Fórmula Camps
Francisco Camps (recién procesado por la Fórmula 1 e imputado en varias causas de corrupción) es el hombre que dejó como legado Eduardo Zaplana (imputado por corrupción y blanqueo), tras una interinidad de José Luis Olivas (condenado por un delito contra Hacienda y procesado en otras causas). Era el tiempo del milagro valenciano. Se ha necesitado más de una década para que salga a flote la inmundicia sobre la que se construyó. Por el momento, solo un presidente autonómico del PP en la Comunidad Valenciana se mantiene incólume: Alberto Fabra, sin imputaciones aunque bien conocido por haber cerrado la televisión autonómica de un día para otro dejando un lío judicial y laboral que todavía está vivo.
Diez años después sabemos que no era un milagro ni un prodigio. La ciudad crecía, los grandes arquitectos aparecían, las teles hablaban. Pero ahí no había beneficio común ni inteligencia gestora. Se basó en un truco, en una trampa muy sencilla que el auto judicial del caso de la Fórmula 1 ha puesto en evidencia: poner dinero público para cubrir operaciones privadas ruinosas que beneficiaban al partido del gobierno que decidía el encargo. Así todos salían beneficiados. Todos menos uno.
En unas recientes declaraciones a la prensa, Camps se defendía sobre este caso antes de decretarse su procesamiento: “Tengo exactamente lo mismo que tenía. No me he enriquecido de nada”. Ni cuentas en Suiza ni en Panamá, se jactaba. Puede ser cierto. Los que no tienen exactamente lo mismo son los valencianos, que han puesto 300 millones de euros para un circuito de coches del que no queda ni el recuerdo, que benefició a un magnate (unos 100 millones de canon para Ecclestone), vendió la mitad de entradas previstas, dopó supuestamente al PP para las elecciones con mordidas en la construcción del circuito urbano, ayudó a ganar al propio Camps (mayoría absoluta) y cuya factura pagó la Generalitat Valenciana, la generalidad de unos ciudadanos que habían elegido a representantes que representaran sus intereses, no los suyos propios. A oscuras, en los años 2000 y sin conocer estos procederes revelados hoy, aquello políticos podían parecer más listos, más morenos y más guapos.
La Fórmula Camps en la Fórmula 1 fue una operación matemática muy burda: consistió en dividir la justicia social y los recursos públicos para multiplicar el beneficio de una élite que ha desaparecido junto a los andamios y gradas de aquel espejismo de bólidos y tubos de escape al borde del mar. El resultado final de esa ecuación es la perpetuación en el sistema de quienes han pertenecido a él algún día: como expresident, por haber sido gestor de la Generalitat, Camps es automáticamente consejero nato del Consell Jurídic Consultiu, una especie de Consejo de Estado valenciano, por el que recibe 75.000 euros anuales, eludiendo una rendición de cuentas ante la sociedad a la que la jueza cree que ha perjudicado pero de la que, irónicamente, sigue cobrando.
