directamente que en estas 'plataformas de desembarco' no haya la posibilidad de pedir asilo. Por otra parte, que el acuerdo que salió de la cumbre del Consejo Europeo del 28 y 29 de julio esté basado en la voluntariedad de los Estados miembros y en la ambigüedad de conceptos como “la creación de centros controlados” en territorio europeo es una señal más de cómo el proyecto común se ha fracturado y vira peligrosamente hacia la derecha. Las previsiones y cambios en la financiación siguen la misma línea de securitización de fronteras: Bruselas ha multiplicado por tres la financiación destinada al refuerzo de las fronteras y acaba de aprobar 25,6 millones de euros únicamente para España destinados a incrementar y acelerar las expulsiones y a la “mejora de las infraestructuras de acogida” en Ceuta y a Melilla.

La propuesta de crear plataformas de desembarco en países vecinos es una pata más de la política de externalización que la UE lleva desarrollando en los últimos años, con España como pionera en la materia. En 1990, España estableció acuerdos bilaterales con Marruecos para frenar los flujos migratorios que aún siguen vigentes, y que ha permitido en parte que Marruecos se vuelva un 'socio prioritario' para el conjunto de la UE y su política exterior. Marruecos, un país donde las vulneraciones de derechos hacia las personas migrantes son sistemáticas y desde donde están llegando miles de personas del Rif y del Sáhara Occidental ocupado huyendo de la persecución, las detenciones y la privación de libertad.

Ante el alud de artículos sobre la cuestión migratoria en los últimos días, hemos podido ver cómo se repiten algunos mantras que es necesario revisar para dejar de desviar la atención y, con ello, seguir alimentando los discursos xenófobos de algunos gobiernos de los Estados Miembros.

El primero y más fundamental es que no hay una crisis migratoria, sino que se trata de una crisis política. Es cierto que la UE está sumida, como mínimo desde 2015, en una crisis política debido a la cuestión migratoria. El predominio de una cierta visión clásica del interés nacional de los gobernantes de los Estados miembros está impidiendo que se formulen soluciones conjuntas y alineadas con el respeto de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.

Sin embargo, es importante hacer hincapié en la segunda parte de este argumento: no hay crisis migratoria porque el número de personas que está llegando al conjunto de la UE es mucho menor que el de los años anteriores. Si bien los datos son ciertos, el argumento no se puede desligar completamente de otro hecho igualmente cierto: el aumento de la securitización de fronteras a través de Frontex y de la colaboración con terceros Estados ha contribuido a un importante descenso de las personas que consiguen salir de los países costeros del norte de África y a un aumento de los muertos y desaparecidos en el Mediterráneo. Olvidarnos de esto puede contribuir a invisibilizar a esas personas y a omitir parte de la realidad.

En la misma línea, hay discursos pro-derechos de las personas migrantes que defienden que la llegada irregular de miles de personas a territorio europeo no causa ningún problema ni que tampoco lo va a generar. Hemos visto cómo han aumentado los discursos de odio y la xenofobia, cómo partidos políticos han instrumentalizado la cuestión para sacar réditos políticos en clave nacional, cómo las personas en situación irregular ven sus derechos sistemáticamente vulnerados y cómo las ciudades que proporcionalmente reciben a más personas que llegan por vías irregulares no tienen suficientes mecanismos ni acceso a financiación para poder actuar de manera autónoma fuera del marco de los Estados. No podemos desviar la atención ante problemas de tal magnitud y sólo haciendo un ejercicio de realidad y proyectar a corto, medio y largo plazo, podremos dar la vuelta y luchar contra la deriva actual.