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La impunidad del franquismo se quiebra en Argentina

El cierre de puertas que el sistema judicial español ha reiterado a las víctimas ha propiciado la oportunidad que ahora surge en Argentina.

Todas las violaciones de derechos humanos quedaron supuestamente saldadas en la transición. Sus responsables tuvieron la posibilidad de blanquear su biografías.

Víctimas del franquismo piden a la ONU que inste al Gobierno a investigar las desapariciones y abrir las fosas comunes

Manifestación de víctimas del Franquismo

Son crímenes de lesa humanidad y no prescriben. Desde ese contundente argumento, la jueza argentina, María Servini de Cubría, ha dictado una orden internacional de detención contra cuatro torturadores de la dictadura del general Francisco Franco. Su auto relata y argumenta con contundencia la actividad represiva del régimen franquista y explica someramente por qué la justicia argentina es competente para investigación de esos crímenes.

La que se conoce entre las víctimas de la dictadura franquista como Querella Argentina, fue presentada el 14 de abril de 2010, centrada fundamentalmente en el caso de Darío Rivas, un nonagenario que reside en Argentina desde los años treinta del pasado siglo, cuyo padre fue ilegalmente detenido, asesinado y hecho desaparecer por un grupo de falangistas.

Desde el momento en que la justicia argentina acepto el casó, el Gobierno español comenzó a dificultar la evolución de la investigación. Primero el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido; después el actual Gobierno que bloqueó hace unas semanas unas vídeoconferencias que se iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quería tomar declaración a algunas de las víctimas.

En estos casi tres años y medio se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y víctimas, que tratan de obtener la verdad, la justicia y a la reparación a la que tiene derecho y que sistemáticamente les ha negado el Estado español. Uno de los principales pilares sobre los que se consolidó lo que para algunos es una transición ejemplar fue la impunidad. La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los años en una cultura política, un hábito para una élite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qué responder con ellos.

La dura represión que permitió al dictador Francisco Franco morir en la cama abarca innumerables delitos. Desde las más de 113.000 desapariciones forzadas, pasando por el robo de bebés a las familias republicanas, la negación de derechos a las mujeres, la persecución de homosexuales, los miles de presos y presas por razones políticas, los niños y niñas que contrajeron la poliomielitis por ser hijos de la “antiespaña” y no poder acceder a las vacunas o los miles de presos políticos que trabajaron como esclavos para enriquecer en sus orígenes a algunas de las constructoras más importantes que hoy cotizan en el IBEX 35.

Todas aquellas inmensas e incontables violaciones de derechos humanos quedaron supuestamente saldadas en la transición. Con la colaboración de la izquierda parlamentaria que aceptó la amnistía y el secuestro del debate sobre el modelo de Estado, la dictadura franquista quedó convertida en el crimen perfecto. El Estado comenzó a fabricar ignorancia, secuestrando de los centros de enseñanza el conocimiento de ese pasado y numerosos franquistas han podido morir en estos años enterrados como progenitores de la democracia.

Nuestra élite política convivió con la impunidad, como un precio que se pagaba para obtener desarrollo económico y ni siquiera la Unión Europea le puso como condición al Estado español en su ingreso las mínimas prácticas de higiene democrática. Lo mismo ocurrió con las élites académicas y culturales, formadas mayoritariamente por las universidades de la dictadura a las que habían tenido acceso en la mayoría de los casos por pertenecer a familias del régimen.

La orden de detención que ha cursado la justicia argentina es un gran paso contra la impunidad que ocurre después de más de una década de intenso trabajo de la sociedad civil. Las exhumaciones de fosas, la labor de investigación del Canal de los Presos de Andalucía o el conocimiento del robo de bebés a las presas republicanas que podían contagiar a sus hijos el gen marxista han ido cambiando la mirada hacia el pasado y construyendo la idea del fin de la impunidad.

En ese proceso ha sido muy importante la aparición de los presos y presas del último franquismo, cuyos testimonios han sido la base para la imputación de los cuatro torturadores a los que la Interpol ordenará su detención que finalmente dependerá del Gobierno español.

Argentina es quizás el país que más ha avanzado en la persecución de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detención y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigación judicial de la trama económica, algo que si ocurriera en España pondría patas arriba buena parte de su estructura económica.

De los cuatro torturadores cuyos crímenes considera perseguibles la justicia argentina viven tres. Alguno de ellos, José Antonio González Pacheco alias Billy  el niño, ha sido condecorado tras la muerte del dictador e incluso podría decirse que han disfrutado de cierto amparo en ámbitos políticos o económicos que tienen mucho que agradecer a la dictadura.

Durante mucho tiempo la élite franquista ha disfrutado de la posibilidad que le dio la transición de blanquear su biografía. El actual presidente de Alemania, Joachim Gauck, afirmó hace algunos años que la transición española había sido un ataque contra los derechos. Añadía que un modelo de recuperación de la democracia como el nuestro parecía a corto plazo solucionar los problemas pero el coste que supone dejar toda esa impunidad impregnando el sistema político suponía un enorme lastre.

El cierre de puertas que el sistema judicial español ha reiterado a las víctimas de la dictadura franquista ha propiciado la oportunidad que ahora surge en Argentina. Tras estas imputaciones puede que ocurran otras a responsables políticos del franquismo, algo que removerá la tranquilidad de esa élite que ha vivido a sus anchas en una democracia que para buena parte de la ciudadanía resulta demasiado estrecha.

El Poder Judicial español aceptó la persecución de delitos similares cometidos a miles de kilómetros; en Chile, Argentina o Guatemala. Ahora vamos a comprobar si la Justicia Universal que tanto avanzó gracias a esa labor lo es realmente o era simplemente una forma de simular que aquí las cosas ya estaban resueltas.

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