Amenazados de desahucio por la colonización

Infinidad de líneas surcan las manos de Rifqa al Kurd. Son las marcas de decenas de vicisitudes de una vida de casi cien años. Mueve sus dedos largos y finos con elegancia para empuñar su bastón y caminar unos pasos, aún con ligereza, entre el salón y el dormitorio.

Hasta hace dos años, su rostro afable sonreía a las visitas y explicaba su historia con detalle y voz firme. Ahora, su mirada es inexpresiva, apenas habla y no recuerda su pasado.

Rifqa ha olvidado que nació en Jerusalén en 1921, cuando Palestina estaba ya en manos británicas, tras la derrota del Imperio Otomano.

Esta anciana, que se cubre el cabello con pañuelos estampados, pertenece a una familia de Jerusalén que tiene unas raíces en esta ciudad “de al menos diez generaciones”, asegura Nabil al Kurd, su tercer hijo.

Rifqa vivió la infancia y la adolescencia en el barrio de Wadi al Joz, cerca de la Ciudad Vieja. Allí fue a la escuela primaria durante cinco años. Se casó muy joven con Said al Kurd y poco después de la boda se trasladaron a vivir a Haifa, en la costa norte de Palestina. Allí abrieron un restaurante que regentaba Said. En esos años, los Al Kurd también residieron en Nazaret y Shefa Amer.

“Algunos trabajadores de mi padre en Haifa eran judíos, éramos como una familia. Antes convivíamos con los judíos”, recuerda Nabil, de 74 años.

En noviembre de 1947, la ONU aprobó el Plan de Partición de Palestina en dos Estados, uno árabe y otro judío, y en mayo de 1948 se proclamó el Estado de Israel. Inmediatamente después estalló la guerra entre los israelíes y una coalición de países árabes. Los enfrentamientos violentos, no obstante, habían empezado meses antes.

Entre finales de 1947 y mediados de 1949 -cuando acabó la guerra árabe-israelí-, unos 750.000 palestinos fueron expulsados o huyeron forzosamente de sus casas dejando atrás todas sus pertenencias y sus tierras.

“Los israelíes arrestaron a mi padre y lo metieron en la cárcel de Lod nueve meses. Mi tío se quedó al cargo del restaurante muy poco tiempo, hasta que los israelíes lo echaron y le quitaron el local. Luego lo demolieron y construyeron un edificio que aún existe. No voy nunca por allí, no quiero verlo”, explica Nabil. Cuando los expulsaron de Haifa tenía 4 años.

Rifqa huyó con sus hijos a Jerusalén. Una vez liberado, su esposo se unió a ellos. “Vivimos un año en el barrio de Wadi al Joz, luego en la Ciudad Vieja, hasta 1956, cuando construyeron la casa en la que estamos ahora”, señala Nabil.

La parte este de Jerusalén estaba entonces controlada por Jordania, que llegó a un acuerdo con la UNRWA (Agencia de la ONU para los Refugiados de Palestina) para construir viviendas destinadas a albergar a 28 familias expulsadas en unos terrenos del vecindario de Karm al Ja'ouni, en el barrio de Sheij Yarrah, donde había olivos.

La familia Al Kurd se había inscrito como refugiada. “El plan era que al cabo de tres años nos fuéramos a Australia o a Canadá, pero aún estamos aquí”, señala Nabil, jubilado desde hace tres años, después de trabajar como conductor para empresas.

Desde que en 1956 se instaló en Sheij Yarrah con su marido y sus cinco hijos, Rifqa ha vivido siempre en la misma casa, situada muy cerca de la que los judíos consideran la tumba de Simón el Justo, un sumo sacerdote del Segundo Templo judío.

Su esposo murió joven, en 1963, y ella pasó a ser la cabeza de una familia de cinco hijas y un hijo. Nabil se fue a Kuwait en 1965 y regresó a Jerusalén para afincarse en la Ciudad Santa en 1966. “Me costó diez años obtener un carné de identidad israelí, aunque tenía derecho a él porque nací en Nazaret (situada en Palestina antes de 1948 y luego en Israel). En cambio, a los inmigrantes judíos que llegan, se lo dan inmediatamente”, recalca Nabil.

La vida de Rifqa y los suyos fue tranquila en Sheij Yarrah hasta que Israel ocupó el este de Jerusalén en la Guerra de los Seis días, en junio de 1967. Ese mismo año, el Comité de la Comunidad Sefardí y la Asociación Knesseth Israel, cuyo objetivo era hacerse con todo el barrio utilizando falsos títulos de propiedad de tierras de finales del siglo XIX, empezaron a reclamar parcelas.

En 1972, las dos organizaciones solicitaron a la Administración de Tierras de Israel que el área donde vivían las 28 familias se pusiera a su nombre. En el registro se inscribió la petición, pero no obtuvieron un título de propiedad. Posteriormente, presentaron a la justicia documentos de supuesta propiedad de 1882 -época del Imperio Otomano- que el tribunal aceptó.

En 1982, el abogado de las familias palestinas firmó un acuerdo con las organizaciones judías sin conocimiento de sus clientes en el que estos reconocían la propiedad de las tierras por parte de los colonos a cambio del estatus de inquilinos protegidos. Este pacto siguió vigente a pesar de que las familias lo denunciaron a través de otro abogado.

En 1994, el palestino Suleiman Darwish Hijazi presentó documentos que certificaban que era el propietario de las tierras e incluían recibos del pago de impuestos en 1927.

El abogado consiguió un documento oficial del registro de la propiedad otomana en Turquía que prueba que los papeles de las entidades judías no eran de propiedad sino de alquiler por un tiempo limitado. Pero el tribunal lo rechazó con el argumento de que se había presentado con retraso.

En 1996, Rifqa decidió ampliar su casa construyendo un anexo para que se alojaran su hijo y su familia. “Pedimos permiso de obras pero nos lo denegaron”, aclara Nabil.

En Jerusalén este, los palestinos sufren un grave problema de vivienda. Las familias son extensas y necesitan agrandar sus hogares o construir nuevos edificios, pero las autoridades israelíes casi nunca les conceden licencias y acaban edificando ilegalmente. Al cabo de un tiempo, les demuelen las casas.

Entre enero y octubre de 2018, las autoridades israelíes han destruido 34 casas en Jerusalén este, según datos de B'Tselem. Esta ONG israelí ha contabilizado la demolición de 780 hogares en la parte oriental de Jerusalén desde 2004 hasta ahora y ha denunciado que 2.766 personas, entre ellas 1.485 menores de edad, se han quedado sin techo.

Además de perder su casa, las familias tienen que pagar el coste de la demolición o destruirla con sus propias manos. También les imponen multas por haber construido ilegalmente. Nabil asegura que tuvo que pagar 100.000 shekels (algo más de 23.000 euros) por haber edificado el anexo en casa de su madre.

En 1999, las dos entidades judías solicitaron a la justicia que desahuciara a las familias de Karm al Ja'ouni. Los tribunales israelíes emitieron ese año las primeras órdenes de desalojo y varias familias iniciaron una nueva batalla legal para evitar que las desahuciaran.

Una mañana de noviembre de 2001, la policía se presentó en casa de Rifqa, con un grupo de colonos y una orden judicial para clausurar durante nueve años el ala nueva de la casa. Los Al Kurd apelaron la sentencia sin éxito.

En febrero de 2002, las familias Gawi y Hanún, vecinas de Rifqa, fueron expulsadas de sus casas y en 2008, la de Kamel al Kurd. Las tres fueron ocupadas por colonos después de estar un tiempo cerradas. Los palestinos expulsados vivieron unos meses en tiendas de campaña delante de sus casas, pero los colonos los agredían casi a diario y se fueron.

El 1 de diciembre de 2009, cuando el tribunal falló en contra de la apelación de Rifqa para que le devolvieran el ala nueva de su casa, decenas de colonos acompañados de guardias de seguridad asaltaron su residencia. Se produjeron enfrentamientos entre colonos y vecinos palestinos que acabaron con la llegada de la policía. Los agentes permitieron que los colonos sacaran muebles y objetos personales de la familia y los desparramaran.

Desde ese día, los Al Kurd tienen intrusos en su hogar. Los colonos utilizan el mismo acceso desde la calle -donde un grafiti reza en inglés “This is an occupied house” (Esta es una casa ocupada)- y les invaden una zona de patio por donde campan a sus anchas.

“Son grupos de colonos que van cambiando, mayoritariamente hombres que gritan, arman escándalo y son violentos”, cuenta Nabil.

“Nos han destrozado muchas cosas, nos roban el agua, nos quitaron una nevera llena de bebidas. Quemaron la cama y los juguetes de mi hija y ella lo vio. Era muy pequeña y aún está traumatizada, les tiene miedo”, relata. La niña a la que se refiere es Maha, de 13 años, la menor de sus siete hijos.

“Pusimos una denuncia, pero tras ocho o nueve meses nos dijeron que no sabían quién era el culpable y cerraron el caso. Si llamamos a la policía tarda tres horas en venir, si la llaman los colonos, viene en tres minutos”, se queja Nabil.

En casa de Rifqa viven ahora siete personas: ella, su hijo, su nuera y cuatro nietos. Sufren una tensión permanente. Los colonos los agreden verbalmente y, a veces, también físicamente.

Rifqa explicaba hace unos años que una de sus hijas, en la cincuentena, había acabado en el hospital cuatro veces por agresiones de colonos. “Saben que tiene problemas de corazón. Una vez, si no llega a ser por un vecino médico que corrió para ayudarla, hubiera muerto”, aseguró la anciana.

La colonización del este de Jerusalén, que según el derecho internacional está ocupado por Israel y que los palestinos quieren como capital de su futuro Estado, ha crecido a marchas forzadas. Más de 215.000 colonos judíos, según datos de la UE, viven en asentamientos en la parte oriental de la ciudad.

Organizaciones judías como Ateret Cohanim están colonizando el corazón de barrios palestinos en la Ciudad Vieja, Silwan o Sheij Yarrah. Lo hacen reclamando presuntas propiedades judías -a menudo con documentos falsos, otras no-, comprando edificios a instituciones religiosas como la Iglesia Ortodoxa Griega o a ciudadanos palestinos a través de intermediarios que les ocultan que los compradores finales son colonos judíos.

En algunos casos, también adquieren las viviendas a palestinos que saben que las venden a colonos, algo totalmente censurado por la sociedad palestina y que puede costarle al vendedor hasta la muerte.

Por ley, los judíos pueden reclamar sus propiedades confiscadas o perdidas a partir de la creación del Estado de Israel y la guerra que le siguió. En cambio, los palestinos no tienen derecho a reclamar las tierras, casas y pertenencias que dejaron atrás en su huída forzada o expulsión y les confiscaron.

En Sheij Yarrah varias familias siguen amenazadas con órdenes de desalojo. Rifqa recibió la última en 2012, pero su caso está ahora paralizado.

Sentada en el pequeño patio de su casa, a la sombra para resguardarse de un sol de mayo que quemaba, Rifqa afirmaba, antes de que sus recuerdos se tornaran confusos: “Soy jerosolimitana, palestina. No he venido de ningún otro sitio del mundo y no voy a irme a ningún otro lugar. Esta es mi casa”.